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El estudio de la jurisprudencia en México no debe soslayar el desarrollo de esa institución en otras latitudes de América del Norte. El sistema jurídico del fundamenta la operatividad de la judicatura estadounidense y, en cierta medida, de la canadiense; la primera ha influido especialmente en el sistema jurídico mexicano, de raíces civilistas. La doctrina jurisprudencial de los Estados Unidos, donde es clave la importancia del precedente, contribuyó en el desarrollo de la mexicana, que creó su propio sistema de formación y publicidad. Independientemente de cómo se integre y cómo se publicite, la jurisprudencia es resultado de una labor interpretativa realizada por juzgadores competente. Fijado el sentido en que debe entenderse una determinada disposición constitucional o legal, el orden jurídico puede tener los efectos esperados, abonando a la seguridad jurídica. Tomar en cuenta el sistema de creación jurisprudencial en Países como Estados Unidos y Canadá, como se hace en este libro, responde a la relación estrecha que esas naciones tienen con México, lo cual ha vuelto indispensable la divulgación de instituciones jurídicas de conocimiento escaso en el ámbito interno. En esta cuarta edición, el Doctor Manuel González Oropeza abunda en temas fundamentales de derecho comparado, concretamente en el papel de la función jurisdiccional sobre la legislativa, en materia de interpretación constitucional y legal, cuestión lograda una vez que se superó el legalismo que colocaba al Juez como un mero aplicador de normas, sin capacidad argumentativa para, en su caso, resolver que la propia creación del legislador adolecía de vicios que la tornaban inaplicable. Así como se generan y difunden las decisiones judiciales constituye el fondo de esta obra, en la cual se enfatiza el método seguido, concretamente, por los tribunales estadounidenses, aparte de que se explican cuestiones propias de la jurisprudencia mexicana, como los sistemas para integrarla, en dónde se publica, cómo se cita y la normativa que rige al respecto, y se ofrecen propuestas novedosas para facilitar su consulta, especialmente a través de las tecnologías de la información.
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En cualquier Estado es necesario contar con "buenos jueces", que además de ser peritos en la ciencia jurídica observan una conducta ética. En la obra, Ética judicial. Virtudes del juzgador, producto de un Convenio específico de colaboración entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Dr. Javier Saldaña Serrano sostiene que el ejercicio de determinados principios morales y la adquisición de ciertos hábitos personales, colocan al juez en condiciones de juzgar con mayor autoridad. Asimismo, refiere que los ciudadanos tienen derecho de exigir una justicia impartida por personas íntegras, comprometidas con los principios y virtudes precisados en el Código de Ética .del Poder Judicial de la Federación. En la primera parte de este trabajo el autor expone las bases filosóficas de la ética judicial; los modelos éticos, las virtudes cardinales y los principios de independencia, imparcialidad y objetividad; y en la segunda, hace referencia a diversos códigos de ética judicial y otros documentos afines. Esta última sección evidencia la necesidad y especial interés en que los jueces se formen con apego a los principios expuestos. Creemos que esta publicación cumple su objetivo básico: ofrecer al juzgador un manual que le recuerde los valores que debe considerar en el desarrollo de su trabajo.
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El modelo napoleónico, que hacía depender al Ministerio Público del Poder Ejecutivo, parece agotado en todo el mundo. En México, la exigencia de una fiscalía general autónoma se ha vuelto un clamor. Aunque nuestra Constitución ya la contempla, el problema radica en la ley reglamentaria del art. 102, que debe dar vida a esta fiscalía. No queda claro qué tan autónoma deberá ser la nueva institución: ¿De dónde le vendrá la legitimidad democrática? ¿Acaso el Fiscal General va a definir la política criminal del Estado Mexicano? ¿El Estado va a renunciar a ejercer el lus Puniendi? ¿Cuáles son los alcances y límites de la institución a la que aspira? Al publicar El poder de acusar, de Luis María Díez-Picazo, uno de los jueces más destacados de España, el INACIPE ha querido sumarse al debate, dando a conocer cómo funcionan las fiscalías en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia y, desde luego, España, para que los lectores tengan un punto de referencia. La reimpresión de este libro, que destaca por su afortunada mezcla de profundidad y agilidad, se antoja indispensable en los momentos por los que atraviesa nuestro país.
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Cómo investiga el Ministerio Público los hechos de corrupción no es un catálogo de buenas intenciones para reducir los índices de corrupción: es una propuesta de protocolo que puede servir como herramienta orientadora en el actuar de las fiscalías y procuradurías del país. El texto reúne criterios técnicos y metodológicos para llevar a cabo investigaciones eficaces de los delitos cometidos por servidores públicos y sale a la luz en un momento en que se multiplican las voces que exigen respuestas jurídicas a este problema.
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La primera edición peruana de este folleto se realizó en 1993, gracias al apoyo editorial que nos brindara Alfredo Alpiste. En esa época se publicó el texto, acompañado por una bio-bibliografía de Hans Kelsen, preparada por mi buen amigo y antiguo colaborador, José F. Palomino Manchego. Como señalé en aquella oportunidad, el texto Kelseniano había sido publicado originalmente por la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1960, con un pequeño prólogo y en traducción de Emilio O. Rabasa. Pero curiosamente, la obra no había vuelto a ser editada desde 1960. Es cierto que existían abundantes reimpresiones, tanto en México como en otros países de América Latina, pero que carecían de las autorizaciones del caso. Fue por eso que, por sugerencia del doctor Miguel Acosta Romero, entonces director de la Facultad de Derecho de la UNAM, me dirigí a Viena para recabar la autorización correspondiente. Y fue así como salió nuestra edición de 1993, con el auspicio del Instituto Hans Kelsen de Viena y de su director, el Prof. Robert Walter. Pero después sucedieron varias cosas. Y es que en unos de mis viajes a México, conocí personalmente a Emilio O. Rabasa, gracias a la feliz intermediación de Héctor Fix-Zamudio. Y fue de esa manera como entramos en comunicación, para hacer una segunda edición de la misma obra. Sin embargo, mi opinión era darle alguna característica propia a esta nueva edición, motivo por el cual pedí al propio Rabasa que preparase una semblanza de Kelsen, a quien él invitó a México en 1960 y a quien atendió durante los días de su estancia en la capital mexicana. De más está decir que Rabasa no sólo confirmó el deseo de que usásemos su espléndida traducción, sino que él mismo escribiría para esta edición una pequeña semblanza, lo que efectivamente ha hecho, y que el lector podrá apreciar debidamente. A lo anterior se añade que la bibliografía de José F. Palomino Manchego ha sido nuevamente revisada y puesta al día, y se han incorporado además dos textos que dan cuenta de la edición de esta obrita y del éxito que tuvo. Uno, a nivel externo, de Agustín Squella, otro a nivel interno, de Gerardo Eto Cruz. Con lo cual se da una adecuada idea del reconocimiento que tuvo esta publicación en 1993. Finalmente debo decir algo en relación con este texto. Y es que el original fue escrito por el propio Kelsen en inglés, y como tal enviado al doctor Rabasa para su traducción, que es la que finalmente fue publicada. Pero el original, en cuanto tal, según nos confesó con pena el propio Rabasa, se le había extraviado. Sin embargo, y aun careciendo de un original, es fácil poder constatar, por quienes conocen la obra kelseniana, que la traducción refleja fielmente el pensamiento del célebre jurista. Así lo ha entendido el Instituto Hans Kelsen de Viena, que ha autorizado gentilmente esta segunda edición. No empece, y con ánimo de presentar lo mejor posible este texto, lo he revisado nuevamente y le he introducido muy pequeñas correcciones de carácter ortográfico, pues se advierte que ha habido descuidos de imprenta, muy propios de esa época, en que se trabajaba con linotipos. En esta labor me ayudó, sobre todo en la parte dedicada al Derecho Internacional, Nicolás de Piérola y Balta, con sus muy agudas observaciones y comentarios, poco antes de su sensible fallecimiento. La edición original de la presente edición, como he señalado, data de 1960, y corrió a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora hemos querido agradecer la colaboración de la UNAM y su disponibilidad para difundir esta obra, por lo que, de común acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y su director Diego Valadés, participan con nosotros en esta nueva edición, dirigida principalmente a los estudiosos y a los estudiantes de Derecho de las universidades del país. Lima, julio de 2001.
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De entre las atrocidades que el mundo nos depara el genocidio es, quizá, la más terrible. Su sombra cruel ha cubierto la atropellada historia de la humanidad desde antes de que ésta pudiera siquiera concebirse como especie. Después de fatigados siglos acompañando nuestros miedos, la pasada centuria logró llevar este odio hacia el otro al culmen del horror. El holocausto judío perpetrado por los nazis nos mostró, como en un escalofriante espejo, de los que somos capaces. Con una sorpresa demasiado aparatosa, y acaso también con sincero convencimiento, el coro de naciones –dirigido por los países aliados- se puso a gritar: “¡Nunca más!” En 1948, la ONU convocó a suscribir la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que entró en vigor en 1951 y que, por su naturaleza, obliga (o debería obligar) al orbe entero, no sólo a los Estados firmantes. El futuro parecía promisorio: “Llegamos al fondo –se oía decir con un orgullo disfrazado de humildad- pero hemos aprendido la lección y estamos adoptando medidas prácticas”. Este libro es un alto testimonio del fracaso de tales propósitos. Armenia, Camboya, Guatemala, Srebrenica (Yugoslavia), Ruanda y Darfur (Sudán) son nombres dolorosos que nos recuerdan que la defensa de los derechos humanos suele ser postergada frente a costos económicos y políticos. Las y los especialistas que concurren en este texto muestran algo más: que a pesar de ello, defender tales derechos sigue siendo nuestra única oportunidad para no exterminarnos como especie.
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¿Un delincuente nace o se hace? César Lombroso creía lo primero y, aunque sus teorías han sido ampliamente refutadas, fue él quien se preguntó, antes que nadie, por qué delinquen las personas, y buscó bases científicas para fundamentar sus posiciones. Esto lo convirtió en el padre de la Criminología. Pero ¿estuvo Lombroso tan equivocado? Habría que echar una ojeada a las aportaciones que han hechos, a últimas fechas, la neurofisiología y la genética forense en materia criminológica: las sustancias químicas que conforman nuestro cuerpo, combinadas con el entorno social, pueden hacernos propensos a actuar de un modo u otro. Hay códigos genéticos semejantes en algunos asesinos seriales y en algunos delincuentes de cuello blanco… En esta biografía acerca de su padre, Gina Lombroso destaca las influencias y avatares que éste vivió como miembro de la minoría judía en su natal Verona, estudiante de Medicina en las facultades de Pavía y Viena, soldado en contra del dominio austriaco, combatiente en la prevención de la pelagra y como catedrático y director de un manicomio. En suma, un retrato entrañable de una de las figuras más emblemáticas de las Ciencias Penales.
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El primer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que ninguna persona puede hacerse justicia por si misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho, en contrapartida, en el segundo párrafo se indica que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartir en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sin embargo, tratándose del derecho penal, el gobernado víctima o los agraviados de un delito no pueden acudir directamente a los tribunales correspondientes, sino que deben presentar su denuncia o querella ante el Ministerio Público, quien tiene la obligación, no la facultad, de proceder a la investigación y persecución de los delitos integrando la llamada averiguación previa, con el auxilio de la policía que está bajo su autoridad y mando inmediato. El problema fundamental originado por este sistema indagatorio consiste en que el Ministerio Público ha procedido soberanamente, es decir, que sus determinaciones de reserva y no ejercicio de la acción penal o archivo estaban exentas, hasta 1994, de cualquier revisión jurisdiccional, a pesar de que las mismas lesionaran a los citados gobernados. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia al interpretar el artículo 21 constitucional, en la parte que hemos referido, consideró que el ejercicio de la acción penal era propia y exclusiva del Ministerio Público y, por lo tanto, si este se negaba a ejercer ningún particular ni autoridad podía obligarlo a proceder, por lo que el juicio de amparo, como institución protectora de las garantías individuales, y en el caso concreto, de la garantía de justicia, era improcedente. Así, la jurisprudencia, a través de la construcción de varias figuras, con que disfrazó al Ministerio Público, levantó una fortaleza indestructible de impunidad, al no permitir la revisión judicial de las determinaciones de reserva y archivo. Este procedimiento degenero en una practica administrativa de corrupción que inundó todos los espacios ministeriales y de la policía judicial, lo que provocó múltiples denuncias públicas, protestas e inconformidades por parte de quienes eran víctimas, no solo de los delincuentes sino, además, del Ministerio Público y desde luego, de la Ley y de la jurisprudencia, que les prohibía promover cualquier medio de impugnación, contra resoluciones claramente arbitrarias. La reforma al artículo 21 constitucional, publicado el 31 de diciembre de 1994, inició la transformación del Ministerio Público, que se consolidó en el cambio de sentido de la jurisprudencia establecida en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, las reformas a la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial el 9 de junio de año 2000 y, en la entidad, además, con la reforma integral a la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave y al Código de Procedimientos Penales, promovida por el licenciado Miguel Alemán Velazco Gobernador del Estado. La Procuraduría General de Justicia, a través de su centro de formación profesional publica la presente obra del Dr. José Lorenzo Álvarez Montero, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas y catedrático de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. La obra consta de dos partes. La primera, se refiere al Ministerio Público en México, en tanto la segunda, a la propia Institución en el Estado de Veracruz. Esperamos que el presente ensayo sirva de orientación a quienes tienen el alto honor y la difícil misión de procurar justicia en Veracruz. Lic. José Tomás Carrillo Sánchez Director del Centro de Formación Profesional
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Criminalia nace en septiembre de 1933. Debe su existencia a cuatro penalistas mexicanos: Raúl Carrancá y Trujillo, Luis Garrido, José Ángel Ceniceros y Francisco González de la Vega. En diciembre de 1940, los fundadores de Criminalia y un puñado más de amigos dan nacimiento a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, Asociación Civil. Criminalia es, a partir de entonces, el órgano difusor de las labores intelectuales de los académicos. En alguno de los primeros números sus creadores fijaron su ideario: Criminalia esperaba y ha logrado ser un espejo, un altavoz, una antena, un instrumento tan perfecto como sea posible ambicionar, que recoge fielmente el pensamiento y el sentimiento universales –del mundo civilizado al que pertenecemos- en cuanto al conocimiento exhaustivo del delito, en sus causas, en sus formas y en sus efectos, y en cuanto a la estimación y tratamiento del mismo mediante la pena. “Cum studio et sine ira, creyendo con cabal buena fe y plena esperanza que si comprenderlo todo no puede ser siempre perdonar, perdonarlo todo, cuando menos, pone en el camino de defenderse sabiamente de los males sociales de origen moral, atacándolos con eficacia en sus causas profundas”. Durante 66 años, Criminalia ha acogido en sus páginas a todos aquellos que, en América y en Europa, se interesan en las ciencias penales. Su publicación prácticamente ininterrumpida la ha convertido en la principal revista especializada de nuestro tiempo. Han sido sus directores: Raúl Carrancá y Trujillo, José Ángel Ceniceros ,Luis Garrido, una Comisión Editorial de la que formaron parte, en diversos momentos, Celestino Porte Petit, Sergio García Ramírez, Raúl F. Cárdenas, Rafael Moreno González, Francisco Argüelles, Javier Piña y Palacios y Francisco Pavón Vasconcelos; a continuación, la revista regresó a manos de directores individuales, teniendo ese carácter Raúl Carrancá y Rivas, Luis Rodríguez Manzanera y, actualmente, Fernando García Cordero. Lamentablemente, los estudiosos encuentran difícil la consulta de Criminalia. Es posible que no exista ninguna colección completa de la misma. En 1977, cuando fui electo presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, me fijé como una de mis metas publicar, bajo la forma de disco óptico, el contenido íntegro de la revista. El proyecto se tropezó con múltiples obstáculos, pero hoy, gracias al apoyo de su editor, José Antonio Pérez Porrúa, y a la labor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bajo la Dirección de Diego Valadés, hemos alcanzado la meta: rescatar y hacer accesible a los interesados el patrimonio intelectual de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Jesús Zamora Pierce
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Los pasados 1 a 3 de septiembre de 2014 se llevó a cabo en la Ciudad de México el Quinto Seminario Internacional de Transparencia Judicial. Perspectiva y Desafíos de la Reforma Constitucional. Se trató de un evento organizado por el Poder Judicial de la Federación en su conjunto: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El seminario se realizó en el marco de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, establecida en el artículo 6 constitucional –publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014-, la cual ha establecido un nuevo paradigma sobre los derechos humanos a la verdad, a la información y al respeto a la privacidad en nuestro país. La nueva composición normativa del orden jurídico nacional que rige estas temáticas motivó un debate abierto, de cara a los justiciables y a la sociedad mexicana, por parte de expertos, académicos y titulares de órganos de transparencia, así como del Poder Judicial de la Federación, en su carácter de sujeto obligado, para establecer con claridad las perspectivas que a partir de la reforma ha surgido en la materia. El seminario también permitió conocer y, en su caso, replantear, los desafíos que la reforma al artículo 6° constitucional de febrero de 2014 representa para el Poder Judicial de la Federación, permitiendo además reiterar nuestro compromiso como institución transparente u de gobierno abierto, congruente con los mandatos legales de protección de datos personales e información reservada y confidencial. La celebración del Quinto Seminario de Transparencia Judicial. Perspectiva y Desafíos de la Reforma Constitucional ha posibilitado a los asistentes ser partícipes de los contenidos en él tratados. Ahora, a través de esta publicación, realizada por las instituciones convocantes, es posible la difusión impresa a los interesados de las temáticas tratadas en el evento, por medio de las versiones estenográficas de sus sesiones. Cabe apuntar que este texto da cuenta, además de los diversos mensajes emitidos por los representantes del Poder Judicial de la Federación, de las conferencias magistrales disertadas por distingos conferencistas sobre: “Los Nuevos Retos del Tribunal Electoral ante la Reforma Constitucional en Materia de Transparencia”, “Acceso a la Información en los Procesos Penales Federales”, “Verdad Histórica versus Derechos ARCO”, “Protección de Datos Personales en los Estados Americanos” y “La Suprema Corte ante la Reforma Constitucional en Materia de Transparencia”. Además refleja las sesiones de trabajo de los paneles conformados por expertos sobre los temas más urgentes de ser desvelados en la materia, tales como: “El nuevo Organismo Garante en Materia de Derecho a la Información”, “Los Alcances de los Órganos Garantes Estatales en la Tutela del Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales”, “Repercusiones de la Reforma de Transparencia en el Poder Judicial de la Federación”, “Impacto de la Reforma Constitucional de Transparencia en el Ámbito Político-Electoral”, “El Nuevo Enfoque del Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas”, “Derecho a la Privacidad y Derecho al Olvido”, “La Ley General Reglamentaria del Artículo 6°. Constitucional” y “La Protección de Datos Personales en los Expedientes Judiciales y la Problemática de la Publicación de la Notificaciones”. Atento a lo expuesto, el contenido que compone este libro, sustentado en la calidad de las opiniones vertidas en las conferencias y paneles que se desarrollan en el Quinto Seminario Internacional de Transparencia Judicial. Perspectiva y Desafíos de la Reforma Constitucional, brinda una lectura oportuna y necesaria, no sólo para los integrantes del Poder Judicial de la Federación, los justiciables y la comunidad jurídica interesada en la materia, sino también para todo aquel que en su integración en un Estado ejerce su derecho a buscar, recibir y difundir información.
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Esta obra viene a sumarse al esfuerzo de una serie de instituciones y organizaciones que se han propuesto iniciar un movimiento ciudadano encaminado a la modificación sustancial de la estructura legal y social de nuestro país. Los autores, desde su amplio conocimiento del Derecho, buscan responder a la pregunta que da título a este libro: ¿Qué son y para qué sirven los juicios orales? El término “juicios orales” se ha utilizado recientemente en México para identificar el objetivo que se persigue en las discusiones sobre la reforma penal. Es importante tener claro que dicho término es aplicado no solamente a la materia penal, sino a casi cualquier forma de litigio, ya que en todo proceso es posible incorporar elementos relacionados con la oralidad. Lo que sostiene los autores a lo largo de su análisis es que no se trata solamente de introducir el principio de oralidad y sus efectos más visibles (la inmediatez del juez, la publicidad de las actuaciones judiciales, etcétera), sino de crear un procedimiento penal relacionado con la garantía de los derechos de las personas involucradas y que incorpore los estándares internacionales reconocidos del debido proceso legal. Sin embargo, como también señalan, la oralidad no agota las modificaciones que deben hacerse, pues los cambios por conseguir aún son muchos. Y ahí es donde este tipo de esfuerzos adquieren mayor valor, al incentivar el debate público.
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Esta obra aborda el cambio de paradigma de la justicia penal para adolescentes en México, a raíz de las reformas decretadas en la materia. La autora señala cómo se ha transitado de un modelo tutelar a uno garantista, mediante el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA). En particular, Sofía Cobo analiza la nueva Ley Nacional de Justicia para Adolescentes –promulgada en 2016- y enfatiza la importancia del principio de debido proceso en la administración de justicia en el nuevo modelo. Justicia Penal para Adolescentes es un libro que busca lectores que, luego de comprender el espíritu y alcances de la ley analizada, se sientan estimulados para convertirse en operadores del nuevo sistema, inspirados en la ética, el profesionalismo y, sobre todo, comprometidos con el trato digno y respetuoso que merecen los adolescentes.
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Hace doscientos años la esclavitud fue abolida en México. Sin embargo, esta actividad no sólo ha resurgido a lo largo y ancho de nuestro país y de los cinco continentes en los últimos años, sino que ha adoptado nuevas formas y se ha diversificado y enraizado en distintas sociedades. Fenómenos como la pornografía infantil, el comercio de personas con fines laborales o de turismo sexual, han generado un proceso de oferta y demanda de seres humanos que, hoy día, producen enormes ganancias en el mundo. ¿A qué obstáculos se enfrentan las víctimas de trata de personas para acceder a la justicia? ¿Qué problemas técnico-jurídicos produce este tipo penal? En esta obra, editada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y coordinada por Rosi Orozco, 19 especialistas analizan este problema desde distintas ópticas, con el objeto de que el Estado mexicano pueda prevenir y combatir, con mayor eficacia, las diversas modalidades de este ilícito.
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Uno de los acuciantes problemas dela criminología en México consiste en que el análisis de los problemas contemporáneos no siempre está fincado en modelos criminológicos recientes: se pretende explicar la realidad del siglo XXI con teorías de los siglos XIX y principios del XX. Por esa razón resulta necesario ampliar nuestro panorama para mejorar los sistemas criminológicos actuales o crear nuevos con los que sea posible aplicar la justicia en el sentido deseado. Criminología contemporánea es una obra atípica que tiene el propósito de introducir al lector a una biografía contextual de ideas criminológicas selectas e inducirlo a una reflexión sobre los esquemas de impartición de justicia existentes. En esta tercera edición el autor agrega dos capítulos dedicados a grandes pensadores de la criminología: Howard Becker y Stanley Cohen, cuyas investigaciones dieron lugar a la creación de la criminología interaccionista. A 40 años de su fundación, el Instituto Nacional de Ciencias Penales presenta esta edición de Criminología contemporánea como una muestra de la calidad de las publicaciones hechas en este Instituto a lo largo de cuatro décadas de prolífico trabajo.
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En Delitos Electorales 1812-2018 se analiza el desarrollo constitucional y legal de las sanciones previstas para las conductas delictivas en el ámbito electoral. Partiendo del estudio de antecedentes históricos en esta materia, hasta llegar a las más recientes reformas y a los criterios jurisprudenciales de actualidad, Bernardino Esparza, investigador del INACIPE, realiza un trabajo minucioso e integral. El lector encontrará aquí una herramienta que le será de enorme utilidad para adquirir una visión amplia sobre las artistas penales de las elecciones. Un texto que, sin duda, convida a la reflexión y a la búsqueda de nuevos mecanismos para entender y combatir los delitos electorales.
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El artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha registrado cambios importantes, sobre todo por el constante debate en torno a si las controversias de carácter político deben, o no, ser conocidas por órganos jurisdiccionales, concretamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde la expedición de la Ley Suprema vigente hasta abril de 2008, el Máximo Tribunal fue competente para investigar violaciones graves al voto público, competencia que durante décadas había sido polémica, sobre todo por la idea de que los conflictos políticos deben ser resueltos por órganos de idéntica naturaleza, como, por ejemplo, el Senado de la República. En 1947 se publicó la obra El Artículo 97 Constitucional y la Democracia. Una discusión histórica en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que ahora se ofrece al público en versión facsimilar, incluyendo las “Líneas Preliminares” del licenciado Paulino Machorro Narváez, Constituyente de 1916-1917, y quien defendía la procedencia de la interpretación jurisdiccional para resolver conflictos políticos. Esta postura no prevaleció, pero fue retomada por el Ministro Fernando de la Fuente décadas después, en 1946, cuando el Alto Tribunal sesionó para determinar si debía ejercer la facultad de investigación sobre el proceso electoral del 7 de agosto del propio año, respecto de algunos Municipios de Morelos, Nuevo León y Tlaxcala. En este libro se exponen los pormenores de aquella sesión plenaria, tal como fueron asentados en las actas correspondientes. Así, el lector conocerá los términos exactos en que los Ministros del Alto Tribunal, mediante intervenciones memorables, intercambiaron puntos de vista sobre los alcances de su actuación en materia de legitimidad de procesos electorales, cuestión que en aquella época se consideraba muy delicada, como lo da a entender el doctor Manuel González Oropeza en el estudio Introductorio, que ofrece el contexto histórico-político en que se generaron tanto la postura de Machorro Narváez como la del Máximo Tribunal.
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La teoría del caso es el método de análisis para determinar la existencia de un hecho prohibido por la ley penal y la responsabilidad de quien cometió el delito o participó en su comisión, y se sustenta en tres ejes: teoría fáctica, materia probatoria y teoría jurídica; esta última se basa en los criterios de interpretación de las leyes penales, los cuales se han sistematizado y estructurado con la llamada teoría del delito, la cual se desarrolla en esta obra a partir del sistema funcionalista social. Así, en la primera y segunda partes de esta obra, el Dr. Enrique Díaz-Aranda explica las categorías de conducta, típica, antijurídica y culpable con conceptos sencillos de entender y los aplica para resolver casos reales sucedidos en México conforme a lo dispuesto por las normas constitucionales reformadas en 2008 y 2011, los tratados internacionales, las leyes penales y el Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014. El ilustre Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin desarrolla las fórmulas de ampliación del tipo: tentativa y frustración, así como las formas de ampliación de la punibilidad: autoría y participación, en particular la llamada teoría del dominio del hecho en aparatos organizados de poder, incluida la conferencia que pronunció en nuestro país en noviembre de 2015. Su aportación termina con la exposición de los fines de la pena, cuyos criterios serán de gran utilidad para las audiencias ante el juez de ejecución. En la parte final, el Dr. Díaz-Aranda expone los criterios de interpretación y aplicación de la llamada teoría del caso conforme a una interpretación histórica, teleológica, sistemática y gramatical de las normas que regulan el nuevo proceso penal acusatorio en México para ajustarlo a los parámetros en un Estado social y de derecho protector de los derechos humanos.
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El martes 2 de abril de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que abrogó ala publicada en el medio citado el 10 de enero de 1936. Con ello se satisfizo el interés de la Judicatura, el foro y el público en general de contar con una legislación en la materia acorde con la evolución de la sociedad mexicana y congruente con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 6 y 10 de junio de 2011. Entre las características de la nueva ley, destacan: la ampliación de la esfera de protección jurídica de los ciudadanos frente al Estado; la modificación del principio de relatividad, con lo cual las sentencias de inconstitucionalidad de una norma general tendrán efector generales; el otorgamiento de calidad de parte agraviada a quien tenga interés legítimo, particularmente en materia de intereses difusos, permitiéndose así las acciones colectivas; la negación de la suspensión provisional del acto reclamado cuando con ello se causen más perjuicios sociales que beneficios para el quejoso, el señalamiento preciso, en los llamados “amparos para efectos”, de los términos en que deban cumplirse; la posibilidad de que las promociones se efectúen en línea mediante el empleo de firma electrónica, que producirá los mismo efectos que la autógrafa; la fijación clara de los sistemas de integración de jurisprudencia y el papel que con ello juegan tanto el Máximo Tribunal como los Tribunales Colegiados de Circuito y los Plenos de Circuito; y, la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para separar de su cargo y consignar ante Juez de Distrito, tanto a la autoridad responsable como a su superior jerárquico, cuando incumplan una sentencia. Todo esto se logró después de más de una década de trabajo de académicos, asociaciones de abogados, postulantes, organizaciones de diversa índole y, por supuesto, de los Poderes de la Unión. El 1 de abril de 2013, en la ceremonia de promulgación de la normativa, encabezada por el Presidente de la República, señalamos que “el Poder Judicial de la Federación nunca obstaculizará la consolidación del México de los derechos, al contrario, ahora más que nunca, nuestra labor está marcada por la defensa del interés público, que consiste en salvaguardar a las personas de los abusos o excesos en que las autoridades incurran en el ejercicio de sus encargos, así como de la posible violación de sus derechos humanos que puedan suscitarse en las misma relaciones individuales”. Esto se facilitará con la nueva regulación del juicio de amparo, cuya efectividad va de la mano con el vigor del sistema constitucional que, a partir de 2011, colocó a los derechos humanos y su defensa como pilar del Estado de derecho mexicano. En esta publicación se ofrece el texto íntegro de la ley, para su pronta consulta por parte de juzgadores, académicos, estudiantes de derecho y, desde luego, público en general. La difusión de una norma de tanta envergadura es primordial para dos fines concretos: en primer lugar, promover la cultura de la legalidad como instrumento indispensable de la civilidad en el país, y, en segundo, especificar cómo y por qué motivos puede o no promoverse un juicio de amparo, la forma en que se desarrollará y resolverá y los alcances de su resolución. Sin duda, el logro de tales objetivos reducirá la comisión de actos de autoridad susceptibles de ser reclamados, y mantendrá al justiciable seguro de contar con una herramienta jurídica inigualable para reparar afectaciones a sus derechos fundamentales. Ministro Juan N. Silva Meza Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
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De la misma manera en que en el imaginario colectivo de los franceses se encuentran los horrores de la “Isla del Diablo”, que fueron sacados a la luz con el “caso Dreyfus” y el de Papullón, en México tenemos la memoria de la colonia penitenciaria de las Islas Marías, gracias a obras como Los muros de agua y la película Las Islas Marías. Pero, ¿qué hay más allá de esa “idea” de lo que hasta hace unos años fue una “colonia penitenciaria” y hoy un “complejo penitenciario”? En Complejo penitenciario Islas Marías: experiencia de reclusión (2012-2104) Martín Gabriel Barrón narra la odisea de un preso que, después de años de encierro en reclusorios del Distrito Federal, fue trasladado al entonces recién inaugurado complejo. A lo largo de sus páginas, esta obra hace un crudo y minucioso recorrido por las condiciones inhumanas de encierro que se viven en los centros de reclusión en México y se suma a obras clásicas de autores como De Tavira, Sánchez Galindo, Sabido, García Ramírez y otros, y de esa forma completar la radiografía del sistema penitenciario mexicano que se encuentra en una profunda “quiebra moral”.
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El debate en torno al aborto está dominado, invariablemente, por quienes se abocan a la defensa de la libertad de la mujer a elegir y a decidir sobre su cuerpo, contra quienes deciden abogar por el derecho a la vida de los no nacidos. Con independencia de los argumentos médicos, filosóficos o morales esbozados por ambas partes, es indispensable integrar en la constitución de cada país del mundo leyes que permitan definir el tratamiento que se dará en las cortes a quienes se hallen en la disyuntiva de proseguir con un embarazo no deseado o interrumpirlo. En Estados Unidos, la incorporación del aborto a los canales legales ha estado influida por nociones tradicionales sobre el género, el sexo y las relaciones de poder; sin embargo, la difusión pública de los pormenores de casos específicos de mujeres envueltas en esta clase de conflictos permitió, durante las décadas de los ochenta y noventa, avances significativos en la catalogación del aborto como parte de los derechos civiles de aquel país. En esta obra, Laurence H. Tribe, profesor de derecho de Harvard, hace una revisión histórica de las nociones legales del aborto en los Estados Unidos dede 1920 y expone –sin pretender con ello descalificar ninguna de las posturas en pugna- el lado constitucional del fenómeno.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, preocupada por dar a conocer su labor jurisdiccional e incidir en la evolución y calidad de la práctica jurídica, principalmente respecto de algunos temas que impactan en nuestra vida cotidiana, publica esta obra denominada Crónicas y Reseñas del Pleno y de las Salas 2016, que otorgará al público en general un elemento imprescindible para que conozca las resoluciones emblemáticas de nuestro Máximo Tribunal. Dicha obra comprende la compilación de diversos textos, en los que se retoman los argumentos centrales de cada una de las sentencias, que reflejan puntos de acuerdo y también se muestran los criterios en disenso. Entre los objetivos de este libro, destaca que tanto los operadores jurídicos como la sociedad, se enteren del quehacer jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera sencilla y clara. Asimismo, que conozcan los fallos emitidos por esta institución y construyan su propia opinión, de forma completa e informada. Algunos de los asuntos resueltos por el Pleno y las Salas, que se retomaron en este trabajo a través de sinopsis, crónicas y reseñas, son los siguientes: la flagrancia equiparada, el derecho a una pensión alimenticia por compensación de doble jornada laboral; el impuesto empresarial a tasa única; la imposición de contenidos en radio y televisión, así como la improcedencia del juicio de amparo, entre otros, que sin duda, resultan determinantes para la promoción del acceso a la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Es así, que esta nueva publicación que el lector tiene en sus manos, reúne lo esencial del trabajo cotidiano en nuestro Tribunal Constitucional, en el que se muestra tan solo una parte de la gran labor que concentra cada uno de los fallos judiciales pronunciados. Finalmente, el presente libro es una valiosa referencia de consulta, que en apoyo a las versiones electrónicas existentes, ayudará a conocer desde una perspectiva ágil y concreta, diversos argumentos y consideraciones expuestas por los señores Ministros al sustentar sus resoluciones. Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
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EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL DEVENIR CONSTITUCIONAL DE MÉXICO. 100 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley Suprema de la Unión, el eje rector de las instituciones, de las políticas públicas y de las reglas de convivencia pacífica entre los miembros de la sociedad. Su contenido y sus principios, edificados sobre la base de las ideologías que han marcado el devenir de nuestra nación después de consumada la Independencia y aquellas que detonan la Revolución, está próximo a cumplir cien años. Éste es un acontecimiento propicio para reflexionar sobre su evolución a lo largo del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, con el fin de plantear una visión prospectiva del constitucionalismo en nuestro sistema jurídico. Al ser la Constitución el gran legado cultural de la Revolución de 1910, conmemorar su promulgación representa la confirmación de que los anhelos del pueblo de México se concretan permanentemente en el respeto y la protección de los derechos humanos, y en la modernización de las instituciones fundamentales; así también, constituyen una oportunidad para ratificar nuestro compromiso inalterable con la libertad, la justicia y las exigencias históricas de la sociedad. La relevancia de este acontecimiento llevó a que el 5 de febrero de 2013, los representantes de los tres Poderes de la Unión firmaran el Acuerdo para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ello, se conformó la Comisión Organizadora del Poder Judicial de la Federación para los Festejos del Centenario, orientada de manera preponderante a identificar y relacionar los sucesos, las acciones, los personajes y los documentos jurídicos y jurisdiccionales que marcaron el rumbo de la nación mexicana durante el siglo XX, así como la manera en que éstos perfilan y definen al Poder Judicial de la Federación como una institución fundamental en el proceso continuo de construcción del Estado de derecho en México. Bajo esos compromisos, los trabajos que el Poder Judicial de la Federación ha programado para celebrar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están dedicados a explicar desde la perspectiva de la administración de justicia federal, la manera en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los Tribunales del Poder Judicial de la Federación contribuyen a la consolidación del orden constitucional de nuestro país. En consecuencia, es preciso reconocer que nuestras instituciones jurídicas y políticas se encuentran actualmente en una etapa de transición significativa. A lo largo de sus casi cien años, el texto original de nuestra Constitución se ha ido modificando para adecuarse a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias y a las exigencias históricas de la sociedad. Se han ampliado los derechos individuales, se han reconocido los derechos colectivos, se han establecido mecanismos para su defensa, se han adecuado la relación entre el Estado y una sociedad cada vez más plural, diversa y compleja, sin que ello hubiera significado la modificación de sus principios o directrices esenciales. México es una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta por Estados libres y soberanos. Como garante del orden constitucional, al Poder Judicial de la Federación le corresponde aportar elementos que permitan a la sociedad participar activamente en el proceso de construcción de la nueva cultura jurídica, en torno a la propia norma fundamental y los principios que establece, con lo que sin duda, se refuerza la finalidad última de la Judicatura Federal: la protección más amplia de la persona y la salvaguarda de sus derechos. En México actual, el texto constitucional se reafirma como la guía para seguir edificando el país que anhelamos para las generaciones presentes y futuras. La Constitución es la hoja de ruta de la nación, el pacto duradero de nuestra vida institucional y el soporte de nuestra convivencia social, y como norma suprema a ella debe ajustarse y someterse toda norma que se genere dentro de su ámbito general de aplicación. De igual forma, es necesario ratificar día a día nuestra convicción para que, al amparo de la supremacía constitucional, consolidemos el país de justicia y libertad que el pueblo merece. Con estas bases, para propiciar el conocimiento, difusión y reflexión de nuestra Carta Magna, así como su historia y aplicación por el Poder Judicial de la Federación, tengo el agrado de poner a disposición del público en general un conjunto de publicaciones: obras conmemorativas, compilaciones, estudios monográficos y facsimilares, que sin duda resultarán de gran interés y provecho. Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
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Los archivos del Poder Judicial de la Federación representan una riqueza documental que se puede medir en kilómetros de expedientes judiciales únicos, resguardados desde 1995 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN). Pero, sobre todo, se pueden medir en riqueza cultural que se declina en historia, política, literatura, sociología, antropología o etnografía; no sólo en derecho. Encarnan un registro de la sociedad y la cultura mexicana, que quedó plasmada entre sus fojas desde que su expediente judicial más antiguo, de fines del XVIII, pudo pasar de generación en generación, sobreviviendo a las amenazas que todo archivista conoce, como las inclemencias del tiempo, la falta de recursos, y la más difícil de superar de todas: el desinterés por la historia. Cabe señalar que en años anteriores, el personal de la Suprema Corte, adscrito al Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, ha destinado tiempo y recursos cuantiosos para concentrar, relocalizar, catalogar, digitalizar y clasificar millones de documentos, acercándose a diversas asociaciones de archivos, con objeto de homologar el resguardo y la custodia de los fondos documentales con los estándares internacionales más estrictos que rigen esta actividad técnica. Es momento de ampliar los alcances de nuestra colección, haciendo más amigable la consulta a cualquier interesado. Esta postulación ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO) articula una serie de consideraciones constitucionales e históricas en torno al juicio de amparo, que parecen poco conocidas a más de siglo y medio de que Manuel Crescencio Rejón lo instaurará en Yucatán. Es ése el punto de partida de este libro, mientras que su punto de llegada, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y más específicamente, de uno de sus artículos, del que se desprende un vestigio que parce emanar directamente de nuestra tradición jurisdiccional. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. Un equipo de investigadores de instituciones públicas y privadas se dio a la tarea de recapitular el proceso de redacción de esta Declaración y encontró una serie de elementos cuyo conjunto arroja una hipótesis novedosa, que funda el argumento central de la postulación 2014 al programa Memoria del Mundo de la UNESCO. En aquellos años de la segunda posguerra, una parte del mundo tenía como único referente el esquema del habeas corpus (imitado a la protección de la libertad personal), que parecía contrapuesto irremediablemente a la postura de los países del bloque comunista, donde la protección del derecho tenía un carácter predominante colectivo. En una suerte de compromiso entre la lectura anglosajona y la soviética, el planteamiento de la diplomacia mexicana, basado en nuestro juicio de amparo, serviría de elemento orientador, que terminó plasmado en el artículo 8°. de la Declaración de 1948. El deber de eficacia parece haber sido entonces la nota distintiva que marcó el ritmo de implementación de este documento fundamental para la reconstrucción de la comunidad internacional. Por virtud del trabajo de distinguidos diplomáticos mexicanos, entre los que se destaca al entonces Canciller Jaime Torres Bodet, a Germán Fernández del Castillo y en especial al Embajador Pablo Campos Ortíz, que sumados al apoyo recibido por los representantes del bloque latinoamericano y al reconocimiento de eminentes representantes de otros países, como el francés René Cassin, fue posible establecer a favor de toda persona el derecho a un recurso judicial efectivo, como lo dispone el texto literal del artpiculo 8°.transcrito, “que lo ampare” contra cualquier violación a su esfera individual. Ahora bien, aunque el verbo “amparar” no tiene traducción literal hacia otros idiomas oficiales de las Naciones Unidas, por sólo mencionar el inglés o el francés (que acaso podrían referir al mismo concepto bajo el sinónimo de “protección”), su relevancia en 1948 es mucho más que terminológica. El principal mérito de haberlo incluido en la Declaración Universal, se relaciona con la característica principal de aquel recurso, a saber, que es útil para proteger toda la gama de derechos contenidos en una Constitución. Pero como he tenido oportunidad de decirlo en diferentes foros, esta obligación no es exclusiva de nuestro país. La intención de armonizar la interpretación de los derechos fundamentales en sede doméstica se ha convertido en un proyecto global, que se expande progresivamente y se institucionaliza en todo el orbe. La universalidad de los derechos se empieza a ver reflejada, si no en el trato igual del individuo en cualquier ámbito nacional donde se encuentre, al menos en el reconocimiento de unos mínimos que la comunidad internacional le reconoce por el simple hecho de ser persona. A partir de ahora, la intención institucional de plantear esta candidatura ante el programa de Memoria del Mundo UNESCO se orienta a despertar a usuarios potenciales de todos los horizontes el interés por acercarse a la Suprema Corte, para sumarse al público habitual, formado por un grupo cada vez más nutrido de abogados y justiciables. Pero esta intención institucional debe leerse hacia el futuro, para continuar con el resguardo, custodia y difusión de la cultura constitucional que corresponde al máximo tribunal de nuestro país. Al aspirar a un reconocimiento de esta envergadura ante la UNESCO, como parte de su registro internacional, el Poder Judicial de la Federación eleva la intención de facilitar la consulta al nivel de compromiso institucional. Ministro Juan N. Silva Meza Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
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Mediante un análisis de fragmentos de la obra literaria de Conan Doyle, el autor nos demuestra que la literatura y las ciencias penales no son espacios alejados sino cercanos y complementarios. Hay que advertir a los lectores que este libro puede ser motivo para que algunos jóvenes decidan dedicarse a las disciplinas forenses. Rafael Moreno González, uno de los impulsores más entusiastas de la modernización criminalística en México, nos acerca a la personalidad de Sherlock Holmes y su método para investigar los delitos.
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Aunque las batallas sobre la regulación de los límites y los alcances de la libertad de expresión y de información nunca se agotan, en México se ha abierto un campo de conocimiento especializado para enmarcar, en diversos contextos, los problemas de estos derechos humamos. Este libro es una muestra de ello y de la agudeza de sus autores. El recorrido empieza con dos textos cuyo hilo conductor es el análisis del derecho de acceso a la información en dos problemas fundamentales: el derecho a la salud. Los siguientes dos capítulos tienen en común el tema de la protección de los datos personales y la vida privada. Son textos de frontera que analizan la protección de datos en las redes sociales de las tecnologías de información. En cuanto a la libertad de expresión, se presentan dos capítulos. No obstante, la pregunta de investigación que quizás une a estos trabajos versa sobre el impacto que tiene las prácticas de periodismo especializado en dos asuntos centrales: los derechos de la personalidad y las políticas públicas.
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El 5 de febrero de 2017 festejamos el centenario de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la actual Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, la cual ha sido reformada ya en varias ocasiones para dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad, como máxima norma del ordenamiento jurídico nacional. En ese sentido, podemos afirmar que el uso de Internet ha transformado nuestro mundo, en particular por los que se refiere a nuestra economía y sociedad, que ahora también son digitales, y que la Constitución ha tenido que adaptarse a estos cambios. Algunas de las reformas constitucionales que se han producido, especialmente durante los últimos años, han sido torales para avanzar en el desarrollo de estos aspectos. Al respecto, de manera ilustrativa podemos señalar las reformas a los artículos 6, 7, 16 y 73 constitucionales en materia de telecomunicaciones y acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como en relación con el derecho a la protección de datos personales. Resulta claro que Internet y los servicios, tanto públicos como privados, que pueden desarrollarse y proporcionarse gracias al mismo, están sujetos al cumplimiento de obligaciones por los Estados y las empresas, que respectivamente tienen el deber de proteger y la responsabilidad de respetar los derechos humanos. En este sentido, como indica Vega Iracelay “la economía digital brinda una oportunidad única de fomentar la innovación y el crecimiento inclusivo, pero plantea algunos retos, como incrementar la confianza en ella, que es un valor permanente de primordial importancia que debemos preservar”. Es decir, contar con una economía digital robusta y responsable, basada en Internet y en el respeto de la Constitución mexicana, es una gran oportunidad para que nuestro país sea competitivo a nivel global y también un ejemplo como sociedad digital incluyente. Así, las reformas constitucionales que se han producido en los últimos años han contribuido a que México pueda contar con el andamiaje institucional necesario para hacer efectivos los derechos en Internet. No obstante, los desafíos enfrentados en el camino no han sido sencillos por la amplia gama de temas relacionados con el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Por ello, esta publicación serpa de utilidad para los interesados en conocer la forma en la que el derecho se ha ido adaptando a las necesidades de la economía y la sociedad digitales. En este volumen se incluyen artículos en los que expertos analizan, desde un punto de vista jurídico, cómo Internet ha cambiado y seguirá transformando nuestra sociedad, y cómo ha ido ofreciendo, de manera constante, nuevas posibilidades de innovación y competitividad, incluso más allá de un territorio delimitado por fronteras nacionales. En este sentido, en el texto son tratados los temas más relevantes en la materia, tales como transparencia y acceso a la información pública, protección de los consumidores, datos personales, derechos de autor, privacidad y libertad de expresión, entre otros. El futuro depende de los que hagamos en el presente y, en cuanto a la economía y la sociedad digitales, el futuro requiere reconocer los derechos y las obligaciones que corresponden a cada una de las partes que integran nuestra realidad en este campo. Por tanto, esta obra nos brinda una oportunidad para aproximarnos a cuestiones de obligada lectura y profundizar en algunos aspectos que son fundamentales para seguir construyendo y desarrollando conjuntamente las bases de nuestra economía y sociedad digitales a la luz de la Constitución. Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
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En décadas recientes hemos atestiguado el surgimiento y desarrollo de un andamiaje jurídico e institucional, tanto en el ámbito internacional como en el regional, encaminado a la consolidación de un régimen de libertad personal y de justicia social con pleno respeto a los derechos humanos, como lo consigna en su preámbulo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es país firmante. El Estado mexicano ha firmado y ratificado instrumentos internacionales de los que se desprende un gran número de obligaciones cuyo pleno cumplimiento es hoy urgente, pues el país atraviesa por una coyuntura de violencia en la que la desaparición forzada e involuntaria de personas ocupa un lugar prominente. Con esto, los órganos garantes de la Constitución han buscado dar respuesta a un creciente clamor de verdad y justicia que las familias de las víctimas de estos delitos, las asociaciones que los acompañan, las agencias internacionales y la ciudadanía en general dirigen a los gobiernos y Estados. El Poder Judicial tiene un papel crucial en la atención a esta problemática, pues sobre distintos órganos encargados de impartir justicia recae, entre otras cosas, la garantía de los derechos fundamentales de todas las personas, la protección de la personalidad jurídica de las víctimas directas de desaparición, el control de las aprehensiones que realizan las agencias de seguridad y la dirección del proceso penal que se sigue contra presuntos perpetradores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha contribuido de diversas formas a la búsqueda de soluciones integrales; como ejemplo de ello puede mencionarse la resolución de acciones de inconstitucionalidad y la controversia constitucional dirigidas contra normas generales vinculadas con estas cuestiones, o bien, la creación de precedentes que aspiran a homogeneizar el criterio de todos los juzgadores en asuntos relacionados con la transparencia de las investigaciones ministeriales o con el juzgamiento del delito de desaparición forzada. La obra que aquí presento, Desde y frente al Estado: pensar, atender y resistir la desaparición de personas en México, reúne artículos de interés no sólo para juzgadores, formuladores de políticas públicas, legisladores, estudiosos de la violencia, sino también para el público en general. En sus páginas se da cuenta de la historia, la disputa, así como de los esfuerzos de conceptualización jurídica y social de la desaparición de personas; se analizan las reacciones ciudadanas al fenómeno y su capacidad para redefinir la relación entre víctimas y Estado, se documenta y evalúa el quehacer de las distintas ramas del Poder Judicial en la materia. Este es un trabajo colectivo que nos invita reflexionar sobre nuestras ideas, leyes, instituciones y responsabilidades vinculadas con la desaparición de personas, resultando así un insumo relevante tanto para diagnosticar, como para hallar formas de prevenir y combatir estas graves violaciones de derechos humanos. Con la publicación de esta obra, el sello editorial del Centro de Estudios Constitucionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma su compromiso en la lucha contra la desaparición de personas en todas sus formas y variantes. Desde y frente al Estado representa una extensión de los esfuerzos de este máximo tribunal hacia el ámbito de la investigación y el debate, distinto al de la impartición de justicia y, al mismo tiempo, esencial para desarrollar un trabajo jurisdiccional garantista, sentar las bases de una paz social duradera y edificar un Estado de Derecho pleno en nuestro país. Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
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En el contexto internacional, el concepto de Justicia Terapéutica (TJ) no es nuevo, en 1987, los profesores en Derecho, David B. Wexler y Bruce Winick, lo definieron como el estudio del papel y del impacto de la ley en el espectro emocional y en el bienestar psicológico de las personas. Si bien los inicios de TJ se ubican en Estados Unidos, en la actualidad se cuenta con experiencias y prácticas muy valiosas especialmente en Canadá y Australia, aunque con un crecimiento importante en otros países. De hecho, existe una Red Internacional de TJ que tiene como propósito la generación y difusión de conocimiento científico en esta área a través de publicaciones y realización de eventos académicos especializados. En este sentido, se han realizado tres conferencias internacionales sobre TJ: la primera tuvo lugar en la Universidad de Southampton en Winchester, Inglaterra, en 1998; la segunda, en la Universidad de Cincinnati en Ohio, Estados Unidos, en 2001; y la tercera en el Instituto Australiano de Administración Jurídica en 2006. Cabe mencionar que se ha contado con la participación de profesionales e investigadores de diferentes disciplinas: abogados, jueces, magistrados, psicólogos, psiquiatras y criminólogos, entre otros. Así, los aportes que se han formulado para la impartición de justicia a través de la TJ y los lugares donde se ha implementado han demostrado efectos positivos y muy prometedores. El trabajo que han desarrollado diferentes especialistas e instituciones ha dejado en claro el valor de los esfuerzos interdisciplinarios y la necesidad de continuar con esta tarea. La publicación previa de artículos y manuales dirigidos específicamente a jueces y magistrados, así como aquellos orientados a los diferentes interesados en el tema demuestran las posibilidades de la TJ y las bondades de su aplicación. Bondades que se reflejan en una cultura del respeto y del cuidado del otro en el marco de la legalidad, y que impactan en el cumplimiento de la observancia de los derechos humanos, en el mejoramiento de la percepción de los ciudadanos con respecto a la justicia y su impartición, pero sobre todo en la calidad de vida de las personas involucradas en los procesos legales, reduciendo el sufrimiento innecesario y procurando potenciar los efectos terapéuticos positivos de la ley en las personas. En Iberoamérica la TJ también empieza a ser una tendencia en los sistemas de justicia en países como Argentina, Chile, Costa Rica, España, Perú, México y República Dominicana. Así se creó la Asociación Iberoamericana de Justicia. Terapéutica (AITJ) en 2011. El primer congreso que organizó la asociación se realizó al año siguiente en la ciudad de Pontevedra, España. En esta ocasión se lleva a cabo el segundo Congreso Iberoamericano de Justicia Terapéutica 2014 en la ciudad de Puebla, México, y en este marco se presenta el libro que el lector tiene en sus manos. Es especialmente satisfactorio y esperanzador presentar este libro, titulado Justicia Terapéutica: experiencias y aplicaciones, puesto que representa el avance que tiene la TJ en Iberoamérica y constituye un antecedente importante para la generación de conocimiento y la aplicación de la TJ en los diferentes poderes judiciales y otras instancias relacionadas con la justicia en este territorio. Esta obra constituye el primer volumen de lo que se pretende sea una serie de publicaciones de la AITJ, y en esta ocasión ha sido coeditada con el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (HTSJP) a través de su Instituto de Estudios Judiciales, el Gobierno del estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Puebla (SEDIF) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), instituto de enseñanza superior que forma, especializa y actualiza a servidores públicos abocados a la procuración de justicia perteneciente a la Procuraduría General de la República . Este libro tiene por objetivo impulsar la TJ en los ámbitos académico y profesional de Iberoamérica, en concordancia con los principios fundamentales de la TJ, los cuales, proponen fomentar el desarrollo de leyes, procedimientos y roles legales que contribuyan al bienestar emocional y psicológico de los usuarios de la justicia. En otras palabras, se busca propiciar que la Ley y su aplicación sean más humanitarias; y que representen una oportunidad, tanto para los demandados como para quienes demandan, asimismo, para las víctimas y los agresores, y, por extensión, para toda la ciudadanía. Estamos conscientes que la TJ tiene en cada país de Iberoamérica niveles de desarrollo y de aplicación heterogéneos, igualmente, que la profundidad del conocimiento que se tiene sobre TJ difiere entre los académicos profesionales, e incluso entre las diferentes disciplinas que la conforman. Esta realidad ha motivado que la obra, para conseguir su ambicioso propósito, indefectiblemente resultara de autoría multidisciplinar y conjugara capítulos que introducen los principios básicos y las prácticas generales de TJ con otros más específicos y especializados; con autorías provenientes de diversos países como España, Estados Unidos, México y Portugal. Por último, es oportuno señalar que en esta obra participan autores de alto prestigio internacional lo que supone un aval de la misma en cuanto a su interés y calidad. A todos ellos queremos darles las gracias por su trabajo, y a todos ustedes por su interés por la TJ y por esta publicación. Esperamos que su lectura les resulte altamente provechosa e inspiradora para promover y fomentar la práctica de la TJ en beneficio de los usuarios y de los funcionarios encargados de la impartición de justicia, así como de la sociedad en general. Magistrada María Belinda Aguilar Díaz Directora General del Instituto de Estudios Judiciales del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Doctora Francisca Fariña Rivera Presidenta de la Asociación iberoamericana de Justicia Terapéutica
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La ineficacia en la implementación de una política criminal puede incidir en el surgimiento de fenómenos delictivos de alto impacto social, como la tortura y la desaparición forzada de personas. Por lo anterior, es fundamental establecer directrices que consideren el Derecho internacional como base teórica imprescindible para la creación de esquemas eficientes. Este es el planteamiento de la presente obra, la cual propone la sistematización de instrumentos jurídicos internacionales que repercutan de la mejor manera en las políticas criminales del Estado mexicano. Este libro está dirigido a quienes deseen conocer los lineamientos internacionales en materia penal y, así, observar la actuación de los mismos en un ámbito judicial-penal que se conduzca por los instrumentos internacionales reconocidos por México para elevar, en consecuencia, la calidad de impartición de la justicia en nuestro país. Política criminal y Derecho internacional. Tortura y desaparición forzada de personas es un estudio de consulta obligada para quienes se preguntan sobre la relación entre el Derecho internacional y la política criminal mexicana. Publicada en un momento ideal, en el umbral de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, esta obra es necesaria en el funcionamiento óptimo de estos aparatos teóricos.
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Uno de los grupos vulnerables a los que más se les ha prestado atención en los últimos años, es al de las mujeres. Violencia familiar, discriminación, trata de personas y explotación laboral son parte del crudo mosaico de obstáculos que viven las mujeres mexicanas en su camino para lograr una vida plena. Por lo anterior, este grupo se ha convertido en una de las grandes prioridades en materia de política social. Con el fin de apoyar a las mujeres víctimas de violencia y para aplicar una política de prevención, se han creado diversas instituciones como los Centros de Justicia para Mujeres. En Modelos de evaluación de los Centro de Justicia para las Mujeres, los autores llevan a cabo un estudio del trabajo realizado en dichos centros y proponen, con base en los lineamientos de la política de prevención social de la violencia, una propuesta metodológica que debe implantarse en los centros para elevar la calidad de trato a las mujeres que acuden en busca de orientación y apoyo para alcanzar el desarrollo humano que merecen.
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Sistema de derechos humanos y sistema penal es el fruto de una acuciosa investigación sobre las conexiones e interrelaciones en ciernes entre los sistemas referidos. El objetivo de esta obra es el estudio y análisis de los límites, coincidencias y discrepancias, las temáticas de interconexión entre los sistemas, así como los temas que en un momento dado podrían provocar disfunciones sistemáticas. Para ello se estudiaron jurisprudencias nacionales e internacionales, enfocadas a tres temas particulares: víctima, reparación del daño y trata de personas. La publicación de Sistema de derechos humanos y sistema penal representa un hito por demás destacable, puesto que la autora, María Eloísa Quintero, abordó el tema desde una perspectiva prácticamente inédita y acerca de la cual hay muy poca bibliografía. Este libro que orgullosamente edita el Inacipe es una muestra más de la calidad del arduo trabajo de sus investigadores y de la pertinencia de los temas abordados.
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En términos históricos 70 años es un corto periodo. En 2015 se cumplen 70 años del fin del conflicto bélico más sangriento y trágico que haya vivido la humanidad y que fue iniciada por la locura de un oscuro cabo austriaco que, luego de “raptar” el alma del pueblo alemán, extendió por el mundo entero su furiosa doctrina de odio racial y muerte. Un corto periodo que parece que sucedió en la noche de los siglos. La Segunda Guerra Mundial puso a la civilización en vilo. La humanidad estuvo muy cerca de sucumbir ante uno de los regímenes políticos más crueles de los que se haya tenido noticia en la larga marcha de la Historia (el siglo XX fue pródigo en ese tipo de sistemas). Después de la guerra empezó a restablecerse lo que Sir Winston Churchill en su momento llamó “el orden moral del universo”. Fue entonces cuando las naciones se enfrentaron al reto de juzgar a los criminales de guerra del Tercer Reich. Así fue como surgió el Tribunal de Núremberg en el que fueron juzgados destacados miembros del régimen nazi alemán. Los principios de Núremberg es una cuya premisa es resaltar el legado que el Tribunal ha dejado para abonar el desarrollo del Derechos penal internacional. Esta obra es un trabajo colectivo en el que se ha aplicado el rigor científico, para comprobar la hipótesis de que el Tribunal de Núremberg subsiste no solo como el epílogo de un catastrófico periodo, sino como una vasta herramienta hermenéutica indispensable en la interpretación histórica del Derecho penal internacional. Ahora, 70 años después del fin de la guerra, es publicado este libro en un momento aciago en que resurgen los horrores del fanatismo en distintas partes del mundo, Los principios de Núremberg es un texto que nos muestra que la humanidad cuenta con grandes certezas contra la barbarie.
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Sobre este terreno tan difícil de estudiar y entender –la criminalización de la producción, distribución y consumo de narcóticos- llegó el gobierno de Calderón con intenciones de producir cambios que nos convirtieran en un país menos violento y criminal. Sin embargo, no tuvo visión amplia de la problemática (y menos una apertura a debatir los inconvenientes), sino que hizo de la seguridad uno de los ejes principales de su gestión y recurrió a la estrategia militar. Pese al éxito proclamado por la presidencia, las evidencias aportadas por el autor van en sentido contrario. Habría sido difícil apoyar el discurso oficial porque la criminalidad no es abordable desde una óptica militar. El autor sostiene enérgicamente que las políticas desplegadas durante aquel sexenio fueron un rotundo fracaso y –mirando hacia adelante- asienta algunas dudas sobre lo que habría de ser la actuación del gobierno actual. Si algo hay de cierto –y que quizás la enseñanza más valiosa de la criminología-, el estudio y comprensión de la delincuencia, así como la identificación e implementación de políticas justas, racionales, humanitarias y eficaces, constituyen retos muy grandes para quienes ejercen la ingeniería social. Martín Barrón reúne elementos importantísimos, tanto para demostrar los peligros de las medidas efectistas propiciadas por los gobernantes como para permitir al lector iniciar su propia reflexión sobre esta compleja temática. Christopher Birkbeck
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Limitar los problemas sociales a los ámbitos penal y policiaco es un enfoque que ha resultado ineficaz de acuerdo con las irrebatibles cifras que las estadísticas arrojan en temas como delincuencia, reincidencia e inseguridad. El modelo represivo aplicado en México, en particular en el sexenio 2006-2012, ha fracasado en su finalidad de disminuir los índices delictivos. Prevención social de las violencias y el delito propone la instrumentación de políticas públicas mesurables que sustituyan modelos criminológicos ya de por sí anacrónicos, que aún son presentados como esquemas prometedores para controlar el fenómeno delictivo. En esta obra los autores proponen hacer frente a la violencia y al delito mediante la sustitución del enfoque represivo por una política transexenal que dé prioridad a la visión social de la prevención que fomente una cultura de respeto a los derechos humanos. Lo anterior es necesario para proporcionar la seguridad humana integral que nuestro país merece.
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La suspensión de derechos humanos en situaciones de emergencia es una decisión delicada. Por lo tanto, la legislación que la regule debe ser rigurosa y detallada. La reforma de 2011 en materia de derechos humanos modificó, entre otros, el artículo 29 constitucional que regula la suspensión de derechos. Gracias a los cambios introducidos mediante la reforma se incluyeron diversos elementos que completan la regulación de la suspensión. Sin embargo, aún falta crear una ley reglamentaria que se adecúe a las normas y procedimientos internacionales en la materia. Los principios de la suspensión de derechos a la luz del Derecho internacional y del artículo 29 constitucional analizan las modificaciones a dicho artículo bajo los principios de la suspensión de derechos contenidos en el Derecho internacional de los derechos humanos, con el fin de brindar elementos que sirvan de referencia para la elaboración de la ley reglamentaria. Esta obra aporta un análisis riguroso y crítico de los elementos que contiene la Constitución, y las iniciativas sobre la suspensión de derechos a la luz de las normas y principios internacionales en la materia brindados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y los órganos pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas.
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El cambio al nuevo sistema de justicia penal acusatorio ha revolucionado el funcionamiento de los operadores jurídicos y del procedimiento penal. Gracias a la inserción de la figura del juez de control en el sistema penal acusatorio se ha puesto en marcha el análisis de los hechos que las partes dan a conocer, así como los datos y medios de prueba con los que se pretende acreditar lo sucedido conforme a su teoría del caso. También, con la participación del juez de control, se asegura que exista verificación y control objetivo de las actuaciones que vulneren los derechos fundamentales de las partes durante la etapa de investigación y la etapa intermedia. Dicho lo anterior, la finalidad de La función del órgano jurisdiccional en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio: etapas de investigación e intermedia es conocer cómo es que funciona la figura del juez de control en el nuevo sistema penal. Para ello se realiza un estudio de las atribuciones que se le conceden en las diferentes etapas del proceso en que participa. También se analizan si las funciones del juez coadyuvan al fortalecimiento de la seguridad jurídica, esto es, si con su participación como guardián del Derecho y del respeto de las garantías fundamentales de las etapas del proceso penal contribuye a la certeza jurídica prevista por las instituciones del Estado mexicano.
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La Serie Conferencias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado al alcance del público desde 2005, para dar a conocer la opinión de los señores Ministros en numerosos temas. En esta colección se han plasmado las participaciones de los Ministros en foros diversos, donde se han tratado asuntos de la máxima actualidad en el país y el extranjero. Cuestiones que preocupan al público en general, como los derechos humanos y su protección, el sistema de gobierno, la equidad de género, la jurisdicción constitucional y otras, son examinadas doctamente por los Máximos Jueces del País, sobre todo con base en fallos producidos por la Corte, aunque sin pasar por alto el parecer de otros órganos jurisdiccionales, tanto nacionales como supranacionales. Los textos presentados en estas publicaciones reproducen fielmente las aludidas intervenciones de los Ministros de la Suprema Corte en diversas sedes que los acogieron durante el desarrollo de muy variadas conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, etcétera. Se han ordenado además cronológicamente, señalándose la fecha y el lugar en que se efectuaron, así como su objetivo. Sin duda, esta serie, que desde hace años ha motivado la atención de incontables lectores, continuará proporcionando elementos de reflexión sobre tópicos de interés general, cuya exposición por parte de juristas expertos es oportuna y necesaria para su cabal comprensión. Ministro Juan N. Silva Meza Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y del Consejo de la Judicatura Federal
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Con el fin de llevar a buen puerto la introducción del sistema acusatorio Adversarial en México, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal propuso que el Instituto Nacional de Ciencias Penales emprendiera una investigación de impacto jurídico-operativo, con el fin de analizar el funcionamiento de las distintas figuras procesales que serán introducidas en el nuevo sistema. Este primer tomo se centra en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en él se abordan las generalidades del sistema acusatorio como la naturaleza jurídica, la operación de los criterios de oportunidad, los acuerdos reparatorios, la suspensión del proceso y el procedimiento abreviado.
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Con el fin de llevar a buen puerto la introducción del sistema acusatorio adversarial en México, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal propuso que el Instituto Nacional de Ciencias Penales emprendiera una investigación de impacto jurídico-operativo, con el fin de analizar el funcionamiento de las distintas figuras procesales que serán introducidas en el nuevo sistema. El segundo tomo, además de definir la justicia alternativa, refiere en qué medidas procesales puede ser utilizada esta. Analiza su figura jurídica y establece la forma en que funciona el procedimiento restaurativo, según lo ordena el Dictamen aprobado de la Ley Nacional de Mecanismo Alternativos para la solución de Controversias en Materia Penal.
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Con el fin de llevar a buen puerto la introducción del sistema acusatorio adversarial en México, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal propuso que el Instituto Nacional de Ciencias Penales emprendiera una investigación de impacto jurídico-operativo, con el fin de analizar el funcionamiento de las distintas figuras procesales que serán introducidas en el nuevo sistema. El tercer tomo explora la operatividad de las medidas cautelares tal y como habrán de ser empleadas en el sistema acusatorio y observa la procedencia de las figuras contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución de Medidas Cautelares, Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales y Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
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Con el fin de llevar a buen puerto la introducción del sistema acusatorio adversarial en México, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal propuso que el Instituto Nacional de Ciencias Penales emprendiera una investigación de impacto jurídico-operativo, con el fin de analizar el funcionamiento de las distintas figuras procesales que serán introducidas en el nuevo sistema. El cuarto tomo analiza la judicialización del sistema penitenciario, además de centrarse en el análisis de las distintas formas de libertad preliberacional.
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Con el fin de llevar a buen puerto la introducción del sistema acusatorio adversarial en México, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal propuso que el Instituto Nacional de Ciencias Penales emprendiera una investigación de impacto jurídico-operativo, con el fin de analizar el funcionamiento de las distintas figuras procesales que serán introducidas en el nuevo sistema. El quinto y último tomo aborda las figuras ya analizadas y las observa a la luz de una muestra de delitos de alto impacto del fuero común en once entidades federativas del país.
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En ¿Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia?, se analiza la dinámica familiar de jóvenes que han cometido algún delito, con el objetivo de identificar aquellas relaciones sociales que contribuyeron como factores de riesgo específico. Mediante el estudio de 25 casos se identifican, en voz de los propios jóvenes, las circunstancias relacionadas con sus familias y que llevaron a la comisión de prácticas violentas o delitos. Este libro constituye un práctico y novedoso acercamiento a un tema que debe ser estudiado a fondo, con el fin de establecer políticas públicas efectivas que atiendan a los jóvenes en conflicto con la ley.
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“El garantismo es una afrenta al derecho positivo”, acusan sus críticos. Pero ¿es cierto? ¿De veras conocemos los alcances y límites del garantismo? ¿Una ley bien diseñada es suficiente para garantizar los derechos si no cuenta con un criterio garantista? Luis Prieto Sanchís, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, expone los postulados principales de esta teoría jurídica y establece una crítica no sólo frente al Derecho Penal, sino frente a quienes pretenden utilizar la ley a rajatabla. El autor realiza un análisis del garantismo y su proyección en la esfera punitiva, tomando como base los lineamientos generales de Luigi Ferrajoli. El libro, en cualquier caso, es una invitación para consolidar un proceso de evolución social, donde la piedra angular es el respeto a los derechos fundamentales de todos nosotros.
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El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé el juicio penal en contra de personas jurídicas señaladas por haber cometido un delito o por haber participado en su comisión. La inclusión de la responsabilidad penal de las empresas en el CNPP obedece a la modernización del sistema penal mexicano que, así, se pone a la par de sistemas penales latinoamericanos y de otras partes del mundo, que ya habían introducido la figura en sus legislaciones. Responsabilidad penal de las empresas es una significativa aportación al debate sobre las nuevas obligaciones de las empresas en el sistema penal mexicano, y prefigura lo que será un tema recurrente en el ámbito penal. En esta obra, Luis David Coaña Be aborda lo que algunos autores consideran la posible inconstitucionalidad de la responsabilidad penal de las empresas, en los modelos de imputación tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en el Código Penal Federal puesto que, de acuerdo con esos autores, atenta contra el principio de culpabilidad.
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Teoría y ciencia de la justicia es una obra con un planteamiento muy original, dirigido a juzgadores y operadores del sistema de justicia penal. El autor, juez federal en funciones, analiza los problemas cotidianos, suscitados en el momento de administrar o impartir justicia, y abunda sobre la evolución de la “justicia antropocéntrica”, percibida como aquella destinada a juzgar y resolver los problemas de los individuos en sus interacciones particulares. Es la justicia concreta y alejada de abstracciones filosóficas, afirma, que es la que se dirime en los tribunales y en cuyas resoluciones se afectan aspectos fundamentales en la vida de las personas.
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En esta obra de Martín Barrón se describe la situación del sistema penitenciario mexicano durante el periodo comprendido entre 1990 y 2011. El autor hace un análisis del estado que guardan las instituciones penitenciarias y centros de reclusión en México, y de la zozobra de quienes viven en ellos. El panorama que presenta no es alentador. Análisis de la situación carcelaria en México (1990-2011) es un texto crítico que pone en tela de juicio la “guerra contra el narcotráfico”, y la política penitenciaria que el Estado mexicano ha puesto en marcha en estos años. Los resultados están a la vista de todos.
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El respeto y la protección de los derechos humanos es una condición sine qua non para garantizar la democracia plena en un Estado. Uno de los elementos más importantes de dicha condición es proporcionar servicios a las víctimas del delito por medio de la promoción y cumplimiento de la reparación del daño. El objetivo de este libro es establecer cómo esa figura jurídica, plasmada en la Constitución, es el soporte jurídico fundamental para restituir de forma integral los daños causados por violaciones a los derechos humanos y también para que las leyes secundarias precisen claramente los procedimientos de ejecución de las resoluciones judiciales.
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¿Qué tan funcional es el marco normativo en materia de atención a víctimas del delito en México? ¿Nuestro país cumple los estándares internacionales en la materia? ¿Existen profesionales especializados que brinden una óptima atención a las víctimas? Estas preguntas son abordadas en Políticas públicas en la atención a víctimas. A lo largo de estas páginas, se asume una inquietante carencia de políticas públicas y, ante tal desafío, la autora propone medidas que buscan dar una cara operativa a uno de los temas fundamentales para que el nuevo sistema de justicia penal resulte eficiente. La improvisación y falta de conocimientos en este campo, afirma Lima Malvido, han dañado el ideal que se tenía al echar a andar el nuevo sistema. Este libro, pues, surge ante la necesidad de formar nuevas generaciones que, además de contar con conocimientos teóricos en el campo de la victimología, aprendan a instrumentar políticas públicas exitosas.
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20 Voces para Prevenir el Delito es un libro que reúne artículos que proponen reformas legislativas y políticas públicas que se deben implementar en materia preventiva. Se trata de una compilación de textos de diversas procedencias ideológicas, políticas y profesionales. Participan, por igual, académicos, abogados postulantes, miembros de la sociedad civil organizada y servidores públicos.
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Luces y sombras de la prisión es un libro en el que el autor narra su vida en el mundo de las cárceles mexicanas de mediados y finales del siglo XX. Como servidor público y académico, Antonio Sánchez Galindo fue testigo privilegiado de este mundo que, para muchos, resulta sórdido e incomprensible. Con estilo ágil y eficaz, el antiguo Director de Reclusorios, comparte las experiencias más intensas de su vida.
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Sergio A. Valls Hernández fue Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de octubre de 2004 al 3 de diciembre de 2014. Quienes tuvimos la oportunidad de coincidir en su andar por esta vida, resolvimos elaborar la presente obra-homenaje, un merecido y laborioso tributo que parte de los temas que constituyeron su especialización profesional y su pasión personal. Para las nuevas generaciones ofrece una magnífica oportunidad de adentrarse, a través de diversas reflexiones, en la evolución del Derecho y de las instituciones a cuya consolidación contribuyó Don Sergio Valls Hernández. Cada uno de los autores aquí reunidos participa en una exposición que es tanto afectiva como intelectual. A la vez que se honra la trayectoria de 38 años de un catedrático, formador y divulgador de la ciencia jurídica, se consolida un gran mosaico de puntos de vista, voces expertas, análisis poderosos, capacidad reflexiva y talento expositivo. En suma, una reflexión colectiva, a propósito de la actualidad de los términos Justicia y Derecho, que cumple con una función social y didáctica. Sin duda, es una herramienta útil al servicio de juristas y estudiantes. Los temas que se desprenden del eje central son variados y sustanciosos. Representan algunas de las preocupaciones específicas a cuyo esclarecimiento contribuyó el Ministro Valls Hernández dentro del sistema jurídico nacional. Así, podemos encontrar orientaciones acerca de las siguientes temáticas: Sistema Penal Acusatorio, Derechos Humanos, Control de Convencionalidad y Control Difuso, Derecho Electoral, Matrimonios entre Personas del Mismos Sexo, Nueva Acta de Nacimiento, Persona y Acción y Colegiación. Junto al rigor académico figuran anécdotas y prosas cuyo homenaje elige la íntima evocación. Personalidades que, al margen de la temática propuesta, decidieron emprender un viaje al fondo significativo de su memoria y plasmaron testimonios que, desde la amistad o la admiración, dan cuenta de la importancia que el Ministro Sergio Valls dejó en sus vidas. Ello enriquece las posibilidades que el lector tiene de conocer la evolución, el desarrollo y la modernización de las instituciones mexicanas contadas por sus protagonistas a partir de las vivencias con el homenajeado. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un honor presentar esta obra colectiva que evidencia y dignifica el legado del Ministro. El lector conocerá algunos aspectos de un hombre de justicia: el funcionario, el legislador, el maestro que fue Don Sergio Valls. Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima instancia jurisdiccional y último intérprete de la Constitución de la República, ha desempeñado un papel de suma importancia, al resolver los asuntos sometidos a su consideración, con las consecuentes repercusiones jurídicas, sociales, económicas y políticas. Si bien, las resoluciones –en principio- sólo tienen efectos sobre las partes que intervienen en los asuntos de su conocimiento, trascienden en el interés de la sociedad por su relevancia jurídica y por los criterios que en ellas se sustentan. Sin embargo, estas resoluciones no siempre son conocidas, ni sus criterios comprendidos. Esto se debe en parte al discurso altamente técnico en que las ejecutorias son formuladas y a que su difusión se realiza a través de obras sumamente especializadas. Por ello, este Alto Tribunal ha decidido que los criterios más relevantes sean difundidos a través de publicaciones redactadas de forma simple y llana. Es así como se da continuidad a la serie Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por diversos folletos sobre temas varios, abordados en las ejecutorias pronunciadas por este Máximo Tribunal, de interés para el público en general. En el marco del Convenio de Colaboración General que tiene celebrado la Suprema Corte con la Universidad Nacional Autónoma de México para la organización y desarrollo de actividades conjuntas de investigación, acciones científicas y culturales de interés para las partes del Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio de Publicaciones suscrito por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, este último participa en la elaboración de estos folletos con los comentarios de sus investigadores. Con esta serie de publicaciones, se espera que el público no especializado conozca el trabajo de este Máximo Tribunal. Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima instancia jurisdiccional y último intérprete de la Constitución de la República, ha desempeñado un papel de suma importancia, al resolver los asuntos sometidos a su consideración, con las consecuentes repercusiones jurídicas, sociales, económicas y políticas. Si bien, las resoluciones –en principio- sólo tienen efectos sobre las partes que intervienen en los asuntos de su conocimiento, trascienden en el interés de la sociedad por su relevancia jurídica y por los criterios que en ellas se sustentan. Sin embargo, estas resoluciones no siempre son conocidas, ni sus criterios comprendidos. Esto se debe en parte al discurso altamente técnico en que las ejecutorias son formuladas y a que su difusión se realiza a través de obras sumamente especializadas. Por ello, este Alto Tribunal ha decidido que los criterios más relevantes sean difundidos a través de publicaciones redactadas de forma simple y llana. Es así como se da continuidad a la serie Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por diversos folletos sobre temas varios, abordados en las ejecutorias pronunciadas por este Máximo Tribunal, de interés para el público en general. En el marco del Convenio de Colaboración General que tiene celebrado la Suprema Corte con la Universidad Nacional Autónoma de México para la organización y desarrollo de actividades conjuntas de investigación, acciones científicas y culturales de interés para las partes del Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio de Publicaciones suscrito por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, este último participa en la elaboración de estos folletos con los comentarios de sus investigadores. Con esta serie de publicaciones, se espera que el público no especializado conozca el trabajo de este Máximo Tribunal. Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima instancia jurisdiccional y último intérprete de la Constitución de la República, ha desempeñado un papel de suma importancia, al resolver los asuntos sometidos a su consideración, con las consecuentes repercusiones jurídicas, sociales, económicas y políticas. Si bien, las resoluciones –en principio- sólo tienen efectos sobre las partes que intervienen en los asuntos de su conocimiento, trascienden en el interés de la sociedad por su relevancia jurídica y por los criterios que en ellas se sustentan. Sin embargo, estas resoluciones no siempre son conocidas, ni sus criterios comprendidos. Esto se debe en parte al discurso altamente técnico en que las ejecutorias son formuladas y a que su difusión se realiza a través de obras sumamente especializadas. Por ello, este Alto Tribunal ha decidido que los criterios más relevantes sean difundidos a través de publicaciones redactadas de forma simple y llana. Es así como se da continuidad a la serie Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por diversos folletos sobre temas varios, abordados en las ejecutorias pronunciadas por este Máximo Tribunal, de interés para el público en general. En el marco del Convenio de Colaboración General que tiene celebrado la Suprema Corte con la Universidad Nacional Autónoma de México para la organización y desarrollo de actividades conjuntas de investigación, acciones científicas y culturales de interés para las partes del Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio de Publicaciones suscrito por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, este último participa en la elaboración de estos folletos con los comentarios de sus investigadores. Con esta serie de publicaciones, se espera que el público no especializado conozca el trabajo de este Máximo Tribunal. Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima instancia jurisdiccional y último intérprete de la Constitución de la República, ha desempeñado un papel de suma importancia, al resolver los asuntos sometidos a su consideración, con las consecuentes repercusiones jurídicas, sociales, económicas y políticas. Si bien, las resoluciones –en principio- sólo tienen efectos sobre las partes que intervienen en los asuntos de su conocimiento, trascienden en el interés de la sociedad por su relevancia jurídica y por los criterios que en ellas se sustentan. Sin embargo, estas resoluciones no siempre son conocidas, ni sus criterios comprendidos. Esto se debe en parte al discurso altamente técnico en que las ejecutorias son formuladas y a que su difusión se realiza a través de obras sumamente especializadas. Por ello, este Alto Tribunal ha decidido que los criterios más relevantes sean difundidos a través de publicaciones redactadas de forma simple y llana. Es así como se da continuidad a la serie Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por diversos folletos sobre temas varios, abordados en las ejecutorias pronunciadas por este Máximo Tribunal, de interés para el público en general. En el marco del Convenio de Colaboración General que tiene celebrado la Suprema Corte con la Universidad Nacional Autónoma de México para la organización y desarrollo de actividades conjuntas de investigación, acciones científicas y culturales de interés para las partes del Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio de Publicaciones suscrito por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, este último participa en la elaboración de estos folletos con los comentarios de sus investigadores. Con esta serie de publicaciones, se espera que el público no especializado conozca el trabajo de este Máximo Tribunal. Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima instancia jurisdiccional y último intérprete de la Constitución de la República, ha desempeñado un papel de suma importancia, al resolver los asuntos sometidos a su consideración, con las consecuentes repercusiones jurídicas, sociales, económicas y políticas. Si bien, las resoluciones –en principio- sólo tienen efectos sobre las partes que intervienen en los asuntos de su conocimiento, trascienden en el interés de la sociedad por su relevancia jurídica y por los criterios que en ellas se sustentan. Sin embargo, estas resoluciones no siempre son conocidas, ni sus criterios comprendidos. Esto se debe en parte al discurso altamente técnico en que las ejecutorias son formuladas y a que su difusión se realiza a través de obras sumamente especializadas. Por ello, este Alto Tribunal ha decidido que los criterios más relevantes sean difundidos a través de publicaciones redactadas de forma simple y llana. Es así como se da continuidad a la serie Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por diversos folletos sobre temas varios, abordados en las ejecutorias pronunciadas por este Máximo Tribunal, de interés para el público en general. En el marco del Convenio de Colaboración General que tiene celebrado la Suprema Corte con la Universidad Nacional Autónoma de México para la organización y desarrollo de actividades conjuntas de investigación, acciones científicas y culturales de interés para las partes del Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio de Publicaciones suscrito por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, este último participa en la elaboración de estos folletos con los comentarios de sus investigadores. Con esta serie de publicaciones, se espera que el público no especializado conozca el trabajo de este Máximo Tribunal. Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima instancia jurisdiccional y último intérprete de la Constitución de la República, ha desempeñado un papel de suma importancia, al resolver los asuntos sometidos a su consideración, con las consecuentes repercusiones jurídicas, sociales, económicas y políticas. Si bien, las resoluciones –en principio- sólo tienen efectos sobre las partes que intervienen en los asuntos de su conocimiento, trascienden en el interés de la sociedad por su relevancia jurídica y por los criterios que en ellas se sustentan. Sin embargo, estas resoluciones no siempre son conocidas, ni sus criterios comprendidos. Esto se debe en parte al discurso altamente técnico en que las ejecutorias son formuladas y a que su difusión se realiza a través de obras sumamente especializadas. Por ello, este Alto Tribunal ha decidido que los criterios más relevantes sean difundidos a través de publicaciones redactadas de forma simple y llana. Es así como se da continuidad a la serie Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por diversos folletos sobre temas varios, abordados en las ejecutorias pronunciadas por este Máximo Tribunal, de interés para el público en general. En el marco del Convenio de Colaboración General que tiene celebrado la Suprema Corte con la Universidad Nacional Autónoma de México para la organización y desarrollo de actividades conjuntas de investigación, acciones científicas y culturales de interés para las partes del Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio de Publicaciones suscrito por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, este último participa en la elaboración de estos folletos con los comentarios de sus investigadores. Con esta serie de publicaciones, se espera que el público no especializado conozca el trabajo de este Máximo Tribunal. Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima instancia jurisdiccional y último intérprete de la Constitución de la República, ha desempeñado un papel de suma importancia, al resolver los asuntos sometidos a su consideración, con las consecuentes repercusiones jurídicas, sociales, económicas y políticas. Si bien, las resoluciones –en principio- sólo tienen efectos sobre las partes que intervienen en los asuntos de su conocimiento, trascienden en el interés de la sociedad por su relevancia jurídica y por los criterios que en ellas se sustentan. Sin embargo, estas resoluciones no siempre son conocidas, ni sus criterios comprendidos. Esto se debe en parte al discurso altamente técnico en que las ejecutorias son formuladas y a que su difusión se realiza a través de obras sumamente especializadas. Por ello, este Alto Tribunal ha decidido que los criterios más relevantes sean difundidos a través de publicaciones redactadas de forma simple y llana. Es así como se da continuidad a la serie Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por diversos folletos sobre temas varios, abordados en las ejecutorias pronunciadas por este Máximo Tribunal, de interés para el público en general. En el marco del Convenio de Colaboración General que tiene celebrado la Suprema Corte con la Universidad Nacional Autónoma de México para la organización y desarrollo de actividades conjuntas de investigación, acciones científicas y culturales de interés para las partes del Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio de Publicaciones suscrito por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, este último participa en la elaboración de estos folletos con los comentarios de sus investigadores. Con esta serie de publicaciones, se espera que el público no especializado conozca el trabajo de este Máximo Tribunal. Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima instancia jurisdiccional y último intérprete de la Constitución de la República, ha desempeñado un papel de suma importancia, al resolver los asuntos sometidos a su consideración, con las consecuentes repercusiones jurídicas, sociales, económicas y políticas. Si bien, las resoluciones –en principio- sólo tienen efectos sobre las partes que intervienen en los asuntos de su conocimiento, trascienden en el interés de la sociedad por su relevancia jurídica y por los criterios que en ellas se sustentan. Sin embargo, estas resoluciones no siempre son conocidas, ni sus criterios comprendidos. Esto se debe en parte al discurso altamente técnico en que las ejecutorias son formuladas y a que su difusión se realiza a través de obras sumamente especializadas. Por ello, este Alto Tribunal ha decidido que los criterios más relevantes sean difundidos a través de publicaciones redactadas de forma simple y llana. Es así como se da continuidad a la serie Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por diversos folletos sobre temas varios, abordados en las ejecutorias pronunciadas por este Máximo Tribunal, de interés para el público en general. En el marco del Convenio de Colaboración General que tiene celebrado la Suprema Corte con la Universidad Nacional Autónoma de México para la organización y desarrollo de actividades conjuntas de investigación, acciones científicas y culturales de interés para las partes del Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio de Publicaciones suscrito por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, este último participa en la elaboración de estos folletos con los comentarios de sus investigadores. Con esta serie de publicaciones, se espera que el público no especializado conozca el trabajo de este Máximo Tribunal. Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima instancia jurisdiccional y último intérprete de la Constitución de la República, ha desempeñado un papel de suma importancia, al resolver los asuntos sometidos a su consideración, con las consecuentes repercusiones jurídicas, sociales, económicas y políticas. Si bien, las resoluciones –en principio- sólo tienen efectos sobre las partes que intervienen en los asuntos de su conocimiento, trascienden en el interés de la sociedad por su relevancia jurídica y por los criterios que en ellas se sustentan. Sin embargo, estas resoluciones no siempre son conocidas, ni sus criterios comprendidos. Esto se debe en parte al discurso altamente técnico en que las ejecutorias son formuladas y a que su difusión se realiza a través de obras sumamente especializadas. Por ello, este Alto Tribunal ha decidido que los criterios más relevantes sean difundidos a través de publicaciones redactadas de forma simple y llana. Es así como se da continuidad a la serie Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por diversos folletos sobre temas varios, abordados en las ejecutorias pronunciadas por este Máximo Tribunal, de interés para el público en general. En el marco del Convenio de Colaboración General que tiene celebrado la Suprema Corte con la Universidad Nacional Autónoma de México para la organización y desarrollo de actividades conjuntas de investigación, acciones científicas y culturales de interés para las partes del Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio de Publicaciones suscrito por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, este último participa en la elaboración de estos folletos con los comentarios de sus investigadores. Con esta serie de publicaciones, se espera que el público no especializado conozca el trabajo de este Máximo Tribunal. Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima instancia jurisdiccional y último intérprete de la Constitución de la República, ha desempeñado un papel de suma importancia, al resolver los asuntos sometidos a su consideración, con las consecuentes repercusiones jurídicas, sociales, económicas y políticas. Si bien, las resoluciones –en principio- sólo tienen efectos sobre las partes que intervienen en los asuntos de su conocimiento, trascienden en el interés de la sociedad por su relevancia jurídica y por los criterios que en ellas se sustentan. Sin embargo, estas resoluciones no siempre son conocidas, ni sus criterios comprendidos. Esto se debe en parte al discurso altamente técnico en que las ejecutorias son formuladas y a que su difusión se realiza a través de obras sumamente especializadas. Por ello, este Alto Tribunal ha decidido que los criterios más relevantes sean difundidos a través de publicaciones redactadas de forma simple y llana. Es así como se da continuidad a la serie Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por diversos folletos sobre temas varios, abordados en las ejecutorias pronunciadas por este Máximo Tribunal, de interés para el público en general. En el marco del Convenio de Colaboración General que tiene celebrado la Suprema Corte con la Universidad Nacional Autónoma de México para la organización y desarrollo de actividades conjuntas de investigación, acciones científicas y culturales de interés para las partes del Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio de Publicaciones suscrito por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, este último participa en la elaboración de estos folletos con los comentarios de sus investigadores. Con esta serie de publicaciones, se espera que el público no especializado conozca el trabajo de este Máximo Tribunal. Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
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Una de las tareas pendientes de la ciencia jurídica mexicana es, sin duda la relativa al modo en que han de relacionarse las Iglesias o asociaciones religiosas, y el poder político. Después de las reformas constitucionales de 1992 y de la aparición respectiva de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en el mismo año, el hasta entonces naciente derecho eclesiástico mexicano se había quedado a la espera del Reglamento citado varias veces en la referida Ley. Después de varios proyectos el mencionado ordenamiento apareció en 2003 para dar continuidad a esa rama del derecho que no acaba todavía de fortalecerse. Es en esta línea de investigación que se presenta este libro, el cual recoge la mayoría de las ponencias que se presentaron en noviembre de 2004 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En esos días nos dimos a la tarea de estudiar y discutir los principales temas que aparecen en el Reglamento a un año de haber sido publicado. El resultado final es este ejemplar que el lector tiene en sus manos y que tiene como única pretensión abonar en la consolidación de un verdadero y real derecho eclesiástico mexicano.
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Derecho Deportivo Mexicano es una obra que busca presentar de una manera clara y sencilla los diversos temas que integran una rama del derecho escasamente tratada por la doctrina jurídica nacional. En ese sentido, esta investigación comprende siete capítulos, a saber: 1.Aspectos básicos del derecho deportivo; 2. Evolución y sistematización del derecho deportivo en México; 3. Derecho deportivo y derecho romano; 4. Teoría jurídica del deporte; 5. Sujetos del derecho deportivo; 6. Derecho positivo vigente del deporte en México, y 7. Justicia deportiva. En primer lugar se hace referencia a los aspectos básicos del derecho deportivo para que, con base en el concepto, división y fuentes del derecho en la modernidad, y especialmente, atendiendo el caso de México, se pueda comprender el alcance y contenido del concepto de derecho deportivo, su denominación, su naturaleza, sus características y sus fuentes. Todo lo cual resulta necesario para tener un natural punto de partida. En segundo lugar se trata la evolución y sistematización del derecho deportivo en México para tener una percepción del origen de la materia en nuestro país y un sentido del orden que permita desarrollar elementos para su mejor comprensión. En tercer lugar se vincula al derecho deportivo con el derecho romano, pues no se puede desconocer la importancia y trascendencia de éste en todas las ramas del derecho. En cuarto lugar se elabora una teoría jurídica del deporte, pues si un elemento importante de esta obra es el estudio del deporte, hay que entender lo que implica y lógicamente cuál es su vinculación con lo jurídico. Para ello, naturalmente se parte de su relación con la persona, la sociedad, el Estado y la cultura, todo lo cual encuentra un orden en el derecho. En quinto lugar se analizan a los sujetos del derecho deportivo pues no se puede desconocer la relevancia de las personas físicas y morales para dicha disciplina, y, particularmente del papel que guardan las instituciones deportivas creadas por el propio Estado. En sexto lugar se estudia al derecho positivo vigente del deporte en México, toda vez que se da énfasis a la normatividad emanada de la autoridad que tiene fuerza en nuestra realidad. Así, atendiendo la jerarquía normativa en nuestro país, se hace referencia a la norma constitucional en materia deportiva, posteriormente se revisan los tratados y convenciones internacionales que ha celebrado México sobre la materia, para luego estudiar la Ley Deportiva Primaria como lo es la Ley General de Cultura Física y Deporte, sin descuidar en los temas que regula, la vinculación con diversa normativa como es el caso de la Ley Federal del Trabajo e incluso la relevancia que tienen las leyes vinculadas con la educación en esta materia. Por último, se revisa el tema de la justicia deportiva, pues no se puede dejar a un lado el aspecto adjetivo de la materia. Al final del camino, la intención de este libro no es otra que llamar la atención sobre la riqueza que nos proporciona el derecho deportivo patrio. Aunado al propósito de que esta investigación sea un punto de partida y una guía para estudios posteriores, generando así críticas y con ello, el desarrollo y evolución de tan olvidada disciplina jurídica.
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Esta obra- dividida en cuatro temáticas cardinales, a saber: espacios de reinserción social, política y administración penitenciaria, tratamiento para la reinserción social y formación de personal penitenciario- ofrece un panorama amplio y actual de la situación policial, jurídica, penal y formativa del país frente a los retos del nuevo sistema penal acusatorio. Lo distintivo de los trabajos que conforman el volumen es que la mayoría fueron realizados por personal involucrado directamente en las instituciones de formación policial y penitenciaria, centros penitenciarios y administrativos del gobierno federal, lo cual revela la profundidad del conocimiento real que existe sobre dichas materias en el mismo campo de actuación, así como de los problemas emergentes y las recomendaciones para solucionarlos.
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Los derechos económicos y sociales han sido objeto de avances importantes en amplios y diversos ámbitos como el internacional, el constitucional, el jurisprudencial, el legislativo y el doctrinal. Sin embargo, tanto los debates relativos a su carácter de derechos subjetivos, como la posibilidad de tutela mediante el mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales, así como la admisibilidad de su configuración y desarrollo jurisprudencial distan de tener soluciones concluyentes. Por eso, recientemente ha habido esfuerzos conjuntos –de Jueces, teóricos del derecho, juristas prácticos y legisladores de distintos órdenes- orientados, por un lado, a justificar el estatus de derechos subjetivos de los derechos sociales, y por el otro, a proponer avances normativos y de interpretación judicial de su protección. De los derechos enmarcados en clasificación de “económicos y sociales”, uno en particular ha sido especialmente estudiado: el derecho a la educación. Éste se ha analizado no sólo desde su componente de acceso a la formación básica, si no con especial atención sobre las obligaciones que precisa del Estado y los particulares. La relevancia del estudio de este derecho radica, como se sabe, en su conexidad con la garantía de otros derechos fundamentales como la autonomía, la igualdad, la salud o, por supuesto, el interés superior del menor. Por todo lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Centro de Estudios Constitucionales, busca abonar a este debate con una obra que integra esas y otras inquietudes en una misma reflexión. La exigibilidad de los derechos sociales. La prohibición de regresividad en el ámbito del derecho a la educación en la jurisprudencia constitucional colombiana hace un recorrido exhaustivo y pedagógico por la fundamentación jurídica y filosófica de los derechos sociales para, a partir de ese marco teórico, examinar la labor jurisprudencial adelantada por diversos tribunales, especialmente, por la Corte Constitucional de Colombia. La obra que aquí presento cumple a cabalidad con un propósito doble, por un lado da cuenta de una de las artistas más álgidas de la deliberación en torno a los derechos sociales, la de su exigibilidad judicial; y, por otro, aborda el tema desde la experiencia práctica de un Tribunal Constitucional. Aspecto, este último, particularmente importante dado que el abordaje pragmático del derecho a la educación permite evidenciar qué tan avanzada está la tutela efectiva judicial de estos derechos. Por todo ello, invito a todas las personas interesadas en el cruce de caminos entre el debate teórico-académico y la labor protectora de las Cortes, a leer, comentar y discutir con el texto. Conocer el principio de prohibición de regresividad aplicado al derecho a la educación, tal y como ha sido desarrollado jurisprudencialmente por la Corte colombiana, es un buen punto de partida para, en un ejercicio de análisis comparado, ponderar el desarrollo que este mismo derecho ha tenido en el contexto mexicano. Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
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La mañana del 20 de agosto de 1940, un personaje que se hacía llamar Jacques Mornard (en realidad Ramón mercader del Río), dio muerte al líder de la Revolución soviética, Lev Davidovich Bronstein “Trotsky”, en su casa de Coyoacán, en la Ciudad de México. Aunque mucho se ha escrito sobre el tema, El Instituto Nacional de Ciencias Penales publica la segunda edición de este libro, que ofrece una visión poco explorada de este hecho histórico. El criminólogo Martín Gabriel Barrón repasa el papel de cada una de las partes, con la minuciosidad que caracteriza su trabajo, reconstruyendo el evento y señalando aspectos que deberían conocer no solo los agentes del Ministerio Público, sino cualquier interesado en comprender el desarrollo de la procuración de justicia en nuestro país.
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La aportación de Luis René Guerrero Galván es una investigación original que sin duda contribuirá al debate historiográfico sobre la vigencia de la actividad inquisitorial durante el siglo XVIII en la Nueva España. Tras el estudio de la figura del comisario zacatecano, se pone de manifiesto la existencia de una continuidad en las tareas de vigilancia y control social en ese periodo. A pesar de que la historiografía ha revelado un proceso de decadencia institucional debido, principalmente a la escasez de autos de fe y de sentencias del tribunal del Santo Oficio de México, este libro muestra la preocupación de aquellos jueces de instrucción por mantener el orden establecido, la moral pública y la ortodoxia sin desatender sus redes de pertenencia e intereses personales, circunstancia que permitía la vigencia de la Institución. Si bien la mayoría de las veces su actuar no se tradujo en sentencias, ello no significó que la vigilancia social disminuyera, de hecho, como demuestra Luis René Guerrero, los procesos inquisitoriales atendidos aumentaron en número conforme avanzaba el siglo. En ese sentido destaca la actuación independiente de los agentes inquisitoriales, los cuales lejos de ser simples ejecutores de las disposiciones del tribunal, pretendieron en diversas ocasiones extender sus atribuciones. He aquí, entonces, una invitación a explorar y a entender a plenitud los distintos procesos del Santo Oficio. Leticia Pérez Puente
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La tecnología de los sistemas de cómputo y de las redes sociales acompañan al individuo común prácticamente desde que despierta. Es un hecho que la sofisticación de la vida cotidiana por medio de programas de cómputo, telefonía celular y sistemas de comunicación en red ha cambiado de forma radical nuestra convivencia como individuos y sociedades. Lo anterior no pasó desapercibido por las organizaciones criminales que evolucionaron para perpetrar los ahora llamados “ciberdelitos”: fraudes online, hackeo, extorsión telefónica, robo de información y la inmunda práctica de la pornografía infantil. La legislación y los procedimientos de investigación forense deben ser actualizados constantemente para hacer frente al fenómeno de la “cirbercriminalidad”. Por desgracia, señala el autor, en México existen vacíos legales en temas tan delicados como el de la proveeduría de internet y de telefonía celular, razón por la cual la persecución de los delitos informáticos desemboca en altos niveles de impunidad. Cibercriminalidad. Fundamentos de investigación en México es una vasta obra que sienta los fundamentos teóricos y periciales para los criminalistas e investigadores forenses dedicados a los delitos de tipo informático. Pero este libro involucra no solo a los especialistas sino a todos aquellos quienes realizan sus tareas diarias en plataformas tecnológicas expuestas a la actividad criminal, y que necesitan saber los riesgos que implica el uso de cierta tecnología.
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El rápido crecimiento de las zonas urbanas registrado en numerosos países en los últimos tiempos, evidencia la urgencia de adoptar un modelo de desarrollo urbano sustentable que asegure y dé vigencia plena, no sólo para las presentes, sino para las próximas generaciones, al subjetivo derecho a la ciudad, entendido como el derecho a la vida urbana en un hábitat digno, objeto primordial del derecho urbanístico, lo cual no podrá lograrse sin una normativa jurídica adecuada. Por consiguiente, debemos tener presente que la ciudad no tiene razón de ser en sí misma, dado que sólo existe si, y sólo si, los seres humanos la habitan, pues se compone más de personas e ideas, que de cemento y piedra. La creación, funcionamiento y desarrollo de las ciudades debe sujetarse al derecho, es decir, a lo dispuesto en los cánones jurídicos, específicamente en los del derecho urbanístico. La presente obra gira en torno del derecho urbanístico, y se publica al amparo de los sellos editoriales del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en un esfuerzo mancomunado por dar a conocer los frutos de las investigaciones científicas relativas a la regulación jurídica del desarrollo urbano realizadas por veinte renombrados profesores o investigadores de diversos países de América y Europa, expertos en derecho urbanístico y urbanismo, obra que viene a enriquecer la escasa bibliografía mexicana de esta disciplina jurídica.
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La evolución de las sociedades, en todas las latitudes de nuestro planeta, ha generado distintas condiciones de vida, así como nuevas demandas de la ciudadanía; entre estas, su eje principal es el interés por una mayor participación en los asuntos públicos. En este libro, que parte de las reflexiones efectuadas en la obra Democracia en la era digital, los autores abordan, desde su particular experiencia, las diversas formas en que la participación ciudadana se ha expresado en la democracia contemporánea: incluyendo el resurgimiento de formas de democracia directa, el fortalecimiento de los derechos políticos y la participación ciudadana, hasta la utilización de nuevas tecnologías en las elecciones y en la gestión de los asuntos públicos.
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¿Qué relación guardan los indígenas con el Derecho? ¿Cómo es que esta área del conocimiento los contempla? ¿Qué implica el pluralismo jurídico? Resulta evidente que el Derecho ha dejado de presentarse exclusivamente a la luz de las normas; su producción, creación y análisis, emergen de nuevos escenarios, realidades y cosmovisiones, mismas que actualmente lo catalogan como alternativo, expectante de la mirada que emana del otro. De esta forma, las Jornadas de Derecho Indígena (2013-2014) llevadas a cabo por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, impulsan la reflexión constante, resignificando en todo momento, conceptos arcaicos que otorgarán una vuelta de tuerca sobre lo que implica ser un indígena. Bajo esta tesitura, durante el texto, el lector se adentrará en un cruce de epistemologías, mismas que lo conducirán hacia el encuentro con la alteridad, así como a una perspectiva existencial diversa que engalana a la vida misma.
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Cómo deciden los jueces es un estudio acerca del complejo y diverso entramado de factores que llevan a los jueces a tomar las decisiones que toman. Posner pretende <
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La relación entre el Estado, los indígenas y el derecho desde el periodo azteca hasta nuestros días se caracteriza por la subordinación política de la mayor parte de los pueblos existentes en el territorio conocido como mesoamericano, luego novohispano y ahora mexicano. Las culturas o pueblos dominantes (aztecas, españoles y mexicanos) impusieron las reglas de convivencia a las culturas o pueblos dominados durante siete siglos. El poder político condicionó la existencia de los pueblos al respecto de las normas jurídicas, principios religiosos y valores culturales, hegemónicos. La integración política unilateral en los ámbitos jurídico, espiritual y cultural, ha sido la constante histórica. El levantamiento armado indígena en Chiapas en 1994 marca un cambio en la percepción del Estado y su relación con los pueblos indígenas: se trata de construir juntos las nuevas reglas de integración política. El desafío que tenemos es el de establecer las bases de un Estado pluricultural de derecho.
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Esta obra desarrolla varios aspectos interesantes desde el punto de vista jurídico, por un lado el régimen de incapacidad laboral temporal de los trabajadores enfermos o accidentados, por otro el régimen de prevención de las enfermedades o accidentes en orden para evitarlos. El análisis parte del régimen de prevención de las enfermedades y accidentes y después del régimen jurídico de los efectos incapacitantes de estos, estableciendo en su caso las conexiones necesarias. El alcance de la obligación establecida en el Art. 22 de la Ley de prevención de riesgos laborales junto con sus novedades, el momento de la realización de la vigilancia, los caracteres de la obligación empresarial, además de las garantías de los derechos a la intimidad, dignidad, y confidencialidad del trabajador, son el resto de temáticas que el autor desarrolla respecto a la incapacidad temporal para trabajar derivada de la enfermedad o el accidente.
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LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA Libre de Violencia, cuyo análisis se lleva a cabo en este volumen, forma parte de la reforma integral al sistema de justicia penal en Chihuahua. Todo este esfuerzo fue posible gracias al acuerdo entre los tres poderes del estado y la participación de los ciudadanos, lo cual permitirá cambios procesales y estructurales que favorezcan a las víctimas de los delitos, particularmente cuando éstas son mujeres que han sufrido de violencia. SE INICIA LA OBRA CON EL ANÁLISIS DE LA DISCRIMINACIÓN y la violencia hacia las mujeres; se realiza el estudio de los instrumentos internacionales que México ha firmado, relativos a los temas de discriminación y violencia contra la mujer; asimismo se describen los principales ordenamientos nacionales que han sido el antecedente de la Ley en comento para dar una visión completa de los ordenamientos vigentes; posteriormente se hace la glosa de esta misma Ley en el contexto de la reforma penal integral iniciada por el gobierno del estado y a la que se agregan principios de justicia de género. FINALMENTE, EL ESTUDIO INCLUYE DOS ANEXOS; el primero de ellos consiste en un análisis de las medidas de protección de emergencia establecidas por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal; el segundo anexo contiene el texto de la Ley estatal mencionada.
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¿Qué tan felices somos? ¿Qué nos hace felices? ¿Cómo se relaciona la libertad y el capital social con el desarrollo sustentable? ¿Por qué ello es importante? ¿Qué pueden hacer el derecho y la economía para inducir la democracia y el crecimiento? Con estas interrogantes de por medio, entre otras, la presente obra invita, por un lado, a la reflexión sobre las ciencias del análisis económico del derecho relativo a criterios y valores como la felicidad, la libertad, la honestidad en el debate del desarrollo; por otro, aborda el tema desde una perspectiva económica y jurídica. Se trata de una antigua aspiración constitucional. La experiencia constitucional, empero, muestra que son muchos los términos de contorno impreciso que han sido incorporadas a las cartas fundamentales. Los procesos de integración paulatina que le han dado sentido a muchos conceptos constitucionales corresponden también a la extensión que históricamente vienen registrando los derechos fundamentales en el mundo. En resumen, el conjunto de ensayos que componen el presente libro sobre la felicidad y el capital social (libertad, democracia, justicia y honestidad) corresponde a un tema que está vinculado con el surgimiento del constitucionalismo moderno, acerca del cual vale la pena hacer una amplia recapitulación. Es sintomático que el análisis económico del derecho aborde, con un nuevo instrumental, un asunto central en la vida individual y colectiva de nuestro tiempo. Asimismo, tiene mucho que ver con ser testigo de la transición que vive México, un proceso de consolidación de la democracia, la justicia y la honestidad en cada rincón del país, en búsqueda de un Estado eficaz, que atienda el bienestar (felicidad) de los ciudadanos.
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Libertad religiosa y principio de cooperación en Hispanoamérica es un análisis comparativo del sistema de derecho eclesiástico del Estado español, con los ordenamientos jurídicos en México, Colombia, Chile, Argentina y Perú, estableciendo como parámetro comparativo el denominado “principio de cooperación”, formulado inicialmente por la doctrina académica y la jurisprudencia constitucional españolas para llevar a cabo la relación del Estado español con las confesiones religiosas –desde la Constitución de 1978-, que claramente instauró el sistema de cooperación bilateral a través de acuerdos. La doctrina, la legislación y la jurisprudencia españolas han motivado que en algunos países hispanoamericanos –a su arribo a la democracia- haya surgido una nueva manera de llevar a cabo las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica –confesión mayoritaria- y con las distintas confesiones religiosas, que constatan una pluralidad religiosa, inusitada hasta entonces, en nuestro entorno. El “principio de cooperación” encuentra cabida como una de las posibilidades que se ofrecen al Estado democrático, social de derecho y respetuoso de los derechos humanos, para promocionar el derecho fundamental de libertad religiosa. Para entender el grado, modos y clases de cooperación en esta parte del continente, partimos de un breve análisis histórico, pasando por su constitucionalismo, hasta llegar a la legislación.
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La promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales es un avance innegable en el sistema de procuración de justicia penal en nuestro país, desde el punto de vista de las reformas constitucionales del 2008.Sin embargo, como algunos de los ponentes señalan, no basta con un cuerpo normativo para transformar ciertas prácticas judiciales que no permiten que la justicia alcance los más altos estándares a nivel internacional. En este texto se recogen las ponencias que expertos en la materia realizaron en el Foro Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta obra el lector encontrará profundas reflexiones acerca de las ventajas y desventajas que un ordenamiento de esta naturaleza puede traer al nuevo sistema de justicia penal. No es poca cosa lo que se aborda en la presente obra, pues cada ponencia toca puntos de enorme relevancia como las deseables reformas al ordenamiento. Este libro cierra con “broche de oro” con una conferencia magistral dictada por el Dr. Sergio García Ramírez, quien, con su ya conocida lucidez, pone sobre la mesa lo que a su consideración son las fortalezas y debilidades del código. Que no escape al lector que este foro se llevó a cabo con el fin de generar propuestas que, por medio de la reflexión y el debate, lleven a la optimización y mejoramiento de un ordenamiento procesal penal cuyo fin es mejorar la procuración y administración de justicia en México.
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No hay transparencia sin justicia ni justicia sin transparencia, y sin ellas no hay Estado de derecho. La información pública básica, además de ser un fin en sí misma, puede y debe ser un medio preferente para conocer derechos sustantivos y adjetivos fundamentales, en pro de un mayor y mejor acceso a la justicia, derecho que puede mejorar sustancialmente en un sistema informativo integral y efectivo. Transparencia y justicia son inconcebibles sin la respectiva infraestructura cibernética básica. El marco constitucional y legal existente, si bien perfectible, resulta suficiente para iniciar un cambio radical en lo institucional, social y cultural; aplicar lo que tenemos puede sentar las bases de un cambio en materia de justicia. Se debe conscientizar a la población de que mientras más y mejor ejercite su derecho de acceso a la información pública, mejor será su acceso a la justicia. Se debe explorar la posibilidad de incluir como sujetos obligados directos en transparencia a entes privados considerados de interés social, como los partidos políticos, los sindicatos y algunos concesionarios de servicios públicos, como mínimo; cada uno bajo sus distintas particularidades. Resulta prioritario institucionalizar las defensorías y procuradurías públicas. Los problemas sociales no los puede solucionar sólo la autoridad ni sólo los gobernados; ambos tienen que cumplir su parte. Los tratados (y convenciones) sobre derechos fundamentales, además de incorporarse periódicamente a nivel constitucional y legal, deben aplicarse, cumplirse, difundirse y explicarse. Es imperativo respetar el lenguaje y su significado; el concepto para efectos jurídicos de figuras trascendentes en un sistema constitucional como lo son transparencia, justicia o autonomía, debe ser lo más claro posible, de preferencia sin adjetivos, unívoco y universal.
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Esta obra es un estudio del desarrollo radical de la ciencia y sus aplicaciones a la medicina y la biología a través de las leyes, campos que afectan directamente a las personas y a las sociedades democráticas; el lector podrá percibir que la ciencia, en muchos casos, es susceptible de interpretarse como algo ambivalente, pues aun cuando los científicos y médicos persiguen fines dignos y con frecuencia los alcanzan, no obstante dichos avances deben ser regulados, puesto que algunos de ellos están tomando o podrían tomar un rumbo peligroso, fruto de la distorsión de sus objetivos iniciales. La ciencia, con todas sus nuevas y amplias ramificaciones, presenta así un lado negativo y uno positivo, según como sea empleada. El presente libro en tres tomos comprende la legislación más relevante que a criterio de los compiladores será útil para un público interesado en las distintas temáticas relacionadas con la investigación del genoma humano y sus aplicaciones. Facilitará así un marco general, en el cual el lector podrá apoyarse para encontrar temas específicos; además es un punto de referencia tanto para quien se dedica a la investigación legislativa en el campo de las nuevas ciencias, como para el curioso que poco o nada sabe de estos temas.
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La presente obra sobre Regulación de encuestas electorales en México, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es un proyecto inédito en el mundo y responde a la creciente importancia que han adquirido las encuestas en los procesos electorales en México. A partir de una mayor apertura política en nuestro país, y sobre todo después de la contienda electoral de 2000, las encuestas de intención de voto se han convertido en un factor clave para la transparencia y para la toma de decisiones, ya que documentan la agenda de demandas y expectativas del ciudadano y abren públicamente la evolución de la contienda. Hoy en día, los estudios de opinión son una herramienta profesional cuyos estándares de calidad y confiabilidad metodológica ayudan a la toma de decisiones tanto de los partidos políticos como de los ciudadanos, con base en información confiable y oportuna. Debido a la relevancia de los estudios de opinión en los procesos electorales, en todas las democracias modernas existe una permanente discusión sobre la conveniencia y la forma de reglamentar las encuestas de intención de voto. Sin embargo, hasta ahora, no se contaba con un análisis de derecho comparado sobre las legislaciones y la forma en cómo deben relacionarse dichos ordenamientos, sobre todo tomando en consideración la libertad de expresión y de elección. El estudio sobre Regulación de encuestas electorales en México es un ejercicio pionero en el mundo que nos permitirá enriquecer la discusión tanto de nuestros códigos electorales como de reglamentaciones similares en otros países del orbe.
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En esta obra, los colaboradores logran plasmar en un lenguaje accesible la importancia de las reformas legislativas en materia de radio, televisión y telecomunicaciones. Se explican brevemente los antecedentes legislativos, el alcance, los planteamientos jurídico-políticos y las ventajas y desventajas de dichas reformas. El libro cuenta, además, con elementos de derecho comparado que ofrecen una visión más compleja del estado de la cuestión en materia de radio y televisión.
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El presente libro es un estudio de derecho comparado escrito pensando en México. El sistema constitucional social fundado en 1917 –del que los mexicanos nos sentimos orgullosos- todavía no ha sido complementado por un auténtico sistema constitucional democrático. Aquí se transcriben textos constitucionales relativos a ejemplos de diversos sistemas constitucionales del mundo contemporáneo; en primer término son examinados los latinoamericanos para ofrecer un panorama de la evolución del hemisferio en esta materia que permita apreciar en conjunto las tendencias en América, y enseguida los casos identificados en los sistemas presidenciales de otros continentes. En algunos ejemplos se alude a sistemas denominados intermedios, que pueden considerarse paradigmáticos, además de otros que han intentado matizar su naturaleza autoritaria con la adopción de mecanismos parlamentarios de control. Asimismo, se analizan dos conceptos clave en el panorama político actual: la parlamentarización del sistema constitucional y la parlamentarización del sistema presidencial. En el primer caso, toda la estructura constitucional del poder político tiende a adecuarse al sistema parlamentario, que es incorporado de una manera inmediata o gradual, para sustituir al sistema vigente (presidencial o tradicional); en el segundo, subsiste la estructura existente, pero se le agregan algunas instituciones de control político, incluso modificadas, de origen parlamentario.
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La Bibliotheca Ivridica Latina Mexicana ofrece traducciones originales al español de fuentes jurídicas latinas, dirigidas a estudiantes, profesores y profesionales interesados en el derecho romano, con el objeto de facilitar el acceso directo a ellas y propiciar; así, su estudio. Cada uno de los tomos de la Bibliotheca contiene, además de la traducción y el texto latino original, un estudio introductorio, notas, vocabulario técnico, índices y bibliohemerografía. Todo esto con el fin de proporcionar al lector la información fundamental acerca de la obra traducida y de su autor. La obra Fragmenta Vaticana es una colección de textos jurídicos latinos, de autor y título original desconocidos, perteneciente al siglo IV d C. Contiene textos de Ulpiano, Papiniano, y rescriptos de emperadores, principalmente de Diocleciano. La obra versa sobre temas como compraventa, usufructo, dote, tutelas, donaciones y representantes procesales. La versión que ahora ofrece Martha Elena Montemayor Aceves sigue en general el criterio de literalidad, es decir, respeta la lengua latina y traslada la terminología jurídica a un lenguaje accesible a cualquier lector interesado en la jurisprudencia latina.
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La cuestión de las minorías en general, y de las minorías religiosas en particular, constituye un tema esencial desde una triple perspectiva: la construcción del Estado, las relaciones internacionales en un mundo multicultural y la garantía de los derechos humanos. A ello se añada, en la actualidad, el interés que genera el fenómeno de la globalización, entendido como un intento de imposición de un sistema único en los ámbitos económico, cultural y social a escala mundial, por un lado, y del relativismo cultural y religioso, cuyas manifestaciones más graves de intolerancia tienen su reflejo en los fundamentalismos o integrismos que caracterizan la sociedad contemporánea, por otro. A lo que se añade, por último, la estrecha relación existente entre la problemática de los minorías y el fenómeno de los movimientos migratorios, de asilados o de refugiados, que plantean a los Estados nuevos retos, sobre todo en los ámbitos jurídico, cultural y religioso. Todo ello ha tenido como resultado el resurgimiento de graves conflictos sociales y armados, de carácter interno e internacional, que ponen en peligro la paz y seguridad internacionales, y en cuyo centro se encuentran frecuentemente las minorías. En las Naciones Unidas y la protección de las minorías religiosas se aborda la temática descrita desde la perspectiva de la Organización de las Naciones Unidas, en especial teniendo presente las respuestas y actividades que desde la misma se han adoptado no sólo en el plano de la codificación normativa, sino también en torno a los mecanismos de tutela y control de los derechos de las personas pertenecientes a minorías, uno de los contenidos básicos del Programa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se trata, por tanto, de una obra de plena actualidad y de gran interés para todas aquellas personas preocupadas por la protección internacional de los derechos humanos en general, y de las minorías religiosas en particular.
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Un análisis de hondo calado doctrinal sobre el reconocimiento social y jurídico de Las uniones no matrimoniales, partiendo de nuestra realidad social, pero profundizando en el marco jurídico español y en los referentes fundamentales que ofrece el derecho comparado. En un momento como el actual, cuando la cuestión ha irrumpido con fuerza en el ámbito político, el presente estudio ofrece un análisis sistemático de aquellos órdenes, proporcionando claves de entendimiento que, de seguro serán valiosas para el legislador y para los profesionales.
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Esta memoria del XX Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2010, el cual se denominó “25 años, 25 conferencias”, se da en razón de que el Instituto de Estudios Judiciales celebra su vigésimo quinto aniversario, siendo este ciclo uno de los eventos conmemorativos de estos cinco lustros. Este ciclo de conferencias se ha realizado ininterrumpidamente desde hace 20 años. Ha versado sobre las materias derecho constitucional, amparo, derecho civil, derecho familiar y derecho penal, desarrollándose durante todo el año, con una conferencia semanal. En este 2010 se innovó en la sustancia del mismo con dos elementos: la publicación de todas las conferencias en una memoria, que es la que se presenta y que a partir de ahora publicaremos año con año, así como la inclusión de un bloque especializado en Historia del Derecho para resaltar la coyuntura histórica que se presenta con motivo del Bicentenario de la Independencia de nuestro país y Centenario de la Revolución Mexicana, mismo que se realizó en colaboración con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Así, en la inauguración de este ciclo pudimos contar con la presencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia y la Conferencia Magistral del Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Dr. Héctor Fix-Fierro, ceremonia en la que dieron inicio los eventos celebrativos del vigésimo quinto aniversario del Instituto de Estudios Judiciales. Esta memoria, representa un paso más en la consolidación de las acciones del Instituto de Estudios Judiciales para la permanencia, estabilidad, fuerza y experiencia en la actividad formativa de los operadores de la administración de justicia. Magdo. Dr. Edgar Elías Azar Presidente del Tribunal Superior de Justicia Y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal
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A partir del 11 de septiembre de 2001 la comprensión de seguridad sufrió un cambio inesperado, drástico y radical en todo el mundo. Los atentados terroristas, en contra de los seres humanos sin distinción alguna de credo, religión, raza, sexo, idioma, condición social, cultural, económica o de otra índole, que se configuran en acciones que causan una zozobra, suelen ocurrir de manera inesperada, sorpresivamente, producto de la fusión de material explosivo, detonante, que lleva irremediablemente a la destrucción, catástrofe, exterminio, aniquilación, del bien más importante del ser humano que es la vida. Dichos sucesos los consideramos salvajes, bárbaros, bestiales, dondequiera y quienquiera que los cometa; por vulnerar no solamente los principios de orden, seguridad, respeto, tranquilidad y paz, sino porque al transgredir letalmente la vida, se convierte en un instrumento demoledor, exterminador de la especie humana. El terrorismo demuestra ser no solamente una agresión brutal, sin precedente alguno, sino que además, se convierte en el representante único de la más despiadada atrocidad, se transmutó en un delito de lesa humanidad. Bajo este contexto, el objetivo del presente documento es presentar en forma cronológica y esquemática, el conjunto de legajos que hoy en día las naciones del mundo emplean bajo la disposición de diversas líneas de acción, acorde con su legislación, para enfrentar en todas sus formas la operatividad de las organizaciones delictivas dedicadas a la realización de atentados terroristas. Dichos instrumentos traducidos en Textos, Convenios y Convenciones Internacionales, así como en Protocolos, Acuerdos y Tratados, han sido celebrados por los Estados miembros de la Comunidad Internacional, y tienen por fin central normar todas aquellas acciones de cooperación, asistencia, prevención, investigación y sanción del fenómeno terrorista.
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Dentro del examen de las relaciones entre el poder y la técnica, destaca de un modo singular la posición expresa de una hermandad de científicos denominada Tecnocracia Inc. En las páginas de esta obra se hace una relación general de las tendencias tecnocráticas de la sociedad industrial y posindustrial, destacándose, junto con la versión aceptada y consensuada de la tecnocracia como un ámbito de actividad administrativa y gerencial altamente tecnificada, aquel otro proyecto puramente tecnocrático con escasa administración y que está basado en la aplicación directa de las ciencias fiscales al mundo social; así como el reemplazo de las clásicas categorías económicas de precio y valor, por el concepto de energía. Este proyecto resulta aleccionador para el futuro de la sociedad contemporánea porque entraña un plan que se propone sustituir al capitalismo y las instituciones políticas vigentes, de modo que la política no tendría una función que cumplir, lo mismo que la economía política, que sería sustituida por la “economía tecnológica”. De allí el subtítulo de esta obra: el fin de la política, que ha sido el emblema de todas las tecnocracias, así como de muchas interpretaciones del curso de la vida social, donde ha reinado el imperio de una racionalidad que se juzga objetiva y eficaz, y que no concilia en nada con la política.
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Manual de obligaciones civiles trata sobre la legislación, tanto la derogada como la vigente, del estado de Veracruz, correlacionada minuciosamente con la que está en vigor en el Distrito Federal en materia de fuero común y en toda la República en materia federal. Los temas y subtemas desarrollados son ni más ni menos que los incluidos en los programas de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, en la inteligencia de que no se dejan fuera de examen algunos que no lo son, v. gr. los relativos a las obligaciones naturales y a las obligaciones complejas, a las que el autor dedica un apéndice especial. Quien estudie estas lecciones hallará críticas –constructivas y fundadas- a varios preceptos del actual Código Civil de nuestro estado, cuyo objeto es demostrar que ha llegado la hora de tener un nuevo código civil ajustado al presente y al futuro inmediato. Basta ya de parches, muchos de ellos infortunados. Si este Manual logra mover la voluntad política de los tres poderes del gobierno de la entidad en tal sentido, siguiendo el ejemplo de los estados de Morelos, México, Tlaxcala, Hidalgo y algunos más, por qué no decirlo, el autor se sentirá profundamente complacido.
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El presente libro es fruto del trabajo colectivo de investigadores especializados en temas derivados de las relaciones internacionales, de la filosofía política y del derecho internacional. Así, desde una perspectiva multidisciplinaria y con la participación de juristas expertos en el derecho internacional, se observa y estudia la soberanía y la juridificación de las relaciones internacionales a nivel nacional e internacional. La soberanía es entendida como un elemento fundamental de la organización estatal interna e internacional, pues el centenario concepto ha servido para dar cabida a la regulación en el interior de los Estados y asimismo para dar fundamento a la existencia del orden internacional. La publicación contiene ocho trabajos que tratan los temas mencionados, cada uno desde una perspectiva y postura particular, donde se discute el significado de la soberanía en el contexto del sistema internacional de Estados, sus elementos constitutivos y de los procesos correspondientes de juridificación, haciendo énfasis en la instauración del sistema estatal.
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Esta obra está destinada a proporcionar al estudiante de derecho la información que precisa para conocer el detalle lo atingente al procedimiento del enjuiciamiento mercantil. A nadie escapa que el aspecto sustantivo del derecho mercantil crece vertiginosamente cada día, que incluso a las formas contractuales típicas se sobreponen ahora nuevas figuras atípicas, es decir, que con el acrecentamiento del caudal de negocios van surgiendo nuevas modalidades de obligarse, las cuales al derivar en conflictos, exigen del abogado un constante y actualizado conocimiento del correspondiente derecho adjetivo, tan es así que el profesor Castillo Lara dedica un capítulo de su trabajo a lo que él, acertadamente, denomina Procedimientos especiales, y en el cual se trata lo relativo a especies e instituciones de tan inmediata y cotidiana vecindad en el mundo actual que resulta casi de imposibilidad absoluta que el abogado postulante ignore lo concerniente a su trámite y procedimiento. Juicios Mercantiles, de Castillo Lara, prestará un servicio invaluable al estudiante, al docente y al litigante no familiarizado con esta clase de juicios.
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El Derecho Concursal se encuentra en auge. Las crisis financieras sufridas por diversos países, evidenciaron la inadaptabilidad de los mecanismos jurídicos para manejarlas acorde al mundo actual. Además, la inversión de capitales requiere de un marco jurídico que garantice un retorno razonable en monto y tiempo cuando se presente una crisis. En tal contexto, organismos internacionales han impulsado la búsqueda de herramientas para manejar los fenómenos de iliquidez e insolvencia. Nuestro país ha hecho lo propio, en el año 2000 publicó la Ley de Concursos Mercantiles, ordenamiento cuyo objetivo es combatir los efectos que la insolvencia produce, y crear un sistema ágil, transparente y eficaz para tal problema. Con una descripción de nuestra regulación, así como una proyección en el terreno internacional, Derecho Concursal mexicano provee un análisis riguroso del iter procedimental y sugiere conceptos útiles para clarificar el entramado de la ley. Asimismo, analiza la Ley de Concursos Mercantiles, a efecto de que estudiantes, abogados postulantes, juzgadores y empresarios, cuenten con una herramienta más en el estudio de las instituciones básicas en materia concursal. Se incluyen temas actuales imprescindibles: el derecho paraconcursal, los procedimientos internacionales de insolvencia y el régimen de responsabilidad civil por daños.
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En el Congreso Internacional de Derecho Mercantil, en el marco del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados (2006), se analizaron y reflexionaron los grandes problemas y retos a los que, en los inicios del siglo XXI, se enfrenta el derecho mercantil, así como las opciones que éste puede adoptar para regular eficientemente las modernas relaciones comerciales. Expertos en la materia y juristas de Inglaterra, Israel, Puerto Rico, Argentina, España, Estados Unidos y México, contribuyeron al análisis de los temas propuestos, así como a la reunión de una serie de ponencias en las que no sólo se comenta sobre el camino que ha seguido el derecho mercantil en su evolución, sino que también se expresan grandes ideas acerca del futuro que este derecho debe afrontar cuando se encuentra ante un mundo globalizado, donde en materia comercial las fronteras geográficas están desapareciendo y donde, con ayuda de la tecnología, los mercados mundiales se encuentran en una constante apertura e interconexión global. Las ponencias y foros del Congreso Internacional de Derecho Mercantil se concentraron en nueve grandes temas relativos a la soberanía de los Estados nacionales frente a la globalización; el tránsito jurídico mercantil; retos y proyecciones del derecho comercial; la empresa mercantil y los avances tecnológicos; comercio de servicios financieros; transferencias electrónicas internacionales de crédito; insolvencia transfronteriza; principios generales en materia de contratos mercantiles, y solución de controversias y arbitraje internacional.
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Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, en cuanto se sitúan en la actualidad en el marco de la protección de la intimidad y de los datos personales, han de ser entidades en el contexto de las modernas tecnologías de la información y de la comunicación. Quiere decirse con esto que además de las diversas formas de agresión de la intimidad en sentido estricto (mediante la captación técnica del sonido o de la imagen, por ejemplo), debe presentarse una creciente atención a la captación, tratamiento y archivo de datos personales en ficheros a los que se puede tener acceso por medios telemáticos, por un lado, así como al acceso a datos (texto, sonido, voz, imagen) cuando se hallan circulando como correos electrónicos a través las redes existentes (Internet). Por otro lado, tanto el secreto profesional como laboral requieren una perspectiva más acorde con las relaciones de trabajo actuales. Finalmente, la protección de los datos pertenecientes a las personas jurídicas, a los que alude el Código Penal español, requiere asimismo un estudio específico que ayude a entender cuáles fueron los propósitos del legislador al incluir su protección penal fuera de la posible relevancia económica que puedan tener tales datos.
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Roberto Sanromán Aranda (izq.) es licenciado en derecho por la Universidad Panamericana, donde también cursó la maestría en derecho y actualmente realiza el doctorado. Es profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México (ITESM CEM) donde imparte la materia de derecho de los negocios desde 1985. Juan Antonio Rangel Charles (der.) es licenciado en derecho por la Universidad Franco Mexicana y doctorando por la Universidad Panamericana; ha sido abogado litigante y asesor de empresas. Desde 1985 imparte las cátedras de derecho de los negocios y derecho laboral en el ITESM CEM. Actualmente es director del Departamento de Humanidades y Derecho de dicho instituto. El libro presenta los temas más importantes del derecho privado que son de mucha utilidad a los estudiantes de carreras del área económico-administrativas; quienes, sin ser abogados, requieren conocer los principales temas de esta materia, ya que en su ejercicio profesional le serán de gran ayuda. Es aquí donde radica el valor de este libro, pues está hecho para enseñar la materia a estudiantes que no son de la carrera de derecho. El libro está escrito de una manera didáctica, sencilla y está basado en la legislación vigente.
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En el estudio y análisis del fenómeno metropolitano y sus problemas imperan perspectivas funcionales, espaciales y demográficas. Sin embargo, estas tienen imprecisiones a la hora de abordar el problema de la gestión y el gobierno de las áreas y zonas metropolitanas. De ahí que este libro estudie y reflexione la gestión metropolitana en México y América Latina. La obra adopta un enfoque interdisciplinario, donde la ciencia política, el derecho constitucional y la administración pública convergen en el institucionalismo. Así, se trazan y analizan diversos casos y experiencias de diseño institucional para la gestión de algunas zonas metropolitanas de América Latina, en particular de los países que se consideran federales. También se reflexiona el diseño institucional del municipio mexicano, el mandato de coordinación y el asociacionismo municipal, y se analizan las iniciativas en materia de zonas metropolitanas a nivel federal y la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco.
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La reforma anticorrupción de 2015 representa un paso muy importante en el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Entre otras virtudes que dicha reforma trae consigo se encuentra la creación del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. Visión integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción es un título afortunado. Cuando el autor habla de “visión integral” tiene el tino de referirse no solo a la reciente creación del Sistema y a todos los aspectos de su implementación, sino que además hace un minucioso recorrido histórico por el sinuoso camino de la rendición de cuentas en la Nueva España y luego en México. Este aspecto de la obra hay que subrayarlo, porque pocos autores han logrado esta visión que Alejandro Romero Gudiño logra tan sobradamente. Conocer el desarrollo de la fiscalización superior permite al lector ser testigo privilegiado de la evolución del control del poder en México. Esta obra permitirá al lector saber qué se ha logrado en materia de anticorrupción y los retos y metas que enfrentamos como sociedad en materia de rendición de cuentas. Este libro expone de forma sistemática y completa propuestas para la legislación secundaria y la conformación de las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción. De forma complementaria el texto ofrece propuestas formales de técnica legislativa y de métodos éticos aplicados. De esta manera, se ponen elementos de fondo y de forma en manos de quienes contribuyen a impulsar este tema como una política de Estado.
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El Congreso Internacional de Derechos Penal se desarrolló en la ciudad de México, del 19 al 23 de junio de 2006, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; simultáneamente se realizaron las VII Jornadas sobre Justicia Penal, correspondientes al programa académico que con este rubro ha llevado a cabo el propio Instituto en los últimos años. Esta obra examina numerosos temas relevantes de las disciplinas penales, clasificados en diversos capítulos: derecho penal sustantivo, proceso penal, ejecución de penas, derechos humanos y sistema penal, justicia penal internacional, política criminal, criminología, victimología, criminalística y menores infractores. Participaron más de setenta expositores, procedentes de catorce países: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala e Italia. En esta obra, distribuida en tres volúmenes, figuran los trabajos aportados al Congreso y las Jornadas. En su conjunto, constituyen una revisión de cuestiones sobresalientes en la reflexión penal, el desarrollo de las instituciones que operan en este campo y la situación que guarda la materia, examinada desde la doble perspectiva teórica y práctica, que interesa profundamente para la preservación de los derechos humanos y el imperio de la democracia. El primer volumen de la obra contiene las ponencias correspondientes al proceso penal y a la justicia penal internacional. Los lectores encontrarán exposiciones informadas y conclusiones sugerentes acerca de estos temas, en los que se reflejan muchas de las tensiones que aparecen en la escena penal contemporánea, particularmente la armonización penal, los dilemas que plantea la persecución de delitos graves vis a vis la observancia del debido proceso, el desenvolvimiento de las jurisdicciones internacionales, los movimientos de reforma en el enjuiciamiento penal, las medidas cautelares (prisión preventiva), entre otros.
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El propósito de Historia del Derecho militar es divulgar los antecedentes históricos sobre la evolución del Derecho militar, desde la Antigüedad hasta nuestros días, en el mundo y en nuestro país. La riqueza y el alcance de Historia del Derecho militar son difíciles de dilucidar pues estamos ante una obra con una profundidad y un detalle pocas veces vistos. La divulgación de los contenidos de este libro de Renato J. Bermúdez entre estudiantes y estudiosos del Derecho militar promoverá no solo una mayor cultura jurídico-militar, sino que también proporcionará una visión histórica del Derecho militar que complementará la formación de abogados, militares e historiadores. Además, la amena prosa de Bermúdez invita a lectores no especializados a que se acerquen a esta obra. El Derecho militar puede resultar un tema polémico. Por eso se agradece a la pluma del autor abordar el tema con seriedad y responsabilidad. El Inacipe no alberga dudas acerca del destino de este texto: un clásico cuya lectura en facultades de Derecho, en escuelas militares y de historia será ineludible.
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La vida institucional del México independiente se fraguó en un escenario de luchas diversas y cambios constantes en la estructura constitucional que se consideraba idónea para el desarrollo nacional. Con el paso del tiempo, los documentos y leyes que plasmaron loa afanes progresistas de los forjadores de la nación han sido objeto de estudio, con el propósito de comprender el porqué de la estructura institucional del presente. En este tenor, y en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pública, en versión facsimilar, estos cuatro tomos de Leyes y documentos constitutivos de la Nación mexicana, originalmente publicados en la Enciclopedia parlamentaria del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Unión, en 1997.
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La vida institucional del México independiente se fraguó en un escenario de luchas diversas y cambios constantes en la estructura constitucional que se consideraba idónea para el desarrollo nacional. Con el paso del tiempo, los documentos y leyes que plasmaron loa afanes progresistas de los forjadores de la nación han sido objeto de estudio, con el propósito de comprender el porqué de la estructura institucional del presente. En este tenor, y en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pública, en versión facsimilar, estos cuatro tomos de Leyes y documentos constitutivos de la Nación mexicana, originalmente publicados en la Enciclopedia parlamentaria del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Unión, en 1997.
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La vida institucional del México independiente se fraguó en un escenario de luchas diversas y cambios constantes en la estructura constitucional que se consideraba idónea para el desarrollo nacional. Con el paso del tiempo, los documentos y leyes que plasmaron loa afanes progresistas de los forjadores de la nación han sido objeto de estudio, con el propósito de comprender el porqué de la estructura institucional del presente. En este tenor, y en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pública, en versión facsimilar, estos cuatro tomos de Leyes y documentos constitutivos de la Nación mexicana, originalmente publicados en la Enciclopedia parlamentaria del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Unión, en 1997.
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El turismo en México y en el mundo ha sido un factor importante para la generación de divisas y empleo, de ahí la importancia de su estudio desde la perspectiva jurídica nacional e internacional, situación que ha motivado la publicación del libro que el lector tiene en sus manos. En esta obra se estudian dos grandes temas: la zona marítimo-terrestre y el régimen jurídico del turismo. Por lo que respecta al primero, se analiza su marco jurídico, así como su importancia para el desarrollo turístico de las regiones; en tanto que el segundo se abordan los siguientes rubros: la protección del turista, el ecoturismo y la protección ambiental, el fideicomiso como instrumento jurídico de fomento al turismo; el derecho turístico y la responsabilidad civil; el turismo en las zonas arqueológicas; la administración pública del turismo; la competitividad e innovación en el turismo sustentable; la coordinación turística intergubernamental; la regulación de la actividad turística; el turismo de salud; el turismo internacional de playa y cambio climático; el Código francés de Turismo, las golden shares en la experiencia normativa italiana; la sobreventa de pasajes en Argentina, y tourisme et environnement: le tourisme durable.
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En 2013 celebramos 85 años de la fundación de la Policía Federal: casi un siglo de servir a México. Por esta razón, la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Federal, celebró los concursos “Cartas a un Policía Federal” y ¿Qué harías si fueras Jefe de la Policía Federal?”. Ambos ejercicios se orientaron a mostrar el pensar y sentir de las y los policías federales, así como de sus familias. En el presente libro conmemorativo se publican las tres cartas ganadoras, así como una selección de cien cartas que atestiguan el amor a México, la vocación de servicio y aspectos de la convivencia familiar. En una sociedad que vive constantes cambios, es indispensable resaltar el papel de las instituciones policiales como un pilar en el orden y la armonía social. Esperamos que las cartas aquí reunidas lleguen a muchos hogares mexicanos y toquen fibras sensibles que permitan comprender y enaltecer la labor de las y los policías federales.
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La permanente necesidad de abordar la criminalidad y los procesos que la generan y acompañan de una manera distinta es una preocupación permanente en los ámbitos académicos y en la construcción de políticas públicas. Esta obra es un serio esfuerzo colectivo que ofrece diversas miradas multidisciplinarias que abren otra perspectiva para el abordaje de los fenómenos delictivos y violentos.
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Aspectos problemáticos de los delitos de violencia doméstica y de género es una obra cuyo principal objetivo es analizar los problemas que la actual legislación española sobre la violencia doméstica y la violencia de género presentan, desde su concepción hasta la aplicación práctica de la misma ante los juzgados y tribunales. Esta obra es una tesis doctoral que se inscribe dentro del debate sobre la violencia de género en España, la cual ha causado una desmedida alarma social y una represión penal que no ha tenido los resultados esperados. Entre sus múltiples aciertos este trabajo establece los diferentes tipos de violencia intrafamiliar, y las causas de las que deviene dicha violencia. El autor señala que la política para “erradicar los malos tratos” ha sido influida por el maneo que del tema hacen los medios de comunicación, y es así como se implementan medidas políticamente correctas sin realizar un necesario y exhaustivo estudio del problema que aborda este libro. El contexto en el que se publica. Aspectos problemáticos de los delitos de violencia doméstica y de género permite hacer analogías responsables con la situación que se vive en México en ese aspecto.
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Pocos mexicanos saben que la Constitución contempla la Guardia Nacional. Este desconocimiento se refleja en la poca atención que dicha institución ha recibido por parte de constitucionalistas y estudiosos del Derecho militar. Por otra parte, está la recién creada Gendarmería, una institución que fue adoptada por varios países europeos en el siglo XIX. Tanto la Guardia Nacional como la Gendarmería son motivos del surgimiento de muchas preguntas que pocos se habían interesado en analizar y contestar. Esa omisión es subsanada con esta obra de Martín Gabriel Barrón. Alternativa a la seguridad: Gendarmería o Guardia Nacional es un documento analítico de gran valor académico, que permitirá a los lectores aquilatar las bondades de ambas instituciones a través de los sólidos argumentos presentados. Esta obra es una guía y un acicate para los juristas en materia constitucional y del Derecho militar para la profundización en el estudio relacionado con estas instituciones; tarea de indudable importancia en un país como México, en el que el tema de la seguridad pública precisa de acciones claras y eficaces.
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En el ámbito del Derecho Internacional, uno de los principales puntos controversiales suele ser la compatibilidad de los tratados que se establecen entre diversos países con el sistema jurídico de cada uno de ellos. Por consiguiente, en este libro se examina a fondo la relación entre el sistema legal mexicano y el Derecho Internacional, con un enfoque que busca descubrir los puntos de contradicción, su origen y, sobre todo, si éstos realmente existen más allá de la teoría. Se pone especial atención en el Derecho Penal Internacional como un campo que ha adquirido gran relevancia, aunque sin desligarlo de otras ramas del Derecho Internacional. Entre los temas que se analizan con mayor detalle destacan la validez que el sistema jurídico mexicano reconoce al Derecho Internacional, los diversos órganos internacionales de procuración y administración de justicia en materia penal, los procedimientos de extradición y los problemas de su aplicación en México, el principio de jurisdicción territorial en materia penal y la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se incluyen, además, las posibles soluciones a los problemas que surgen de la aplicación del Derecho Internacional en el país, así como el análisis de los factores jurídicos que lo obstaculizan y las consecuencias de una regulación incorrecta. Así, el análisis minucioso que presentan los autores y la extensión de los temas expuestos, hacen de esta obra un material de consulta imprescindible, tanto para los especialistas como para quienes tengan interés en la materia.
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Durante muchos años, el gran jurista español Luis Jiménez de Asúa llevó un registro de la actualidad de las ciencias penales en Iberoamérica (con diversos vasos comunicantes con otras latitudes). Su obra monumental quedó plasmada en dos obras inigualables: su Tratado de Derecho penal y la colección de artículos El criminalista, que llegó a las más de tres mil páginas de referencias sobre el Derecho Penal y sus autores. Con ese gran ejemplo, el autor de este libro pretende emular su dedicación para hacer la crónica del Derecho penal y sus personajes. El penalista es, acaso, la chispa que queda después de esa gran lumbre que dejó Don Luis Jiménez de Asúa y que por años iluminó el siglo XX y los principios de este. No pretende este libro, pues, alcanzar esos espacios, pero sí y de manera definitiva, continuar con la labor de dar cuenta sobre los retos de esta sociedad y el Estado. Esta obra, retorna, entre otros temas, la crítica a la dogmática penal, los retos que implica un cambio en el sistema de justicia penal, las nuevas amenazas tecnológicas y su regulación, algunas disertaciones sobre delitos en particular, casos y, por supuesto, reseñas sobre libros que pueden ser considerados imprescindibles para entender esta época. Así, el autor varía la temática para abordar temas como la Reforma penal de 2008, con su visión sobre las futuras legislaciones, ya sea federal o la legislación tipo para el país sobre un tema concreto: los recursos ordinarios. Del mismo modo, reflexiona brevemente sobre las fortalezas para la implementación de la reforma penal señalada. También recoge la tesis de un código penal único y, de manera original, plantea el procedimiento para concretar esta ambiciosa meta que es heredada, por supuesto, de su maestro, el Dr. Ricardo Franco Guzmán.
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¿Qué distingue a un buen policía de uno que no lo es? En muchos países existe una pavorosa ambigüedad respecto a la función policial, y eso nos confunde: ¿en qué se distinguen, por ejemplo, la policía administrativa de la gubernativa, y ésta de la de seguridad? ¿Qué se espera de cada uno de ellos? Adjetivos como judicial y ministerial no ayudan a entender el problema. Lo mismo ocurre con conceptos como seguridad pública y orden público. Los modelos policiales se multiplican y cada país ofrece una versión distinta de ellos: policía comunitaria, de barrio, de proximidad, científica, de resultados; así como los programas Tolerancia cero, Citta sicure, Comuna segura o Barrio seguro. Su aplicación, desde luego, no sólo depende de un marco conceptual sino de la voluntad política para resolver los desafíos de seguridad que se enfrentan en cada latitud, pero ¿qué podemos aprender de ellos?, ¿es posible evaluar su desempeño? Ronald V. Clarke y John E. Eck, dos de los expertos más reconocidos acerca de la gestión policial, formulan una propuesta que combina algunos de los programas más exitosos en el mundo: Políticas orientadas a la resolución de problemas delictivos (PORPD), para el cual sugieren 60 pasos de cómo analizar el delito. El texto incluye la metodología para realizar la recopilación, el análisis y la evaluación de la información delictiva, así como lo que debe hacer la policía en ellas. Abarca desde las labores de prevención hasta las de investigación. La lectura del libro es obligada para toda persona relacionada con los cuerpos policiales, o para cualquiera que desee entender mejor cómo medir su eficacia.
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La vertiginosa evolución de los colectivos criminales en México ha rebasado la comprensión de las teorías tradicionales que, en relación con el tema, resultan anacrónicas e insuficientes para entender a cabalidad el explosivo crecimiento de esos grupos. La teoría dogmática de los aparatos organizados de poder es propuesta por el autor como una adecuada solución para la confección de resoluciones procedimentales relacionadas con la actividad de las grandes organizaciones criminales. En esta obra, Agustín Quintana realiza con evidente solvencia intelectual un análisis del concepto de los aparatos organizados de poder, y se extiende a la necesidad de trasladar esta teoría de sus ámbitos clásicos de aplicación –militares y políticos acusados de crímenes atroces del tipo del genocidio y de la limpieza étnica- al de los de la delincuencia organizada, de los cárteles de la droga y de organizaciones dedicadas al lavado de dinero. Una de las grandes aportaciones de Aparatos organizados de poder. Su aplicación a estructuras delictivas en México, personas jurídicas y lavado de dinero es haber trazado un documento “plano” de la macabra arquitectura de los colectivos criminales que han asolado México durante los últimos años. Este libro está destinado a convertirse en una guía de demolición para arrasar con esas poderosas organizaciones.
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En este libro se busca dar respuesta a una serie de interrogantes sobre un tema prácticamente inexplorado: los aspectos sociales y culturales de la trata de personas en México. En los cinco capítulos que configuran esta compilación se hacen aportaciones de carácter sociológico y antropológico, complementadas con datos demográficos, de funcionamiento organizacional y enfoque regional. Desde las perspectivas macro y microsociales, se analiza la trata con base en procesos estructurales que se apoyan en encuestas nacionales especializadas; se explora cómo se articulan y funcionan las redes de victimarios en determinadas zonas de México y se examinan dinámicas que revelan los rasgos fundamentales de la trata en nuestro país, de acuerdo con la lógica de asistencia a víctimas en el panorama nacional, con la reproducción social del victimario a partir de entrevistas directas a quienes han hecho de la explotación sexual de adolescentes y adultos su actividad económica primordial; por último, se analizan formas masculinas de comportamiento sexual que favorecen la presencia de la trata. Más que un mero ejercicio académico, en esta obra se pretende desmenuzar todos y cada uno de los elementos que intervienen en este delito, a fin de comprenderlo y, en última instancia, tener las herramientas para prevenirlo. Sin el concurso de medidas preventivas adecuadas, la sola atención al daño causado por la trata de personas deviene en una tarea infinita e inacabable.
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Si bien en muchos países se han emprendido grandes esfuerzos por establecer de manera enérgica los derechos de las víctimas de la delincuencia, en la práctica la forma como dichos derechos se hacen valer es todavía desalentadora. La Organización de las Naciones Unidas ha decretado normas como la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, pero la realidad es que en la mayor parte del mundo las víctimas y sus familiares aún no se sienten lo suficientemente protegidos y respaldados por las instituciones encargadas de impartir justicia. El autor de este libro es un reconocido defensor del movimiento en favor de los derechos de las víctimas en Estados Unidos y líder internacional. La obra está dirigida a los millones de víctimas en todo el mundo, quienes, junto con sus familiares y amigos, sienten que no cuentan con el respaldo suficiente de sus gobiernos. El propósito es contribuir a remediar la situación definiendo las áreas en que debe actuarse en relación con los derechos fundamentales de las víctimas, sus necesidades de información, seguridad, apoyo en las cortes, reparación del daño, compensaciones justas y efectivas a cargo de los agraviantes y del Estado, servicios especiales para mujeres, niños y personas de edad avanzada, entre otras. Como punto central se pone de manifiesto la necesidad urgente de aplicar las medidas necesarias que lleven al establecimiento de un nuevo equilibrio jurídico que favorezca y apoye a las víctimas del delito frente a sus agresores.
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Actividades como la trata de personas, el lavado de dinero, el narcotráfico, la compraventa de armas y el secuestro son fenómenos que, por momentos, parecen haber rebasado a gobiernos y sociedades. En esta obra, expertos de México, Italia y Argentina describen sus experiencias y exponen sus planteamientos respecto de las mejores prácticas para hacer frente a la amenaza de la delincuencia organizada. Cada una de estas experiencias implica el diseño de herramientas para conseguir resultados eficaces. ¿Qué novedades aporta el tipo penal italiano de la “asociación delictiva mafiosa”? ¿La institución del testigo protegido puede equipararse a la de la protección de testigos? ¿Por qué, en México, se ha preservado el sistema de informantes civiles, cuando en otras naciones ha cobrado auge la institución del agente encubierto? Estos y otros temas son analizados por Gustavo Fondevila, Antonio Ingroia, Ottavio Sferlazza y Martín Gabriel Barrón, con la coordinación de María Eloísa Quintero, en un libro que sigue reforzando la vocación del INACIPE de generar ideas y explorar nuevos cambios en un combate jurídico que requiere armas refinadas dentro de un mundo globalizado.
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Adicciones y violencia conforman el binomio de uno de los problemas más significativos que enfrenta la juventud, el cual encuentra sus orígenes en múltiples factores de tipo fisiológico, familiar, educativo, cultural y comunitario. En Juventud, drogas y prevención el lector encontrará una revisión puntual del marco teórico y conceptual que ha abordado esta temática en el orden internacional y nacional, así como datos estadísticos de las respuestas estatales que se han generado. Para robustecer el cuadro analítico, se exponen los resultados de un ejercicio de investigación aplicada que utilizó herramientas metodológicas cualitativas y cuantitativas, obtenidas en un estudio de caso realizado en 2012 en dos comunidades del municipio de Xalapa, Veracruz. Asimismo, con el apoyo de Fundación NEMI A.C., esta obra da cuenta de una intervención de prevención primaria dirigida a estudiantes de educación secundaria, para arribar a conclusiones y recomendaciones que si bien emanaron de un entorno territorial específico, sin duda se trata de realidades y dificultades a las que se enfrentan los adolescentes y jóvenes de otras regiones de México, quienes merecen un futuro mejor y pleno de oportunidades para su desarrollo integral. Juventud, drogas y prevención se publica en tiempos en que el Estado mexicano ha dado un giro a las políticas tradicionales y poco efectivas que durante lustros aplicó para afrontar, desde una perspectiva principalmente reactiva y penal, el fenómeno de las drogas y los comportamientos antisociales que surgen a su alrededor. Ahora, en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, ha dado paso a un modelo de prevención orientado a gestionar focalizada e integralmente la etiología de la problemática que afecta a grupos vulnerables, en especial a la niñez y a la juventud de nuestro país. Es por ello que este texto podrá ser utilizado como modelo científico para intervenir, con un enfoque de prevención sistemática basado en evidencia empírica, en la gestión de escenarios con adicciones y violencia.
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En algunos sectores de la sociedad existe la percepción de que la reforma constitucional en materia penal de 2008 es letra muerta. Sus detractores señalan que esta reforma se halla lejos de los problemas que aquejan a nuestra ciudadanía y apuestan a su desmantelamiento… ¿Aciertan en su diagnóstico y vaticinio? Todo indica que no: lo que la reforma ha encontrado en su camino, ciertamente, son obstáculos para su implementación. Nada más. En esta obra, coeditada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), se analizan y proponen diversas políticas públicas de carácter multidisciplinario, que buscan plasmar en la legislación secundaria y en las acciones de los tres niveles de gobierno el conjunto de los lineamientos introducidos en la reforma. Se analizan, asimismo, las experiencias exitosas de naciones como Chile, Colombia y Costa Rica, al momento de instrumentar sus correspondientes procesos de reforma penal, y se localizan los escollos más significativos que han impedido que la reforma prosiga su camino de forma progresiva. Finalmente, se hace un ejercicio para cuantificar el costo social y económico de la discrecionalidad y corrupción en el sistema de justicia penal en México. Los autores de este libro -¿hay que decirlo?- apuestan por el éxito de la reforma.
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Hay temas en el Derecho penal que, a pesar de su relevancia, no han sido tratados con la seriedad y el rigor que precisan. Esto ocurre con el delito de omisión del deber de socorro. En esta obra de la pluma de Miguel Bustos Rubio, joven penalista español, con indiscutible claridad y calidad se desentrañan las particularidades de este apasionante tema. La omisión del deber de socorro en el Derecho penal español es un libro que no solo es de interés para el lector ibérico, sino que, como acertadamente apunta el autor, el lector mexicano podrá encontrar una guía con pautas para la interpretación del delito mencionado, aplicables a la legislación mexicana que es similar a la española en este punto. Esta obra es editada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales a 40 años de su fundación, como una excelente muestra de la calidad de los autores de su catálogo.
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El contrabando de dinero o de documentos cobrables, conocido legalmente como contrabando equiparado, es un delito que está relacionado con el flujo financiero del tráfico de drogas, la evasión de impuestos y otras actividades ilícitas. El análisis que presenta el autor de este libro parte de un estudio de la evolución histórica del contrabando en México, en particular desde el siglo XIX. El autor se propone aquí responder interrogantes dirigidas a delimitar el objeto de estudio, tales como: ¿cuál es la naturaleza jurídica de este delito?, ¿por qué se denomina contrabando equiparado de dinero?, ¿cuál es el objeto material?, ¿quién es el sujeto activo?, ¿quién es el sujeto pasivo?, ¿cuál es el bien jurídico tutelado?, ¿el contrabando es un ilícito penal o sólo administrativo?, ¿hay violación del principio jurídico de nom bis in idem en las regulaciones administrativas aduanales y penales fiscales en la materia?, ¿cuáles son los elementos de este tipo penal?, ¿por qué el tipo penal se encuentra en una normatividad especial relacionada con la fiscalidad?, ¿cómo se puede prevenir este delito?
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Después de haber sido promulgada la gran reforma penal de 2008, las opiniones de juristas, académicos y expertos en derecho penal salieron a la luz en artículos, estudios, ponencias y ensayos sobre los pros y contras del nuevo sistema de justicia penal. No era para menos: el giro que dio el sistema, gracias a la reforma, ha sido algo inédito en la historia jurídica de México. Desde 2008 las expectativas sobre el sistema han sido enormes, y muchos aún se preguntan si se cumplirán. Habrá de pasar un tiempo para ver los primeros resultados. El Inacipe ha tenido una participación importante en la preparación para el cambio. Una parte de ella es la publicación de diversos títulos que abordan la reforma: desde el estudio y los cambios a la ley promulgada hasta la investigación y estudio de temas muy particulares como el de la cadena de custodia. La importancia de la cadena de custodia es básica para un sistema garantista como el que se ha puesto en marcha en nuestro país. Creemos del todo oportuno ofrecer al lector 50 preguntas sobre la cadena de custodia federal en el sistema penal acusatorio para la comprensión de los protocolos que deben observarse para llevar a cabo una investigación penal efectiva.
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Con frecuencia se ha procurado, e incluso promovido, una amplia reforma en el sistema penal, que no se podría ni debería reducir al relevo de las disposiciones vigentes, total o parcial, sino implica la consecuente transformación en las instituciones a cargo de la procuración y la impartición de justicia en materia penal y diversas acciones en la prevención del delito y la ejecución de las penas y medidas. En este volumen se presentan, a manera de “tipos o modelos” para el trabajo legislativo, los proyectos correspondientes a un Código Penal y a un Código de Procedimientos Penales que resumen y culminan las tareas de grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas en este ámbito. Se trata –hay que subrayarlo- de propuestas desarrolladas a partir de las disposiciones constitucionales vigentes en los primeros meses del año 2004. Evidentemente, una reforma de los textos penales de la Constitución traería consigo cambios mayores en los ordenamientos secundarios, particularmente en el ámbito del enjuiciamiento penal. Éste es, en fin de cuentas, el producto de un largo esfuerzo, con raíces en muchos años de reflexiones y propuestas debidas a numerosos juristas mexicanos, y una herramienta de trabajo que pudiera ser útil a futuros proyectistas. En todo caso, constituye la expresión y el testimonio de una tarea realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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La protección de testigos frente a la criminalidad organizada no queda exenta de valoraciones críticas, siendo que no se concreta a una estrategia policial o de seguridad, pues también afecta a los derechos fundamentales de contenido procesal que deben ser reconocidos a toda persona sometida a la acción de la justicia penal. En este caso, se hace una ponderación de intereses que termina decantándose por la restricción de derechos, sin que ello arroje soluciones de hondo calado frente a una delincuencia cada vez más organizada y que no ha podido contenerse con la extralimitación en la represión. La construcción de estos esquemas de arbitrariedad se debe, en gran medida, a la tendencia bipolar que ha venido mostrando la Comunidad internacional, pues, a la vez que fomenta el respeto de los derechos humanos, concede su vulneración en el contexto de la persecución penal de esta clase de delincuencia asociativa.
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El crimen de la trata de personas –en otrora denominada trata de blancas- es un fenómeno sociocultural histórico que tiene como característica esencial la cosificación de las personas, tratando al ser humano como mercancía con fines de explotación. Se trata de una cadena compleja de procesos y fases que comprende disímiles víctimas y tratantes, a diferentes medios de enganche y de explotación, así como a distintas circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión, aprovechándose de diversas situaciones de vulnerabilidad de índole social, cultural, política y económica. Desde la esclavitud en los tiempos clásicos de la Grecia antigua hasta las actuales representaciones transnacionales de la nueva esclavitud, el delito grave de la trata de personas se ha convertido en uno de los principales retos en materia de violaciones a derechos humanos y, como tal, un desafío para las diferentes estructuras y fines del Estado democrático de Derecho. En este sentido, el presente texto tiene una doble finalidad: analizar el fenómeno criminal de la trata de personas desde las ciencias penales (aspectos históricos, sociales, jurídicos, victimológicos y criminológicos); e impulsar la propuesta de reforma a la ley general vigente en la materia. Ambos apartados, lejos de excluirse, se imbrican en un solo objetivo: construir y sostener una adecuada política criminal del Estado mexicano en contra de este fenómeno que atienda, por una parte, las causas y la dinámica real del fenómeno (trata cultural, trata social y trata del crimen organizado) y, por otro, que sea acorde con los compromisos internacionales y los principios de la dogmática penal. En síntesis, una política que acabe con la impunidad, la criminalización y la revictimización.
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La expansión de la fuerza y capacidades de la criminalidad ha generado la preocupación por atender de manera eficaz este problema a partir de los involucrados en la lucha contra el mismo. De este modo, la capacitación y profesionalización del criminólogo se ha convertido en un tema de interés social. Es por lo anterior que el Libro blanco de la enseñanza de la Criminología en México, elaborado por el reconocido investigador Luis Rodríguez Manzanera con información proporcionada por el Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica (CIECRIM), que agrupa distintas instituciones educativas (públicas y privadas), ofrece un cuadro rico en enfoques, así como una variada cultura en la educación, que desembocan en un importante cúmulo de propuestas y opiniones sobre la oferta educativa en el campo de la Criminología a nivel licenciatura en México. De este modo, la presente obra, al mostrar este panorama, busca cooperar en el alcance de una mayor calidad en los estudios mediante su propuesta de homologación de planes y programas de estudio en su parte esencial, con lo que también se intenta agilizar y lograr la comunicación entre los distintos actores académicos a través de intercambios nacionales e internacionales. Se trata de un documento de trabajo que estimula el análisis y la discusión en aras del mejoramiento en el campo de la enseñanza no sólo de la Criminología, sino que puede extenderse, con los fundamentos presentados, a otras áreas del conocimiento jurídico.
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Estado de excepción: restricción o suspensión de derechos y garantías es una obra fruto de una acuciosa investigación que contribuye al estudio de la formación de los estados de excepción. Si bien es una materia de difícil tratamiento doctrinal, Bernardino Esparza logra establecer en términos claros y comprensibles la importancia del tema. El autor considera que para estudiar de forma correcta el estado de excepción es fundamental, aludir al concepto de “Estado, derechos y garantías”, y estar al tanto de las modificaciones constitucionales del “artículo 29 del texto constitucional de 1812 a 1917”. A su vez, es enfático en razonar sobre las distintas figuras que determinan las constituciones de los Estados miembros de la Unión Europea respecto de la implementación del estado de excepción, y con ello continuar la exploración de dicha figura a través de la instrumentación de los elementos jurídicos para la creación de la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.
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¿Cómo “lava” el dinero la delincuencia organizada? ¿Cómo se financió el ataque terrorista a la ciudad de Nueva York en 2001? ¿Qué lecciones dejó la “Operación Casablanca”, que llevó a prisión a decenas de personas de México, Venezuela y Colombia? ¿Qué pueden hacer las autoridades y las instituciones bancarias para detectar y sancionar esos ilícitos? Ramón García Gibson –connotado abogado experto en temas financieros- expone en este libro los complejos movimientos que siguen los encargados de “blanquear” las ganancias producto de actividades ilícitas, sobre todo las provenientes del narcotráfico, cuáles son las disposiciones legales para prevenir y sancionar esta actividad en diversos países, así como el modo en que funcionan el Compliance en las instituciones financieras. Esta obra es pionera en la materia de estudios acerca del cumplimiento regulatorio, la detección y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, flagelos que actualmente azotan a un gran número de países, y de los cuales México no está exento.
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Primera investigación sobre las instituciones jurídicas aztecas, esta obra que Francisco León Carbajal presentó en 1864 para obtener el título de abogado por la Academia teórico-práctica de jurisprudencia, era prácticamente desconocida. Apoyado en su conocimiento del náhuatl y en fuentes básicas como Clavijero, Torquemada, Alonso de Zorita, Mariano Fernando de Echeverría y Veytia, Antonio de León y Gama, Carbajal Espinosa, Lord Kingsborough y Prescott, entre otros autores, León Carbajal identificó las huellas de los principios de justicia y reglas de equidad e interpretación en los sistemas normativos prehispánicos. En su obra analiza el estado legal de las personas, el estatus jurídico de las cosas –que incluye el Derecho penal- y detalla lo relacionado con los juicios, todo ello con un “sentido, método y estilo rigurosamente jurídicos”. Por su relevancia en la historia del Derecho, así como en la valoración de la cultura prehispánica, nos complace ofrecer la edición facsimilar de esta joya de la historiografía mexicana, acompañada por el estudio preliminar de Ana Luisa Izquierdo y de la Cueva, notable historiadora especializada en estudios mesoamericanos y amplia conocedora de las ciencias jurídicas.
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Esta obra se basa en el modelo de investigación-acción cuyo objetivo es diseñar e implementar estrategias adecuadas para la solución de problemas específicos, y a partir de dicho modelo los autores se han propuesto abordar e impactar con “conocimiento aplicado” el tema de las instituciones de seguridad y de justicia en México. Gracias al concurso de expertos en diversas disciplinas –desde la ingeniería hasta la criminología- el presente trabajo ofrece no solo solidez teórica sino también la experiencia directa surgida de las instituciones analizadas. Los métodos propuestos por los autores podrán ser usados como un valioso marco de referencia para los implementadores de políticas públicas en materia de seguridad y justicia. Políticas públicas para la justicia es una herramienta de apoyo para las enormes necesidades de un país cuyas instituciones jurídicas se encuentran en un momento de transformación. Este libro es una excelente guía para superar el monumental reto que representan los cambios en las políticas públicas en materia de seguridad y justicia.
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Los atentados del 11 de septiembre revelaron que no fuimos capaces de calcular las dimensiones de una estrategia terrorista que se fue gestando durante décadas. Los responsables de tales acontecimientos, un grupo de fanáticos obsesionados en imponer el retroceso, imprimían inaudita violencia empleando la modernidad para atentar contra la modernidad. Una vez más se instrumentalizaba la vida de miles de personas, sólo que ahora el objetivo terrorista no era otro que atentar contra uno de los principales centros de la economía mundial y contra el núcleo de decisiones del que parten la estrategias militares más avanzadas del mundo. De este modo, la particularidad de los medios empleados, la preparación de los agentes para el cumplimiento del objetivo y la trascendencia de los puntos atacados, se conjugaron con la cobertura que dieron los medios de comunicación a los ataques a las Torres Gemelas, lo que permitía constatar no solamente un incremento en el capacidad de actuación de los agentes terroristas, sino también en la posibilidad de éstos para potenciar a escala global la percepción social del miedo a sus acciones. Nada más asimiladas las imágenes de los atentados del 11 de septiembre, nombres como Al-Qaeda y Osama Bin Laden pasaron a ser parte de nuestro vocabulario cotidiano. Ahora esta red terrorista y su líder representaban el paradigma del terrorismo internacional. Era posible constatar que la estructura financiera, el marco operativo, el esquema multiétnico y la estrategia de conexión que fueron empleados para soportar la larga guerra de Afganistán contra el régimen soviético, se habían trasladado a un movimiento terrorista de proyección global. Dicha información abandonaba el terreno del hermetismo de los servicios de inteligencia, para convertirse en algo que se incrustaba en la mente de la sociedad. Al-Qaeda: una compleja manifestación del terrorismo internacional es una obra del Dr. Joaquín Merino que examina los orígenes y evolución de Al-Qaeda como red terrorista. A partir de una investigación acuciosa y con una prosa amigable, Merino acerca al lector a las entrañas de la organización que cambió el concepto de seguridad nacional en este siglo.
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¿Qué tanto influyen la pobreza y la falta de oportunidades en la decisión de un individuo de convertirse en delincuente? ¿Qué proceso racional lleva a cabo un criminal para elegir a sus víctimas? ¿Qué papel juega la cárcel en el aprendizaje de una conducta delictiva? En esta obra, cuya segunda edición presentamos ahora, David Ordaz Hernández y Tilemy Santiago Gómez –investigadores del Instituto Nacional de Ciencia Penales (INACIPE) y del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (IFP-PGJDF), respectivamente- realizan una serie de entrevistas a delincuentes sentenciados por delitos como privación ilegal de la libertad, robo agravado o delincuencia organizada, para conocer de viva voz las circunstancias personales y sociales que los pusieron frente al camino equivocado. ¿Quiénes y por qué lo transitan? ¿Cuáles son las implicaciones de su decisión? Éstas y otras intrigantes cuestiones se abordan a lo largo del texto. Sin duda, esta investigación será catalogada por muchos como una obra polémica, cruda y desgarradora. Pero la lección que se desprende de su lectura y análisis, en palabras de los autores, es que “donde la comunidad exige al Estado el encierro para los desviados, es en donde no cesa el aprendizaje delictivo”.
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En el mundo globalizado en que vivimos, la competencia económica y la claridad de sus reglas son una condición sine qua non para que las naciones alcancen el tan anhelado y muchas veces tantálico desarrollo económico. Entre esas reglas que deban dar certeza a países e individuos están las relacionadas con los monopolios. Este libro aborda el tema de las prácticas monopólicas absolutas en México, desde el punto de vista económico y penal, y describe los conceptos y categorías del marco regulatorio en relación con tales prácticas. Ricardo Gluyas Millán, catedrático del Inacipe, no se queda solo en la descripción y análisis, pues también propone soluciones que permitan el establecimiento de sanciones penales eficientes para las prácticas monopólicas absolutas que permitirán superar la oprobiosa concentración de la riqueza que México padece desde hace muchos años como una suerte de enfermedad endémica. Prácticas monopólicas absolutas y sistema jurídico es un libro que –además de la gran pertinencia y actualidad que tiene por las reformas por las que transita nuestro país- pone énfasis en un tema económico-penal cuya adecuada consideración tendrá repercusiones para los sectores más desfavorecidos de la sociedad mexicana.
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La figura jurídica del arraigo y las interrogantes que su aplicación despierta es el tema que aborda el autor en esta obra. Basado en una documentada investigación, Bernardino Esparza presenta en El arraigo un punto de vista acerca de esa figura en relación con la presunción de inocencia y el derecho de libertad personal. El estudio sobre el arraigo que lleva a cabo Esparza representa una respetable visión dentro de la pluralidad de opiniones acerca de un tema que suscita tanto interés para los juristas.
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Los sistemas acusatorios rara vez centran la atención en la víctima, lo que contribuye a que no se respeten sus derechos plenamente y a que, por consiguiente, no se haga justicia. Esta situación se agrava cuando las víctimas no son adultos sino niñas y niños, cuya condición de vulnerabilidad exige medidas de protección extraordinarias. En este contexto, el Estado tiene la obligación perentoria de brindar protección a quienes se encuentran en una situación natural de indefensión por su corta edad. Es por ello que este volumen está dedicado al análisis minucioso del alcance de las obligaciones del Estado frente a los menores de edad víctima del delito. Se aborda la manera en que debe prevalecer el principio del interés superior del niño, para lo cual se examina en detalle este concepto a partir de la definición establecida en la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. De igual modo, este libro describe las condiciones necesarias para que el Estado tenga la capacidad de cumplir plenamente con su obligación de salvaguardar los derechos de niños y niñas, es decir las instituciones de justicia con los dispositivos y procedimientos más adecuados, así como los órganos especializados y los contenidos legislativos requeridos.
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El 1er. Concurso de ensayo sobre prevención del delito fue organizado por la Procuraduría General de la República con el fin de dar voz a las expresiones ciudadanas en un tema en el que la participación activa de la sociedad es vital para disminuir la presencia del fenómeno delictivo. El concurso tuvo como fin que estudiantes mexicanos contribuyeran a la prevención del delito y, de esa forma, promover la investigación sobre temas relacionados con la procuración de justicia federal. Los temas a desarrollar fueron desaparición forzada, tortura, delitos económicos y fiscales, trata de personas, cibercriminalidad, lavado de dinero, tráfico de drogas y corrupción. Nueve propuestas para prevenir el delito contiene nueve ensayos entre los que se encuentran los tres primeros lugares del concurso, y que representan una muestra de la capacidad crítica de la juventud mexicana y de su visión de los temas de procuración de justicia que han sido materia de debate en el México contemporáneo.
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La sorpresiva aparición del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa, en las páginas de la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, despertó las suspicacias de no pocos observadores políticos, para quienes este gesto de la publicación no pasaba de ser una muestra de humor negro, totalmente alejada de la realidad. Para otros, sin embargo, este acontecimiento sólo fue la confirmación de que la delincuencia organizada había adquirido una estructura de tipo empresarial que la hacía inaccesible a los métodos tradicionales dela policía. Más aún, este modelo de criminalidad se había internacionalizado, al grado de que la trata de personas, la venta de armas, el tráfico de migrantes y el lavado de dinero penetraban las fronteras más renuentes. Esta obra –que nace como resultado de diversas inquietudes sobre el tema, planteadas en la Sexta Cumbre de las Américas, en abril de 2012- hace un análisis de las consecuencias y alcances de la delincuencia organizada y propone ciertos modelos de cooperación que podrían conformar un frente común de países contra este flagelo. Además, expertos en la materia describen las mejores prácticas para combatir al crimen organizado, a partir de documentos de organismos regionales e intercontinentales, y dan a conocer técnicas de investigación para combatirlo con eficacia ya comprobada.
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La reforma constitucional de 2008 trajo consigo nuevas estrategias para combatir el delito de secuestro, una de las actividades ilícitas que golpean cada día con mayor frecuencia a la sociedad. Por este motivo, se creó la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, la cual tiene el claro objetivo de sentar las bases y los ejes de acción para el combate a dicha problemática nacional. En este contexto, el ingeniero Miguel Óscar Aguilar Ruiz presenta el Protocolo de capacitación criminalística para el personal adscrito a las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro; una obra en la que el lector encontrará la propuesta de un programa académico para capacitar en materia de Criminalística a los servidores públicos que integran dichas Unidades Especializadas. En la presente obra se analizan diversos tópicos relacionados con la investigación del delito de secuestro, entre los que destacan los panoramas legislativo, científico y pedagógico lo suficientemente claros para conocer todo los relacionado con las acciones que las autoridades deberán llevar a cabo en la capacitación del personal ministerial, policial y pericial. Esta obra está dirigida tanto a los especialistas en el tema, como a los interesados en conocer las circunstancias y el método de investigación criminalístico de este delito.
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Las políticas públicas relacionadas con las drogas han empezado a cambiar. Estas sustancias ilícitas han dejado de ser el enemigo público número uno y ahora se les empieza a considerar más como un asunto de salud pública y de libre desarrollo de la personalidad, que tan sólo como un problema de criminalidad. Así, el enfoque reactivo y represivo se desplaza hacia otro de prevención integral y de rehabilitación. Bien dice el autor que la guerra contra las drogas ha dejado grandes daños políticos, económicos y sociales y, sobre todo, de victimización de amplios conglomerados de seres humanos, que un nuevo enfoque deberá revertir y reparar. En efecto, el escenario en América Latina demuestra que las políticas represivas no han arrojado resultados positivos y, por ello, es necesario abordar el tema desde una mirada diferente. Si la guerra contra las drogas llega a su fin… es un texto en el que se desarrolla conceptualmente el “enfoque de seguridad inteligente”, como un proceso de provisión de estrategias sostenibles, eficaces y adaptables a las necesidades de cada país, a partir de un trabajo basado en buenas prácticas, evidencias científicas y una perspectiva multisectorial y multidimensional, la cual involucra la participación de diversos actores, institucionales e instrumentos públicos y de la sociedad civil y no solamente del sistema de justicia penal. En estas páginas el ex-secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos, nos comparte los conocimientos acumulados en sus contantes gestiones y recorridos por el continente, ofreciéndonos valiosas experiencias, casos de estudio y posibles rutas para construir sistemas de seguridad holísticos, que ciertamente promuevan y protejan los derechos fundamentales.
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Ante la imperiosa necesidad de enfrentar la delincuencia más grave de alcance internacional se adoptó en 1998 el Estatuto de Roma, que finalmente entró en vigor cuando 60 países lo ratificaron en 2002. Este tratado fue el fundamento jurídico bajo el cual se instituyó la Corte Penal Internacional como tribunal independiente encargado de juzgar a personas acusadas de crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de agresión. La gran mayoría de los países del mundo se adhirieron inmediatamente en calidad de Estados Partes, con excepción de Estados Unidos, China e Israel, que ponían en tela de juicio la legitimidad del organismo. México firmó su adhesión pero no la ratificó, pues se argumentaba que la CPI contravenía los ordenamientos del artículo 21 de la Constitución Política en materia de soberanía y no intervención. En este libro, García Ramírez analiza los principales puntos del debate que dio lugar a la instauración de la Corte Penal Internacional. Reflexiona además sobre la pertinencia de que México ratificara en su momento el Estatuto de Roma, para así ingresar en ese sistema de justicia penal internacional. Se examinan aquí las virtudes y deficiencias de dicho tratado, así como la jurisdicción internacional desde la perspectiva del Estado mexicano con atención a la preservación de los valores y principios de nuestra nación, que finalmente ratificó el Estatuto de Roma en 2005.
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La reducción de la pobreza y la desigualdad social en América Latina son los retos más importantes para los gobiernos y habitantes de la región. Sin embargo, las condiciones que impone la hegemonía del Capitalismo financiero a los países periféricos, como México, es tener un Estado que ejerza únicamente dos funciones: garantizar la reproducción de las ganancias de las minorías privilegiadas; y, contener y reprimir a quienes busquen trastocar el modelo económico-político dominante. En la segunda edición de la presente obra, los autores actualizan los cuatros de medición delictual, y demuestran con nuevos datos y argumentos la expansión de la desigualdad y de la obsesión punitiva.
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El non bis in idem en el ámbito sancionador es una obra de la brillante investigadora Liliana Hernández Mendoza, quien formula un exhaustivo y profundo estudio en torno al principio del non bis in idem, ofreciendo una visión integral que pone de manifiesto los elementos constitutivos de la esencia de este principio clásico, tanto en España como en México. En este libro se logra la difícil tarea de construir una comprensión integral de la prohibición del doble enjuiciamiento y los diversos supuestos en los cuales impera la obligación de respetar el planteamiento fáctico del órgano jurisdiccional ante la definitividad de la resolución judicial. La investigación de la Dra. Hernández trata de un tema central para el ejercicio de la facultad sancionadora, por los cual se convertirá en una herramienta indispensable que brindará una consistente orientación técnico-jurídica.
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La reforma publicada en 2008, que plantea sustituir el sistema penal mixto por uno acusatorio y adversarial, requiere de una mayor y mejor coordinación entre los poderes de la federación, los estados y el Distrito Federal. Dicho cambio, el cual también implica la adopción de nuevos códigos y leyes en materia penal, pretende desarraigar una cultura jurídica contaminada por la corrupción, la inexistencia del Estado de Derecho, una deficiente (o inexistente) preparación de los involucrados en la impartición de justicia y por una detestable cultura de ilegalidad. Todo ello envuelve a la sociedad en circunstancias de indefensión y desconfianza en las instituciones y autoridades, aunadas a los problemas de desigualdad socioeconómica. Este cúmulo de problemáticas es tratado por la autora Cristina Begné Guerra a partir de la figura central del agente del Ministerio Público, quien, al ser parte imprescindible del primer acercamiento de la sociedad a la justicia, es pieza clave para el diagnóstico del estado actual de la justicia. A partir de entrevistas y análisis, Estado de Derecho y Ministerio Público en México pone al alcance del público el perfil de las personas que trabajan en dicha institución, las funciones que realizan y su visión como servidores públicos, en aras de lograr una mejor comunicación que conduzca al mejoramiento de las instancias de procuración de justicia, con la esperanza de que el Estado de Derecho no sea una vana ilusión. Se trata de una obra fruto de una investigación basada en datos certeros a partir de entrevistas y guías temáticas que harán de su lectura una experiencia trascendental para el público ávido de justicia.
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El camino por el que transitan las instituciones es similar al de una vida humana. Hay momentos de preparación, formación y de “madurez”. En ese tenor, hoy podemos decir que el Instituto Nacional de Ciencias Penales ha entrado en un periodo de madurez en el que sus logros se ven reflejados en la vida pública del país y los conocimientos que se crean en él se esparcen por el mundo. 40 años de historia nos cuenta los pasos que ha dado el Inacipe para convertirse en una casa de estudios de excelencia académica. Un camino que no ha estado exento de obstáculos pero que siempre ha resurgido gracias al esfuerzo y a la entrega de quienes han formado parte de él. Esta obra hace un recuento desde la idea de crear el instituto, de la participación vital de la Academia Mexicana de Ciencias Penales hasta el gran momento de consolidación del Inacipe con la transición al nuevo sistema de justicia penal en México. Celebramos los 40 años de existencia del Inacipe y estamos seguros de que vendrán muchos años más de aportaciones a la vida jurídica de México.
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En el Commentariolvm petitionis se dejan ver todas las desventajas en que se hallaba Cicerón en su candidatura para el consulado; pero también la importancia de su elocuencia en este campo, así como la simpatía de que gozaba entre los ciudadanos; la gratitud que debía cobrar de quienes alguna vez hubieran sido defendidos por él en su calidad de abogados y con frecuencia, la indignidad a que Cicerón tuvo que enfrentarse para conquistar su propósito. El candidato debía lograr que se hablara bien de él; que todos llegaran a pensar que él los conocía en persona; hablarles cortésmente, pedirles asidua y diligentemente; ser benigno y liberal. Su casa debía colmarse de gente hasta entrada la noche; presentarse gente de todas las familias. Su discurso debía satisfacer a todos; su obra, a muchos; hasta lograr, no que su fama llegara al pueblo, sino que el pueblo mismo asumiera como tarea propia su campaña electoral.
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La presente obra contiene una polémica dada entre un profesor español y uno mexicano sobre el controvertido tema de las lagunas normativas en el derecho. El profesor español es Juan Ruiz Manero, conocido ampliamente en todo el ámbito de habla española por sus numerosos libros y ensayos, muchos de ellos elaborados conjuntamente con el profesor Manuel Atienza; el profesor mexicano es Ulises Schmill, catedrático conocido fundamentalmente por su aceptación y difusión de las tesis positivistas de Hans Kelsen. Es notable el número de coincidencias en diversas tesis que se discuten entre los dos autores de estos ensayos, en especial frente a posturas como las del filósofo argentino Eugenio Bulygin y Fernando Atria. Las discrepancias no son menos fundamentales, pues Ruiz Manero afirma la existencia de lagunas en el derecho con base en la aceptación de posturas como las del filósofo norteamericano Ronald Dworkin y Frederick Schauer, mientras que Schmill niega la existencia de las lagunas normativas con base en consideraciones de carácter radicalmente positivas.
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Dentro de la ya añeja tradición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de producir desde los años 40 del siglo pasado, materiales de apoyo a la investigación académica en las diversas disciplinas jurídicas, se encuentra la elaboración de bibliohemerografías. Aprovechando los ricos repositorios del propio Instituto, ahora informatizados, se encuentra el presente libro. En este trabajo, su autor, José Luis Soberanes Fernández, reúne en un solo volumen la información de la producción histórico-jurídica mexicana, con el propósito de ofrecerla al público interesado de nuestro país y fuera de él, labor ciertamente útil, dada la dificultad que existe entre nosotros, de encontrar no solamente los trabajos de referencia, sino, sobre todo, la noticia de su existencia. Como su nombre lo indica, el texto es un ensayo; por lo tanto, no es un trabajo definitivo, tarea que de por sí resultaría prácticamente imposible hoy en día, dada la escasez de instrumentos técnicos y tecnológicos adecuados para conseguirlo; pero de continuar el esfuerzo recopilador en el futuro, ello será posible, Por lo pronto contamos con este libro, que representa una base para ello. El autor agradecerá cualquier aportación o sugerencia para ulteriores ediciones, en la siguiente dirección electrónica: soberan@unam.mx.
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El Consulado de Comercio de Puebla es una institución que, como otras, estaba prácticamente ausente en la historiografía jurídica mexicana. De hecho, no se sabía a ciencia cierta si el Consulado poblano y su tribunal habían funcionado, si existían expedientes derivados de su actividad, qué derecho habían aplicado, si tenían ordenanzas propias, su integración, antecedentes, etcétera. Lo que hacía evidente su fundación eran los dos escritos que en su contra publicaron primero Filalethes (D. Carlos María de Bustamante) y luego Virplan. La búsqueda exhaustiva de los expedientes del Consulado permitió localizar al final de la jornada no solamente los expedientes sino la documentación que sirva para reconstruir los antecedentes del Tribunal Consular a través de la diputación del Consulado de México en dicha ciudad. En este sentido, el presente texto constituye un primer acercamiento al Consulado de Puebla a través de sus expedientes y una prueba fehaciente de su existencia, antecedentes, desarrollo y avatares hasta su desaparición en 1824. Se trata del último Consulado de Comercio en ser establecido en México y el primero de la recién ganada vida independiente, fundado por Agustín de Iturbide.
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Esta obra explica cómo se establecieron los derechos de los pueblos indígenas en el orden constitucional colombiano y las decisiones que sobre esta materia ha tomado la Corte Constitucional teniendo en consideración dinámicas jurídico-políticas internacionales y nacionales. La existencia de los numerosos derechos que fueron reconocidos en la Constitución, y los contenidos que a éstos les ha otorgado la Corte Constitucional, no se explica sólo por las numerosas acciones de presión que las organizaciones de los pueblos indígenas han ejercido en las últimas décadas sobre el sistema jurídico-político colombiano, sino que está relacionada con la globalización, vista como un fenómeno que no puede reducirse sólo a expresiones económicas; de allí que la globalización se asuma como un proceso que involucra dinámicas sociales, de comunicación, culturales, políticas y jurídicas. Si articulamos la actividad de los pueblos indígenas, las de los sectores políticos integrantes de la Constituyente –entre ellos tres delegatarios indígenas- y la Corte Constitucional con las dinámicas globales existentes en el sistema de los derechos humanos, el escenario se transforma y podemos detectar procesos sociopolíticos nacionales e internacionales que permiten un contexto más amplio, el cual explica el reconocimiento de los derechos para los pueblos indígenas en el sistema jurídico colombiano a partir de 1991.
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El siglo XXI del puerocentrismo, debido a que la atención se enfoca en la figura que representa el menor, al ser éste la pieza más vulnerable en toda relación familiar. Una atención especial que se materializa en el principio del interés superior del menor que aterriza en dos figuras claves: la adopción internacional y el tráfico internacional de menores. El lector encuentra un primer capítulo destinado al marco teórico-conceptual donde se ofrece una aproximación del contenido de este principio. En este contexto, se expone el debate existente desde la óptica jurídica y semántica de la utilización del término menor vs niños, niñas y adolescentes. El segundo capítulo, se destina al análisis del contexto normativo del interés superior del menor. El tercer capítulo contextualiza el interés superior del menor en la adopción internacional, y analiza el contorno normativo convencional en la materia. El cuarto capítulo analiza los instrumentos internacionales que México ha ratificado en la materia. Finalmente, el capítulo quinto estudia la normativa de origen interno (autónomo) mexicano que aborda el interés superior del menor en las dos figuras mencionadas. Con esta estructura se pretende dar un panorama global de la protección de los menores en la adopción para que ésta no sea un puente lícito para el tráfico internacional de menores.
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De acuerdo con Jean Giraudoux, el derecho es la más poderosa escuela de la imaginación. Acaso animados por esta consigna, los participantes en el seminario “Tendencias actuales del derecho” (organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con el apoyo del Departamento del Distrito Federal en 1991) llevaron a cabo un examen de las condiciones actuales en que viven en nuestro país las ciencias y las prácticas jurídicas. De esta manera, ofrecen una amplia perspectiva del complejo y vasto orden de las instituciones, instrumentos legales, doctrinas, corrientes de ideas y pensamiento que constituyen el derecho mexicano. Sólo a partir de un profundo conocimiento de la situación presente podremos comprender cuáles son los retos a los que debe responder nuestro sistema para acompañar las vertiginosas transformaciones producto de las intensas y cada vez más abundantes iniciativas sociales. En la medida en que puedan descifrarse con mayor exactitud los grandes problemas que aquejan al régimen legal mexicano, se afrontarán de manera más articulada y precisa los requerimientos de justicia populares; se avanzará en las reformas procesales que tanto hacen falta para la administración de justicia pronta y expedita, y se construirá una cultura del derecho acorde con un mundo altamente tecnificado y en transformación. El conjunto de análisis de notables juristas nacionales y extranjeros reunido en Tendencias actuales del derecho es el mejor ejemplo de una imaginación jurídica que nos convoca a pensar en la arquitectura política y judicial del México que acaba de arribar a un nuevo siglo.
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¿Por qué los economistas y el saber económico han pasado a tener un lugar tan destacado en la política y la academia latinoamericana? ¿Cómo han sido desplazados los abogados de las posiciones de poder? ¿Cómo se consolidan las redes de profesionales, políticos y académicos mediante las cuales se exportan a América Latina instituciones y conocimientos producidos en Estados Unidos? En este libro, Yves Dezalay y Bryant Garth ofrecen respuestas originales y sólidas a éstas y otras interrogantes. Con base en más de 300 entrevistas extensas con actores de gobiernos, fundaciones, firmas de abogados, universidades y centros de investigación en Brasil, México, Chile, Argentina y Estados Unidos, Dezalay y Garth examinan la producción de prácticas y saberes en el Norte –desde la economía neoliberal hasta las redes de defensa de derechos humanos- y la forma como dichas prácticas y saberes son recibidos y trasplantados selectivamente en América Latina por elites que se valen de ellas para librar luchas por el poder nacional. El resultado es un estudio lúcido y sin precedentes sobre la globalización en América Latina y sobre las transformaciones de los Estados latinoamericanos a comienzos del nuevo milenio.
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El presente libro contiene veinte trabajos que Dieter Nohlen ha desarrollado a lo largo de los últimos años. Estructurada en seis capítulos, la presente antología cubre la perspectiva del autor sobre las formas de gobierno, los sistemas electorales, el federalismo, y Estado de las autonomías, la jurisdicción constitucional y justicia electoral, y la cultura política. El primer capítulo se dedica a la democracia actual, y percibe la situación en la que se encuentra ésta, en forma de distintos desafíos en vez de déficit. El siguiente capítulo analiza el ámbito político-institucional y las renovaciones institucionales. Cabe destacar allí la postura del autor en el debate presidencialismo versus parlamentarismo, en el que se inclina por el sistema presidencial como más adecuado al contexto político-cultural de América Latina y la renovación del presidencialismo como estrategia gradual de adaptación de la gobernabilidad democrática. El capítulo que sigue, “Sistemas electorales y sus reformas”, estudia la relación de los sistemas electorales con sus entornos, interrelación que pone en cuestión la función de variable independiente que normalmente juega el sistema electoral en los análisis causa-efecto. Trata también la pregunta de cómo se generan o reforman los sistemas electorales mediante el análisis del sistema electoral español y el sistema electoral chileno. El capítulo siguiente se dedica al tema del federalismo y sus diferentes manifestaciones, entre las que se puede subsumir también al Estado de autonomías, que se ha creado en España a partir de la constitución de 1978. A continuación, presenta tres estudios relacionados con la jurisdicción constitucional y la justicia electoral. Finalmente, el último capítulo trata en diversos artículos las instituciones y la cultura política, el discurso político, la propaganda y las campañas electorales, el caudillismo y la integración en el discurso político de América Latina.
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El acceso a la información pública y la transparencia constituyen la principal novedad democrática de nuestro país en los últimos años. Las leyes de transparencia y acceso a la información –la federal y las veintiocho estatales emitidas hasta hoy- constituyen de suyo una importante reforma política nacional, fruto maduro de una etapa en la que la democracia busca su consolidación. Sin embargo, los datos indican que aunque mucho se ha avanzado en esta materia persisten problemas importantes, tanto en el diseño de las leyes como en los mecanismos concretos del acceso. Por ello, algunos de los más destacados especialistas del país en materia de transparencia y derecho de acceso a la información analizan en esta obra la conveniencia de constitucionalizar este derecho y avanzan una serie de propuestas concretas en esta dirección. Los trabajos incluidos en este libro se agrupan en tres grandes secciones. En la primera de ellas se analiza, desde una perspectiva teórica, cómo el derecho de acceso a la información se construye como un derecho fundamental, y se presenta una perspectiva comparada del estado que guarda este derecho en las Constituciones del mundo. En la Segunda parte los autores revisan, desde una perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa, las diferentes leyes de acceso a la información en el país. La conclusión es contundente: las entidades federativas han afrontado el desafío de la transparencia de modos muy diferentes. Al tiempo que existen leyes ejemplares, otras contienen disposiciones y prácticas que han impulsado débilmente o de plano han dejado trunco el derecho de acceso a la información. En la tercera parte se realiza un balance de la situación y se presentan diversas propuestas para una reforma constitucional que busca informar en sus aspectos técnicos un debate necesario para profundizar y consolidar uno de los avances más importantes en la historia reciente del país.
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Luis Alfredo Garavito era un hombre que vendía ventiladores en las escuelas de varias ciudades de Colombia. Conversar con los niños le resultaba particularmente cómodo. Ellos le conocían como “el amigo Garavito”. Sin embargo, cuando esos niños comenzaron a desaparecer, se inició una investigación que, 10 años después, permitió descubrir que Garavito, además de vendedor de ventiladores, era uno de los más peligrosos asesinos. El Fiscal colombiano, Álvaro Vivas, que participó de manera muy cercana en este caso, cuya resolución se considera, en Latinoamérica, uno de los sucesos más importantes en materia de investigación de homicidios seriales del siglo XX, narra en esta conferencia los pormenores del caso. Aunque es muy distinto al asunto que los medios de comunicación han llamado “las Muertas de Juárez”, Vivas subraya diferencias y coincidencias con los homicidios de esta ciudad mexicana, provocando en el lector una reflexión sobre lo que es y no es un asesino serial.
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La reforma constitucional del 20 de julio de 2007, mediante la cual se introduce un segundo párrafo en el artículo 6º. de la Constitución, es de la mayor trascendencia y puede calificarse como histórica, porque a partir de ella habrá un antes y un después en la materia que pretende regular. Dicha materia es la de dotar de herramientas jurídicas a todas las personas para ejercer el derecho de acceso a la información pública en el sentido más amplio del término, aunque la reforma prevé también otras cuestiones interesantes e importantes. El presente ensayo ofrece un comentario general, con base en objetivos de carácter descriptivo, del contenido de cada una de las siete fracciones y tres artículos transitorios que la reforma introduce en la Constitución mexicana.
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La presente obra estudia los principios y las instituciones fundamentales del derecho tributario, ofreciendo al público lector una panorámica de los temas más relevantes de la parte general. Su principal objetivo, por los tanto, es responder a preguntas esenciales de esta rama del derecho mediante la exposición clara y sencilla de cuestiones básicas del fenómeno jurídico-tributario, tales como la relación jurídica tributaria, los derechos humanos de los contribuyentes, la composición del sistema tributario mexicano, las categorías tributarias y los elementos esenciales que las conforman, la potestad tributaria del Estado; los métodos de interpretación de las normas fiscales, la deuda tributaria y sus formas de extinción, y los ilícitos tributarios, por mencionar algunos. Este volumen forma parte de la colección Cultura Jurídica, que refrenda el interés del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Editorial Porrúa en seguir impulsando los temas de vanguardia y ponerlos al alcance de todos.
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La verdadera cultura de la legalidad se plasma en el pensamiento y las ideas de los maestros de derecho, quienes con su valiosa aportación a la presente compilación, participan en la construcción de un sistema procedimental que alienta la búsqueda de aquellos elementos materiales y humanos que permitan el desarrollo de una impartición de justicia en materia familiar cada día más eficaz. En la presente compilación, el lector advertirá como destacados juristas analizan diversas aristas sobre la oralidad, y estudian ciertas áreas del conocimiento jurídico, que influirán decididamente en la elección de los medios procesales idóneos, lo cual permitirá una mayor cohesión familiar y social.
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Las novedades más destacables que presenta el constitucionalismo mexicano dentro de los primeros años del nuevo siglo son dos: por un lado, los esfuerzos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por consolidar su “identidad” de Tribunal Constitucional y, por otro, el inicio de una corriente creciente de ordenamientos jurídicos locales que han incorporado sistemas de justicia constitucional para la salvaguarda de su Constitución. Los cuatro primeros ensayos de justicia constitucional local son el objeto de estudio de este trabajo. El lector encontrará un análisis de las reformas constitucionales de Veracruz del año 2000, de Coahuila y Tlaxcala de 2001 y de Chiapas de 2002, con énfasis exclusivo en la institucionalización de la justicia constitucional local. Su finalidad es mostrar cómo se estructuran institucionalmente los sistemas creados en un intento de primera exploración. Por ello, se muestran básicamente las peculiaridades del órgano al que se confían atribuciones de constitucionalidad; se explicitan las garantías judiciales de los encargados de aplicar judicialmente la Constitución; se listan los instrumentos procesales creados; se observan los actos o disposiciones creados; se observan los actos o disposiciones que pueden impugnarse; se especifican los entes que cuentan con legitimación procesal para ello y se relatan los efectos de las sentencias constitucionales. En la parte final se realiza una reflexión sobre las tensiones y equilibrios que pueden surgir ante la actuación paralela de los modelos de justicia constitucional periféricos y el sistema federal, para concluir, por su conexidad con la temática estudiada, con el esbozo de algunas ideas sobre el concepto de Constitución y sobre la interpretación constitucional.
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En Tipos penales en el ámbito internacional, el autor somete a prueba los estándares y criterios de un Derecho Penal garantista. Conceptos como el bien jurídico y los principios de legalidad y culpabilidad son el punto de partida para la reflexión. Por su novedad e importante número de Estados partes, el autor toma como objeto específico de su estudio los tipos penales establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual ha dado vida al primer tribunal penal internacional permanente de la historia. Con una visión integral en cuanto a las repercusiones de este tratado en el mundo, el autor presenta algunas propuestas de tipificación de los delitos internacionales existentes y responde, con su análisis, a algunas preguntas, entre las que destaca: ¿Es viable y pertinente la inclusión de nuevos tipos penales en el Estatuto de Roma?
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Desde hace más de medio siglo, la Organización de las Naciones Unidas ha llevado a cabo, cada lustro, el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. En 2015 el Congreso tendrá verificativo en Doha, Qatar, del 12 al 19 de abril. La agenda es amplia e incluye temas como la cooperación internacional y regional para combatir la delincuencia organizada transnacional. En relación a México, el Congreso llega en un momento trascendental: vivimos la transformación del sistema penal, acorde con las nuevas perspectivas del Derecho que privilegian un sistema de leyes enfocado a la reintegración social y, sobre todo, a la prevención y no a la reacción ante el delito. Buenas prácticas en prevención del delito y justicia penal en México es un texto que pone en manos del lector un compendio de programas e instrumentos legales para promover el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género, entre otros temas de relevancia. En estos documentos se vislumbra el aprovechamiento de disciplinas como la justicia terapéutica, la justicia restaurativa y el novedoso Derecho victimal. Con esta obra, México, a través del Instituto Nacional de Ciencias Penales, busca poner al alcance de lectores nacionales e internacionales los importantes avances que nuestro país ha logrado en materia de prevención del delito y justicia penal. De esta forma, México se enriquecerá con la experiencia internacional en la aplicación de nuevas políticas criminales.
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Conceptos de Genética en esta edición proporciona apoyo a los estudiantes en el estudio de una de las disciplinas científicas más fascinantes. Esta ha sido diseñada para lograr cinco objetivos importantes: o Establecer el armazón conceptual que sirva de esquema adecuado para el aprendizaje. o Subrayar la rica historia de descubrimientos científicos y de pensamiento analítico. o Cubrir la materia con un formato organizativo limpio e interrelacionado. o Figuras que enseñen en lugar de que simplemente ilustren. o Explicaciones escritas clara y directamente que aclaren los temas difíciles y complejos. ILUSTRACION DE CUBIERTA Uno de los objetivos de la investigación genética es desarrollar el mayor conocimiento de la función genética. El modelo molecular de la portada representa la unión de la proteína p53 con el ADN. Las mutaciones en el gen p53, que codifica para esta proteína, están relacionadas con una división celular incontrolada y con el desarrollo del cáncer. Así esta proteína juega un papel clave en el proceso de división celular –papel investigado en gran detalle en los capítulos 2 y 21 del texto-. Las coordenadas estructurales utilizadas en la construcción de este modelo las proporcionó el Dr. Nikola Pavelitch del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center.
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Según la Organización de las naciones Unidas, alrededor de dos mil cuatrocientos millones de personas en el mundo carece de acceso a cualquier medio de saneamiento y alrededor de ochocientos cuarenta millones tiene una ingesta alimentaria insuficiente, de los cuales más de la mitad son niños. En pleno siglo XXI, familias enteras fallecen por desnutrición de una manera igual a la que ocurría hace miles de años cuando comenzaba la humanidad, algo totalmente incomprensible en una era de riqueza y desarrollo sin precedentes. Para lograr la recuperación de un niño desnutrido es importante poder corregir los problemas médicos y dar una atención nutricional apropiada, pero tan necesario como esto es poder generar un medio social adecuado y poder brindar el afecto y estímulo continuo por parte de su familia. En este libro se analizan extensamente los aspectos fisiopatológicos y clínicos de la desnutrición primaria y se brindan de una manera práctica las directrices para su tratamiento nutricional.
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La intervención temprana en el neurodesarrollo suele tener acepciones diferentes según el campo teórico que le sirva de marco, por lo que suele ser un tema controversial. Este libro describe una forma creativa y práctica para el abordaje de cada caso, destaca la utilidad de los diagnósticos clínicos funcionales y muestra la importancia de la individualidad en el diseño de estrategias terapéuticas según cada patología, cada paciente, cada familia y en cada etapa de su historia. Está sustentado en una vasta experiencia clínica terapéutica en el trabajo transdiciplinario dentro de equipos de salud y en la preservación de la calidad de vida del niño y su familia. La descripción de los casos clínicos, desde la primera consulta en adelante, pone al alcance de las personas comprometidas con esta temática un relato interesante basado en la evidencia y en la realidad. La pericia de la autora, en el campo de la terapia en el neurodesarrollo, está sostenida por más de treinta años de ejercicio profesional en la salud y en la enfermedad neurológica crónica. Esto le permite describir, desde una mirada clínica integral, las dificultades en la instrumentación de una terapia de intervención temprana debidas a la vulnerabilidad familiar, los miedos y los cambios que se dan dentro de distintos momentos del desarrollo. Este libro no pretende ser una guía, sino una cuidadosa selección de estrategias de abordaje terapéutico en pacientes que pueden padecer una enfermedad desde el momento en que aparecen los signos de alarma hasta la definición de un diagnóstico funcional que permita diseñar los recursos de prevención o habilitar las áreas del desarrollo afectadas o en riesgo de serlo.
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El presente libro, inicialmente inspirado en el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Salud y Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas, llega a sus lectores con el afán de brindar una opinión sobre diversos aspectos médicos que se entrelazan con el derecho, la filosofía y la bioética. En su contenido encontramos una serie de percepciones que, de acuerdo con Hume, son impresiones e ideas sobre actividades médicas adquiridas a lo largo de varios años. Cuando el autor menciona “derecho” y “salud” no solamente se refiere al estudio de los derechos y obligaciones del médico hacia sus pacientes y colegas en el ámbito profesional, aunque todo ello es importante y requiere ser visto en el marco de los moral y legal, estos aspectos, hay que reconocerlo, atañen a los derechos humanos, a la medicina y al derecho. A lo largo del presente trabajo los temas jurídico y médico son los derechos humanos, y si bien es cierto que el autor aborda aspectos sobre la autonomía del paciente, la confidencialidad y el consentimiento para realizar estudios y tratamientos, también profundiza sobre el respeto a la persona, su dignidad y el derecho a la justicia.
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¿Podremos clonarnos en un futuro?, ¿será legalmente válido escoger a los bebés “a la orden del que paga”?, ¿será inevitable la discriminación genética?, ¿la legislación en el ámbito de la salud y la investigación científica puede convertir a México en un “paraíso genómico” donde lo no prohibido está permitido? El Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Salud y Derecho, cruzando las fronteras entre la problemática de la salud humana y sus repercusiones en el ámbito jurídico, y profundizando en su línea de investigación respecto al genoma humano, organizó, en colaboración con la Secretaría de Salud, una reunión internacional de expertos en el análisis de la protección jurídica del genoma humano. Las reflexiones aquí plasmadas son el conjunto de diversos trabajos de expertos investigadores originarios de Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, Argentina y México, quienes desde las diferentes familias jurídicas, como son el sistema romano germánico y el common law, exponen las diversas formas en que sus respectivos países han venido reglamentando cuestiones tales como el descubrimiento y aprovechamiento del genoma humano; la importancia de la privacidad genética; el manejo de la información genética; el desarrollo de las patentes en el ámbito biogenético y los derechos y obligaciones de los investigadores involucrados en estas áreas. En el caso particular de México, fueron planteadas las líneas básicas de la reforma jurídica en la que se incorpora, de manera adecuada, la investigación y disposición del genoma humano, respetando puntualmente los acuerdos internacionales y los principios fundamentales de los derechos humanos.
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Los avances en el conocimiento acerca de cómo funciona el cerebro humano son fascinantes. Si bien esta aventura apenas empieza, los resultados de las investigaciones en neurociencias y otras disciplinas han tenido un enorme impacto en nuestra vida individual y social. La publicidad, la mercadotecnia, la psicología y la psiquiatría se nutren de estos avances que hace apenas unos años hubieran parecido imposibles. En Neurociencias, Bioética y Bioderecho se explora la influencia que las investigaciones neurocientíficas han tenido y que pueden tener en materia jurídica. Estas reflexiones resultan muy pertinentes en temas polémicos como la inimputabilidad y el consumo de drogas. El simposio del que da cuenta este libro de la colección Memorias es una discusión fructífera entre expertos en neurociencias, que nos invitan a adentrarnos en el maravilloso infinito del cerebro humano. De estas reflexiones se desprenden valiosas lecciones para los juristas y los lectores en general.
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Dar cumplimiento a la solicitud en el Área Pericial de Medicina Forense TOMO IV Realizar toma de muestras para estudios complementarios La exigencia de contar con servidores públicos más profesionales genera, al interior de las instituciones, la necesidad de identificar la efectividad real de la formación y capacitación; así como los recursos designados para tal efecto, de manera que se refleje una mejor actuación en las funciones que le son encomendadas al personal en sus diferentes puestos y niveles, enfocando sus esfuerzos a responder de modo eficiente y eficaz las demandas de la sociedad. Es por ello que, partiendo del criterio de que la formación no debe reducirse a un adiestramiento mecánico para satisfacer necesidades inmediatas, sino que supone el dominio integral de un campo laboral, la Dirección General de Formación Profesional de la Procuraduría General de la República, en un marco de transparencia y rendición de cuentas acerca de sus acciones, se dio a la tarea de instrumentar un Modelo de Competencia Laboral institucional capaz de fomentar un sistema de profesionalización, en el que la persona es el centro del proceso formativo, garantizando que lo que se enseñe en las aulas sea efectivamente lo que se requiere para un desempeño eficiente en las funciones encomendadas al personal sustantivo, mediante la transferencia de los conocimientos necesarios y el desarrollo de sus capacidades, estimulando, a su vez, acciones que le permitan su realización personal y profesional. De esta manera, por medio de la participación de personal pericial en el Área de Medicina Forense se generaron los referentes de actuación, instrumentos para la evaluación del conocimiento aplicado al desempeño, y los programas modulares de capacitación para el personal; todo ello, con un enfoque eminentemente autodidáctico. Derivado de lo anterior, se desarrolló el presente Manual para el curso de capacitación por competencias. Dar cumplimiento a la solicitud en el Área Pericial de Medicina Forense. Tomo IV. Realizar toma de muestras para estudios complementarios, el cual pretende servir de apoyo práctico para el personal pericial que desempeña las funciones relativas a toma de muestras para estudios complementarios, tanto de nuevo ingreso como el que tiene más experiencia, al brindarle los elementos necesarios para desempeñar sus funciones con apego a la legislación actual aplicable.
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La Serie Conferencias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado al alcance del público desde 2005, para dar a conocer la opinión de los señores Ministros en numerosos temas. En esta colección se han plasmado las participaciones de los Ministros en foros diversos, donde se han tratado asuntos de la máxima actualidad en el país y el extranjero. Cuestiones que preocupan al público en general, como los derechos humanos y su protección, el sistema de gobierno, la equidad de género, la jurisdicción constitucional y otras, son examinadas doctamente por los Máximos Jueces del País, sobre todo con base en fallos producidos por la Corte, aunque sin pasar por alto el parecer de otros órganos jurisdiccionales, tanto nacionales como supranacionales. Los textos presentados en estas publicaciones reproducen fielmente las aludidas intervenciones de los Ministros de la Suprema Corte en diversas sedes que los acogieron durante el desarrollo de muy variadas conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, etcétera. Se han ordenado además cronológicamente, señalándose la fecha y el lugar en que se efectuaron, así como su motivo. Sin duda, esta serie, que desde hace años ha motivado la atención de incontables lectores, continuará proporcionando elementos de reflexión sobre tópicos de interés general, cuya exposición por parte de juristas expertos es oportuna y necesaria para su cabal comprensión.
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La Serie Conferencias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado al alcance del público desde 2005, para dar a conocer la opinión de los señores Ministros en numerosos temas. En esta colección se han plasmado las participaciones de los Ministros en foros diversos, donde se han tratado asuntos de la máxima actualidad en el país y el extranjero. Cuestiones que preocupan al público en general, como los derechos humanos y su protección, el sistema de gobierno, la equidad de género, la jurisdicción constitucional y otras, son examinadas doctamente por los Máximos Jueces del País, sobre todo con base en fallos producidos por la Corte, aunque sin pasar por alto el parecer de otros órganos jurisdiccionales, tanto nacionales como supranacionales. Los textos presentados en estas publicaciones reproducen fielmente las aludidas intervenciones de los Ministros de la Suprema Corte en diversas sedes que los acogieron durante el desarrollo de muy variadas conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, etcétera. Se han ordenado además cronológicamente, señalándose la fecha y el lugar en que se efectuaron, así como su motivo. Sin duda, esta serie, que desde hace años ha motivado la atención de incontables lectores, continuará proporcionando elementos de reflexión sobre tópicos de interés general, cuya exposición por parte de juristas expertos es oportuna y necesaria para su cabal comprensión. Ministro Juan N. Silva Meza Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y del Consejo de la Judicatura Federal
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La Serie Conferencias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado al alcance del público desde 2005, para dar a conocer la opinión de los señores Ministros en numerosos temas. En esta colección se han plasmado las participaciones de los Ministros en foros diversos, donde se han tratado asuntos de la máxima actualidad en el país y el extranjero. Cuestiones que preocupan al público en general, como los derechos humanos y su protección, el sistema de gobierno, la equidad de género, la jurisdicción constitucional y otras, son examinadas doctamente por los Máximos Jueces del País, sobre todo con base en fallos producidos por la Corte, aunque sin pasar por alto el parecer de otros órganos jurisdiccionales, tanto nacionales como supranacionales. Los textos presentados en estas publicaciones reproducen fielmente las aludidas intervenciones de los Ministros de la Suprema Corte en diversas sedes que los acogieron durante el desarrollo de muy variadas conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, etcétera. Se han ordenado además cronológicamente, señalándose la fecha y el lugar en que se efectuaron, así como su motivo. Sin duda, esta serie, que desde hace años ha motivado la atención de incontables lectores, continuará proporcionando elementos de reflexión sobre tópicos de interés general, cuya exposición por parte de juristas expertos es oportuna y necesaria para su cabal comprensión. Ministro Juan N. Silva Meza Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y del Consejo de la Judicatura Federal
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La Serie Conferencias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado al alcance del público desde 2005, para dar a conocer la opinión de los señores Ministros en numerosos temas. En esta colección se han plasmado las participaciones de los Ministros en foros diversos, donde se han tratado asuntos de la máxima actualidad en el país y el extranjero. Cuestiones que preocupan al público en general, como los derechos humanos y su protección, el sistema de gobierno, la equidad de género, la jurisdicción constitucional y otras, son examinadas doctamente por los Máximos Jueces del País, sobre todo con base en fallos producidos por la Corte, aunque sin pasar por alto el parecer de otros órganos jurisdiccionales, tanto nacionales como supranacionales. Los textos presentados en estas publicaciones reproducen fielmente las aludidas intervenciones de los Ministros de la Suprema Corte en diversas sedes que los acogieron durante el desarrollo de muy variadas conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, etcétera. Se han ordenado además cronológicamente, señalándose la fecha y el lugar en que se efectuaron, así como su motivo. Sin duda, esta serie, que desde hace años ha motivado la atención de incontables lectores, continuará proporcionando elementos de reflexión sobre tópicos de interés general, cuya exposición por parte de juristas expertos es oportuna y necesaria para su cabal comprensión. Ministro Juan N. Silva Meza Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y del Consejo de la Judicatura Federal
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La Serie Conferencias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado al alcance del público desde 2005, para dar a conocer la opinión de los señores Ministros en numerosos temas. En esta colección se han plasmado las participaciones de los Ministros en foros diversos, donde se han tratado asuntos de la máxima actualidad en el país y el extranjero. Cuestiones que preocupan al público en general, como los derechos humanos y su protección, el sistema de gobierno, la equidad de género, la jurisdicción constitucional y otras, son examinadas doctamente por los Máximos Jueces del País, sobre todo con base en fallos producidos por la Corte, aunque sin pasar por alto el parecer de otros órganos jurisdiccionales, tanto nacionales como supranacionales. Los textos presentados en estas publicaciones reproducen fielmente las aludidas intervenciones de los Ministros de la Suprema Corte en diversas sedes que los acogieron durante el desarrollo de muy variadas conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, etcétera. Se han ordenado además cronológicamente, señalándose la fecha y el lugar en que se efectuaron, así como su motivo. Sin duda, esta serie, que desde hace años ha motivado la atención de incontables lectores, continuará proporcionando elementos de reflexión sobre tópicos de interés general, cuya exposición por parte de juristas expertos es oportuna y necesaria para su cabal comprensión. Ministro Juan N. Silva Meza Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y del Consejo de la Judicatura Federal
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La Serie Conferencias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado al alcance del público desde 2005, para dar a conocer la opinión de los señores Ministros en numerosos temas. En esta colección se han plasmado las participaciones de los Ministros en foros diversos, donde se han tratado asuntos de la máxima actualidad en el país y el extranjero. Cuestiones que preocupan al público en general, como los derechos humanos y su protección, el sistema de gobierno, la equidad de género, la jurisdicción constitucional y otras, son examinadas doctamente por los Máximos Jueces del País, sobre todo con base en fallos producidos por la Corte, aunque sin pasar por alto el parecer de otros órganos jurisdiccionales, tanto nacionales como supranacionales. Los textos presentados en estas publicaciones reproducen fielmente las aludidas intervenciones de los Ministros de la Suprema Corte en diversas sedes que los acogieron durante el desarrollo de muy variadas conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, etcétera. Se han ordenado además cronológicamente, señalándose la fecha y el lugar en que se efectuaron, así como su objetivo. Sin duda, esta serie, que desde hace años ha motivado la atención de incontables lectores, continuará proporcionando elementos de reflexión sobre tópicos de interés general, cuya exposición por parte de juristas expertos es oportuna y necesaria para su cabal comprensión. Ministro Juan N. Silva Meza Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y del Consejo de la Judicatura Federal
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estado al alcance del público desde 2005, para dar a conocer la opinión de los señores Ministros en numerosos temas. En esta colección se han plasmado las participaciones de los Ministros en foros diversos, donde se han tratado asuntos de la máxima actualidad en el país y el extranjero. Cuestiones que preocupan al público en general, como los derechos humanos y su protección, el sistema de gobierno, la equidad de género, la jurisdicción constitucional y otras, son examinadas doctamente por los Máximos Jueces del País, sobre todo con base en fallos producidos por la Corte, aunque sin pasar por alto el parecer de otros órganos jurisdiccionales, tanto nacionales como supranacionales. Los textos presentados en estas publicaciones reproducen fielmente las aludidas intervenciones de los Ministros de la Suprema Corte en diversas sedes que los acogieron durante el desarrollo de muy variadas conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, etcétera. Se han ordenado además cronológicamente, señalándose la fecha y el lugar en que se efectuaron, así como su objetivo. Sin duda, esta serie, que desde hace años ha motivado la atención de incontables lectores, continuará proporcionando elementos de reflexión sobre tópicos de interés general, cuya exposición por parte de juristas expertos es oportuna y necesaria para su cabal comprensión. Ministro Juan N. Silva Meza Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y del Consejo de la Judicatura Federal
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La Serie Conferencias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado al alcance del público desde 2005, para dar a conocer la opinión de los señores Ministros en numerosos temas. En esta colección se han plasmado las participaciones de los Ministros en foros diversos, donde se han tratado asuntos de la máxima actualidad en el país y el extranjero. Cuestiones que preocupan al público en general, como los derechos humanos y su protección, el sistema de gobierno, la equidad de género, la jurisdicción constitucional y otras, son examinadas doctamente por los Máximos Jueces del País, sobre todo con base en fallos producidos por la Corte, aunque sin pasar por alto el parecer de otros órganos jurisdiccionales, tanto nacionales como supranacionales. Los textos presentados en estas publicaciones reproducen fielmente las aludidas intervenciones de los Ministros de la Suprema Corte en diversas sedes que los acogieron durante el desarrollo de muy variadas conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, etcétera. Se han ordenado además cronológicamente, señalándose la fecha y el lugar en que se efectuaron, así como su objetivo. Sin duda, esta serie, que desde hace años ha motivado la atención de incontables lectores, continuará proporcionando elementos de reflexión sobre tópicos de interés general, cuya exposición por parte de juristas expertos es oportuna y necesaria para su cabal comprensión. Ministro Juan N. Silva Meza Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y del Consejo de la Judicatura Federal
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La Serie Conferencias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado al alcance del público desde 2005, para dar a conocer la opinión de los señores Ministros en numerosos temas. En esta colección se han plasmado las participaciones de los Ministros en foros diversos, donde se han tratado asuntos de la máxima actualidad en el país y el extranjero. Cuestiones que preocupan al público en general, como los derechos humanos y su protección, el sistema de gobierno, la equidad de género, la jurisdicción constitucional y otras, son examinadas doctamente por los Máximos Jueces del País, sobre todo con base en fallos producidos por la Corte, aunque sin pasar por alto el parecer de otros órganos jurisdiccionales, tanto nacionales como supranacionales. Los textos presentados en estas publicaciones reproducen fielmente las aludidas intervenciones de los Ministros de la Suprema Corte en diversas sedes que los acogieron durante el desarrollo de muy variadas conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, etcétera. Se han ordenado además cronológicamente, señalándose la fecha y el lugar en que se efectuaron, así como su objetivo. Sin duda, esta serie, que desde hace años ha motivado la atención de incontables lectores, continuará proporcionando elementos de reflexión sobre tópicos de interés general, cuya exposición por parte de juristas expertos es oportuna y necesaria para su cabal comprensión. Ministro Juan N. Silva Meza Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y del Consejo de la Judicatura Federal
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Es común que los integrantes de los órganos capitales de impartición de justicia interactúen con diversos sectores sociales, a fin de comunicar su parecer sobre temas relacionados tanto con su propia función jurisdiccional, como con el impacto que ésta haya tenido en el devenir del Estado. En este sentido, las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discursan cada año en distintas oportunidades. El registro de sus intervenciones como ponentes, conferenciantes o comentaristas en eventos que incluyen, entre otros, seminarios, congresos, ferias del libro y toma de protesta de Jueces y Magistrados, prevalece gracias a las publicaciones reunidas en la Serie Conferencias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde hace años han servido al lector para actualizarse en cuanto al pensamiento de los Jueces Máximos del país. Los temas abordados por las señoras Ministras y los señores Ministros en sus intervenciones son variados, pero suelen referirse a preocupaciones cotidianas que merecen pronunciamientos por la Judicatura Federal del más alto nivel. En este sentido, aspectos como la puesta en práctica del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el papel de la Magistratura constitucional en una sociedad especialmente dinámica, el compromiso constante del operador jurídico con la justicia y, desde luego, la defensa continua de los derechos humanos de fuente nacional e internacional, se advierten comúnmente en las alocuciones reunidas aquí en un medio impreso. Estas publicaciones son convenientes al permitir que el justiciable valore las perspectivas que un conjunto de juzgadores especializados, encargados de velar por la eficacia de la Constitución Federal, tienen sobre el rumbo del Estado y sus instituciones, cuyo vigor deriva en gran medida de la actividad de aquéllos. Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y del Consejo de la Judicatura Federal
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Desde hace tiempo, las participaciones de las señoras Ministras y los señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en actos tanto oficiales como convocados por algún sector del Foro, se han publicado en forma impresa, para que el público en general pueda conocer el parecer de los Máximos Jueces de la República en cuanto a temas diversos, de actualidad y relacionados con el quehacer jurisdiccional del Más Alto Tribunal, cuya doctrina jurisprudencial es indisociable de la eficacia de la Constitución Federal y, en consecuencia, del vigor de los derechos humanos y las instituciones del Estado. Normalmente, los textos publicados reproducen lo que alguna de las señoras Ministras o algunos de los señores Ministros expresó en discursos, conferencias o alocuciones de otra naturaleza; sin embargo, sus contribuciones al desarrollo de la ciencia jurídica y de la propia vida constitucional mexicana, a través de ensayos y artículos, también deben difundirse; de ahí que en este folleto se incluyan cuatro escritos del señor Ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza. Se titulan “La provincia de Alexander Hamilton”, “La Carta Magna y la construcción del Estado moderno”, “El uso de los estándares de revisión en la justicia constitucional mexicana” y “Seriatim: Un somero análisis sobre cómo se vota en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. En el primero abundan las reflexiones sobre la aparente confrontación entre la democracia representativa y la función judicial en los albores de la vida constitucional estadounidense, mientras que en el segundo, se destaca la influencia de la Carta Magna de 1215 en el Estado contemporáneo. En el tercero se discurre sobre las herramientas argumentativas denominadas tests de razonabilidad y su papel en la jurisdicción constitucional, desde sus orígenes en los Estados Unidos hasta el momento actual del control ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha diseñado tests específicos para efectuar su labor. Finalmente, en el cuarto se analizan las distintas formas en que puede votarse un asunto en el seno de un órgano jurisdiccional colegiado, y concretamente en el Máximo Tribunal del país. Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y del Consejo de la Judicatura Federal
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La presente obra es una reseña del ambiente político de la época en que se constituye Morelos como una nueva entidad federativa en 1869; las características de su primera Constitución de 1870 y de sus posteriores reformas. Se detalla la marcada diferencia de clases, el despojo de tierras a las comunidades, la represión de los movimientos sociales, la manipulación de los procesos electorales y los privilegios de los grandes hacendados en la primera década del siglo XX, que dieron origen al lanzamiento del general Zapata, su largo periodo de lucha revolucionaria, su rompimiento con Madero, Huerta y Carranza, y su programa agrario, que sería acogido por la Constitución de 1917. A su vez, se examina la evolución de algunas instituciones jurídicas derivadas de la nueva Constitución de 1930, aún vigente, como los derechos de las comunidades indígenas; los derechos individuales y sociales; el juicio político y la declaración de procedencia; el derecho municipal, y la inserción de nuevas garantías constitucionales.
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Esta obra, pretende rescatar las aportaciones jurídicas más trascendentales de Jalisco a la República, que son, de manera principal: abolición de la esclavitud en América, proyecto político de Severo Maldonado, con P. Sánchez y Gómez Farías y la separación Estado-Iglesia; controles constitucionales, por Otero y Vallarta; Constituyentes de 1857 y 1917, presididos por jaliscienses; fundación de la Universidad de Guadalajara; hospital escuela de la Universidad de Guadalajara; la FIL y la fundación del CODE, los derechos planetarios y la Nomología, entre otros.
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Es un estudio que evoca, con un enfoque histórico-jurídico, la trayectoria constitucional de Nayarit, integrante del pacto federal desde 1917 por decisión del Constituyente de Querétaro. Desde la perspectiva constitucional estatal desarrolla la conformación del territorio y las reglas aplicables a la ciudadanía, así como el capítulo de derechos fundamentales de los nayaritas. En particular se examina la integración, funcionamiento y facultades de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y la situación del municipio libre.
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Michoacán ha tenido un perfil en los que se refiere a territorio, población y organización política. Antes de la Conquista constituyó una nación que entró en colisión con el imperio azteca; por más de dos siglos fue una provincia y después una intendencia del reino de Nueva España. Durante la guerra de independencia, por un lado, en calidad de intendencia de Valladolid, formó parte de la monarquía española, y por otro, en calidad de provincia de Michoacán, formó parte de la República de la América mexicana. Al consumarse la independencia nacional, formó parte del imperio mexicano, en ambigua calidad de provincia e intendencia, con el nombre de Valladolid; de la República federal, en calidad de estado, con el nombre de Michoacán, y de la República centralista, en calidad de departamento, con este mismo nombre. El estado de Michoacán –cuyos procesos políticos se han visto reflejados en sus Constituciones- atravesó por diferentes etapas que lo llevaron s convertirse en un importante estado por sus aportaciones en la consolidación de la libertad, la soberanía y la independencia de la nación, así como su desarrollo federal, liberal, laico, social y democrático.
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La XXVI Legislatura constituye el primer ejemplo de pluralismo parlamentario en México. Después del triunfo de Madero en las elecciones presidenciales, su gobierno resintió un sensible descenso de popularidad durante el interinato. En este contexto, las votaciones de 1912 para renovar el Congreso dieron como resultado una representación verdaderamente plural, en la cual se vieron reflejados los intereses tanto de los partidarios del viejo orden como de liberales y revolucionarios de distinta índole. Como consecuencia de tal conformación tuvieron lugar intensos y fructíferos debates, a lo largo de estas discusiones se revisaron iniciativas trascendentales. Variadas circunstancias (el golpe de Estado de Victoriano Huerta, los asesinatos de Madero y Pino Suárez) llevaron a que el Senado acordara su propia disolución. La XXVI Legislatura enfrentó uno de los momentos más dramáticos en la historia de México. Sobre sus logros y derrotas, sobre los actos valerosos o aprensivos de sus miembros, sobre los trabajos jurídicos que desarrolló mientras tuvo posibilidades de hacerlo, versa este libro. Se trata de una obra que aborda la encrucijada vivida no sólo por una generación notable de legisladores sino, a través de ella, por todo un país.
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No obstante que de 1988 a 2000 experimentó un inequívoco proceso de democratización, México se ha quedado a la zaga del desarrollo constitucional en materia de procesamiento y decisión presupuestaria. La impresionante pluralización de las instituciones representativas mexicanas en general, y del Congreso de la Unión en particular, no ha supuesto un proceso paralelo de adaptación y refinamiento del proceso presupuestario. Estamos frente a un tema de importantes implicaciones jurídicas, políticas y económicas. Quizá por ello el debate sobre su reforma ha tendido a ser fragmentario y parcial. Por la misma razón, tres profesores vinculados desde distintas perspectivas a los temas parlamentarios nos hemos reunido para discutir el proceso presupuestario mexicano con la finalidad de ofrecer un análisis tanto comparativo como histórico de nuestro país. El libro aborda el tema en la búsqueda de dispositivos constitucionales pertinentes, todo con un fin fundamentalmente propositivo.
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En la presente obra los autores comienzan haciendo referencia a las insuficiencias de la teoría política actual. En el desarrollo de la misma se abordan cuestiones que, por ser rigurosamente prácticas, desbordan el ámbito de interés solamente teórico; entre tales cuestiones se encuentran el acomodo de las distintas nacionalidades dentro de un solo Estado, la construcción de espacios transnacionales democratizados, las opciones del pluralismo cultural. Las pistas y caminos que nos ofrecen Kymlicka y Straehle son una inmejorable compañía para conocer un terreno que se vislumbra incierto, pero que también parece ineludible. El siglo XXI estará marcado (lo está ya) por la temática de las minorías, por la revisión de las formas tradicionales del Estado-nación en estos tiempos de la “era de la información”, y por la acentuación del pluralismo étnico y cultural. De ahí la importancia del presente texto.
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Tradicionalmente el Estado ha justificado su existencia gracias a la realización de sus fines, y una de las tareas más importantes es la financiación de la educación pública. Sin embargo, se observa que la tendencia mundial es reducir el financiamiento público de las universidades, por los cual éstas tienen que acudir a medios alternativos En esta obra se realiza un breve estudio sobre la financiación de las universidades públicas. La idea central se refiere a que la educación pública debe ser un área estratégica para el Estado, en el sentido de que se deben destinar mayores fondos públicos al financiamiento de las universidades, ya que la educación es un importante elemento de movilización social.
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El propósito de este libro es delinear algunos elementos que nos ayuden a entender la relación existente entre dos sistemas jurídicos vinculados de alguna manera. Para ello, se bosqueja qué es un sistema jurídico, y se analizan las relaciones entre los diferentes tipos de sistemas legales. Esta tarea se lleva a cabo en dos vertientes: a) el análisis de los elementos que componen el sistema jurídico y las relaciones entre dichos elementos, y b) la distinción de sistemas parciales (subsistemas) dentro de un sistema (global). Se parte, por tanto, del supuesto de que existe cierta vinculación entre el derecho nacional y el internacional. En una época donde las soberanías y los nacionalismos justifican cualquier irracionalidad, el análisis de la relación entre los distintos sistemas legales que conforman la comunidad mundial resulta sustancial para definir el papel que debe jugar el jurista en el mundo global.
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A casi diez años de la publicación de la Ley de Comercio Exterior de 1993, el 13 de marzo de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicha Ley, por virtud del cual se reformaron de forma sustancial diversas disposiciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional. El presente estudio analiza dichas reformas a la luz del marco jurídico nacional e internacional aplicable y ofrece un primer acercamiento a su contenido y posibles repercusiones.
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En nuestro país, desde 1983, el derecho a la protección de la salud es considerado una garantía constitucional. Es el artículo 4º. de nuestra Constitución federal el que lo contiene y garantiza. El texto que el lector tiene en sus manos, muestra claramente cómo, en los últimos años, los medicamentos esenciales para la cura y tratamiento de las enfermedades han venido elevando sus precios en forma exorbitante, de manera tal que se han convertido, más que en satisfactores de primera necesidad, en productos restringidos. Pero ¿quién ha determinado los precios máximos de los medicamentos?, ¿qué autoridades interviene en este procedimiento de control y fijación de precios?, ¿existe algún control?, ¿qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto? La presente obra tiene como principal objetivo dar respuesta a éstas y algunas otras importantes preguntas.
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La presente obra reúne la colaboración de diversos autores quienes profundizan en el marco legislativo de los sistemas tributarios de sus respectivos países, con la finalidad de implantar los tributos ambientales en América Latina. Este trabajo propone una serie de principios básicos para que la aplicación de la tributación medioambiental no sea inconstitucional, además de que se cumpla con una adecuada protección al medio ambiente. El propósito de este libro es acercar a los estudiosos y legisladores latinoamericanos los conocimientos técnicos tributarios y ambientales, para que en un futuro no lejano los instrumentos tributarios con fines ecológicos tengan una eficiente inserción en las políticas públicas de los países latinoamericanos.
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¿Cómo entender la conceptuación de un Derecho penal que no sólo sanciona el delito sino que termina por ser un instrumento para justificarlo? Tal paradoja permanecía oculta en el pensamiento de los principales penalistas de Europa y el resto del mundo occidental a fines del siglo XIX principios del XX. En esta conferencia magistral –impartida el 6 de febrero de 2014-, el Dr. Juan Carlos Ferré Olivé nos revela de qué manera se utilizó ideológicamente la ciencia del Derecho penal para respaldar una política criminal en defensa de la higiene racial y de un Estado libre de personas perjudiciales, inviables o de enemigos, legitimando la aniquilación de seres humanos “desprovistos de valor vital”, mediante la eugenesia y la eutanasia, aun antes de los campos de exterminio. Si se pretende un Derecho penal justo, que cause el menor daño a la sociedad y a los individuos, basado en el respeto de los derechos humanos, no deben olvidarse las tesis que distorsionaron esta ciencia. Es necesario insistir en la máxima: “aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo”.
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Esta conferencia, que dictó Carlos Castresana en el INACIPE, plantea los cambios y reformas que hubo que llevar a cabo para terminar con la impunidad en Guatemala, cuando la ONU lo nombró fiscal especial en ese país. El hipergarantismo –entendido como el diseño de las leyes para facilitar la impunidad de ciertos delincuentes- constituye un obstáculo para la impartición de justicia, afirma. Por ejemplo, limitar las horas del día para cumplir una orden de aprehensión. La provocación intelectual que hace este legendario fiscal, que persiguió ante los tribunales lo mismo a Augusto Pinochet que a Silvio Berlusconi, merece tomarse en cuenta en una época como la que vive nuestro país.
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¿Qué tanto pesa una amenaza general de castigo por parte del Estado en el ánimo de los delincuentes? ¿Es cierto que éstos se comportan como los maximizadores racionales que describen algunas ecuaciones de los textos de microeconomía? Mark Kleiman, catedrático de la Universidad de California, sostiene que un sistema de justicia que castigue menos, pero con efecto duradero, será preferible a otro que anuncie enormes penas pero no las cumpla, o lo haga de modo deficiente. Si la policía vigila las actividades de un solo malhechor –sostiene Kleiman- existen mayores probabilidades de que éste sea arrestado y sentenciado, que si da seguimiento a varias decenas de delincuentes de modo permanente. De esta manera, nos adelanta la esencia de su “sistema de retroalimentación positiva”: lo importante no es aplicar la ley a todos los criminales, sino identificar y advertir a los potenciales delincuentes que ya están en la mira del aparato de procuración de justicia, y pende sobre ellos el castigo pronto, oportuno y directo…
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A la hora de combatir el narcotráfico ¿dónde reside el problema principal? ¿En la producción, en la distribución o en el consumo? Jesús Zamora Pierce, antiguo presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, reflexiona sobre las estrategias para hacer frente a un fenómeno que, por momentos, se antoja fuera de control. En este nuevo título de la colección “Conferencias Magistrales”, el INACIPE pone en manos de los estudiosos de la Política Criminal la opinión de un connotado abogado postulante sobre un moderno cáncer que corroe el tejido social y que, sólo en nuestro país, genera ventas por 30 mil millones de dólares. Algunos de los audaces argumentos que el autor plantea podrían considerarse más para una agenda de salud pública que para una en el campo de la justicia; además podríamos estar de acuerdo o no con ellos, pero, sin duda, no podemos ignorarlos.
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El sistema acusatorio en la experiencia colombiana es un acercamiento a la exitosa transformación del sistema penal de Colombia. El autor, en su momento Fiscal General de ese país, hace hincapié en la introducción del juicio oral como una de las medidas que mejor han funcionado para reducir la impunidad, las violaciones a los derechos humanos, así como el terrorismo y el secuestro. Vale la pena tener en cuenta estas reflexiones ahora que, en México, estamos echando a andar nuestro propio sistema penal acusatorio.
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En esta conferencia, el doctor Ruy Pérez Tamayo sugiere el acercamiento entre la bioética, como disciplina emanada de la filosofía, y las cuestiones rigurosamente jurídicas. De esa forma, el autor plantea que la norma jurídica encontraría en su contenido evolutivo los temas contemporáneos más inquietantes. La lectura de Bioética hoy es un reto para todo aquel que busque en el derecho el instrumento social por antonomasia para la resolución de conflictos sociales, por ello, hacer de la bioética uno de los mecanismos más útiles para alcanzar el equilibrio tan deseado en nuestra sociedad es el gran objetivo de esta obra.
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Antonio Sánchez Galindo es una rara avis que ha volado sobre la devastada tierra del sistema penitenciario mexicano con su lustroso plumaje de honor, profesionalismo y con una actitud que a muchos pudiera parecerles subversiva: el respeto por la dignidad humana. A su paso por los laberintos de las cárceles, Sánchez Galindo ha dejado una huella que ni la más sórdida de las mazmorras podrá borrar: las cárceles y el Derecho penitenciario no son para someter al hombre y arrebatarle su dignidad y solo tienen un objetivo: la rehabilitación de aquel que en su errar ha cometido conductas antisociales. Un penitenciarista insólito recoge la laudatio que, con motivo del otorgamiento del Doctorado Honoris Causa del Inacipe a Antonio Sánchez Galindo, pronunció el Dr. Sergio García Ramírez así como el discurso de recepción de la distinción por parte del homenajeado. El Instituto Nacional de Ciencias Penales espera que esta obra “vuele” a manos de propios extraños, y que la enseñanza de Antonio Sánchez Galindo les inspire a volar cada vez más alto en honor de la gran tradición humanista de nuestro querido “penitenciarista insólito”
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Con motivo del reconocimiento mediante el Doctorado Honoris Causa al licenciado Ignacio R. Morales Lechuga por parte de la UANL, la presente obra recoge en sus páginas el discurso pronunciado por dicho personaje en la respectiva solemne sesión. El ahora Dr. H.C. Morales Lechuga ha ejercido la profesión de abogado en los diferentes niveles de gobierno, hasta ocupar el honroso cargo de Procurador General de la República, y se ha desempeñado como diplomático y catedrático. Para el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), esta distinción es motivo de particular orgullo por el decidido impulso que esta institución recibió por parte del entonces procurador. En el marco de su 40 aniversario, el Instituto Nacional de Ciencias Penales continúa con su ambicioso programa editorial para difundir la cultura jurídica-penal y los temas relacionados con ella. La colección “Memorias” forma parte de este esfuerzo que sin duda ya ha dado buenos frutos.
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Suele decirse que la familia está en crisis. En realidad, lo que está en crisis es el modelo patriarcal, en el cual el jefe de familia concentra el poder y tanto los hijos como la esposa madre desempeñan papeles subordinados a él. Este libro sostiene que la familia es una institución social, creada y transformada por hombres y mujeres en su accionar cotidiano, individual y colectivo. Hay algunas funciones y tareas que deben ser realizadas en toda sociedad, pero sus modos de organización son múltiples y variables. Elizabeth Jelin parte de una perspectiva democrática e igualitaria y señala los procesos y las tendencias que favorecen o impiden la democratización social, tanto en el interior de las familias como en el marco sociopolítico. Para ello deconstruye y contextualiza el lugar de los afectos en el ámbito familiar y observa la constitución de lo público y lo privado, la lucha por la equidad de género, las diversas formas de familias –productos del divorcio, de nuevos matrimonios, de la elección personal-, la mutua repercusión entre familia y terrorismo de Estado, la relación entre pobreza y conformación del grupo doméstico, los derechos reproductivos, la violencia familiar y las consecuencias del envejecimiento que caracteriza a nuestra época. En lugar de hablar de crisis de la familia, este libro se refiere a una creciente multiplicidad de formas de familia y convivencia, una extensión del “derecho a tener derechos” –incluso al placer-. Así, la idea de crisis se transforma en germen de innovación y creatividad social.
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Entre agosto y septiembre de 1942 Gregorio Cárdenas Hernández se convirtió en el famoso “Estrangulador de Tacuba” al asesinar en su casa a varias mujeres. Cárdenas es considerado el primer asesino serial mexicano y su vida ha sido objeto de estudio por parte de especialistas en psiquiatría, derecho y rehabilitación social. Después de la macabra aparición de Gregorio Cárdenas en los anales de la criminología mexicana, el estudio de los asesinos en serie cobró gran relevancia. En La muerte lujuriosa. Retrato de una asesina serial, Antonio Sánchez Galindo aborda un reciente caso de asesinatos en serie que conmovió a la ciudad de México: las víctimas, mujeres de la tercera edad, eran estranguladas y sus cuerpos sometidos a terribles vejaciones. El miedo cundió por la ciudad y la noticia se esparció por todo el mundo. Fue entonces cuando la voz popular bautizó al criminal como El Mataviejitas. El autor narra de forma novelada los asesinatos seriales de ancianas cometidos por Joaquina Terrazas Gómez, así como estremecedores capítulos de la vida de quien en el texto es llamada La Quebranta-Ancianas. La muerte lujuriosa es un libro que despertará el interés de quienes deseen sumergirse en las densas aguas de los actos y pensamientos de una asesina serial cuyo caso ha marcado la conciencia colectiva de nuestro país.
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Adolfo González Posada y Biesca –Adolfo Posasa- (Oviedo, 1860; Madrid, 1944). Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo en 1877. Donde ejerció la abogacía en el bufete de su pariente, Manuel Pedregal. En Madrid realiza el doctorado entre 1879 y 1880; discípulo de Francisco Giner de los Ríos, entra en contacto con el Krausismo, se le puede considerar encuadrado en el llamado Krausopositivismo. Introdujo y desarrolló el estudio del derecho municipal. En 1833 obtuvo por oposición la cátedra de Elementos de Derecho político y administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo; en 1910 se crea en la Universidad Central (Madrid) la Cátedra de Derecho Municipal Comparado de la que es nombrado titular y, desde 1918, acumula la cátedra de Derecho Político hasta su jubilación en 1931. Junto al catedrático Adolfo Álvarez Buylla, Rafael Altamira y Aniceto Sela fundó el Seminario para estudios prácticos de Política y Sociología. Fue Senador por Oviedo entre 1921 y 1922. Los capítulos de este libro en manera alguna contienen la revisión indicada de un modo sistemático. Los trabajos que forman este volumen comprenden, sobre todo, las notas y reflexiones y comentarios que me han sugerido la lectura y el estudio de obras recientes sobre el Estado y sobre los problemas del Estado, y en los cuales se sorprenden indicaciones valiosas de la intensidad y del alcance de la honda crisis de la política –ciencia y arte, pensamiento y acción-, a la vez que de la necesidad y posibilidades de un nuevo Derecho político. (Adolfo Posada)
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La inteligencia artificial aplicada al derecho es una novedosa área del conocimiento que conjuga el esfuerzo de juristas, lógicos, filósofos y teóricos del derecho, filósofos de la mente, lingüistas computacionales, ingenieros en sistemas, psicólogos cognitivos, entre otros, con la finalidad de generar sistemas computacionales que realicen funciones que de ser realizadas por un operador jurídico humano implicarían conductas inteligentes. Dentro del contexto general de la investigación contemporánea acerca del cerebro y sus procesos cognitivos, la inteligencia artificial aplicada al derecho puede considerarse como una disciplina más entre las que aportan los resultados de sus investigaciones a las llamadas “ciencias cognitivas”. Este libro es el resultado de la mesa sobre Inteligencia Artificial Aplicada al Derecho organizada dentro del Congreso de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados y en el que participaron personalidades internacionales del más alto nivel, abordando temas como la elaboración de ontologías jurídicas, sistemas expertos, esquemas argumentativos en inteligencia artificial y derecho y modelado computacional de razonamiento basado en casos. Asimismo, es el primer trabajo de nivel internacional publicado en el país como fruto de la introducción de esta nueva área del conocimiento.
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Durante los últimos años se ha profundizado el estudio de las instituciones parlamentarias en el continente americano, cuyas naciones, mayormente, han adoptado y, no en pocas ocasiones, distorsionado el régimen presidencial. Ante los múltiples desafíos que la gobernabilidad representa en la actualidad, son indispensables nuevos diseños normativos y organizacionales, además del perfeccionamiento de fórmulas política que permitan resolver los problemas de la sociedad contemporánea. En el caso de México, a raíz de la alternancia partidista en la sede del Poder Ejecutivo Federal y del avance progresivo y vigoroso del pluralismo político, se han puesto de manifiesto las insuficiencias del sistema presidencialista y la apremiante necesidad de transformarlo democráticamente. La presente obra reúne reflexiones que están inmersas en dicha perspectiva: deliberación política, coaliciones parlamentarias, candidaturas independientes, comisión permanente del Congreso y gobierno de gabinete, las cuales ponen a revisión aspectos cruciales del sistema político mexicano y plantean revalorar e incorporar instituciones y prácticas propias del modelo parlamentario de gobierno. Los artículos que integan el libro son una aportación al debate público que se suscita hoy en México sobre el tipo de Estado a configurar en los albores del siglo XXI.
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Reyes, monjes, feudos, señores, vasallos, cruzadas, caballeros, mercaderes, catedrales, castillos, violencia, piedad, fiestas, hombres, mujeres… son predicados o sustantivos de un mundo generalmente caracterizado como oscurantista: la Edad Media. Podemos afirmar que todos conforman los ladrillos de la ontología medieval; conforman un sinnúmero de enunciados que dan lugar a una época de la humanidad que va del siglo V al siglo XV. El interés de esta obra es el estudio de este largo periodo desde la filosofía política, a partir de la aplicación dialéctica del paradigma lingüístico fenomenológico-hermenéutico que recupera la pragmática y la cotidianidad y el paradigma científico analítico que, partiendo de una concepción científica de la política, describe, analiza y explica el fenómeno político del Medievo. Ana Lilia Ulloa, aplicando la dialéctica hegeliana, en su aspecto metodológico, entrelaza el discurso científico del medievo: feudalismo, poder divino, monarquía, etc., con el lenguaje etnográfico de la cotidianidad de hombres y mujeres que vivían, comían, soñaban, reían, lloraban, entre muchas otras cosas.
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La obra el príncipe de Nicolás Maquiavelo, a cinco siglos de su publicación, presenta una interesante oportunidad para reflexionar sobre la política y el derecho. En el marco de la conmemoración de la primera edición de la misma, se hace útil su lectura dando enfoque a sus juicios y conceptos a la luz de nuestro Estado de Derecho y los usos políticos contemporáneos de su legado. Con el objetivo de alcanzar el poder y mantenerlo, el individuo -como Ciudadano u organizado en un grupo social- se encuentra con oposiciones ineludibles. En el campo de la acción política partidaria o en la acción o la promoción social están, presentes las antinomias que fueran descritas y analizadas hace quinientos años por el ilustre florentino. Y que hoy nos ubican ante opciones que siempre conllevan aspectos éticos como parte del problema.
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Este libro tiene como propósito atender un problema central que prevalece en nuestro país desde hace aproximadamente 60 años: la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, su consecuente dependencia del exterior y su impacto sobre el nivel de vida de la población mexicana, en particular de los grupos más vulnerables La obra está escrita para ser leída y comprendida por especialistas y legos en la materia. Deja claro que el origen del problema tratado se remonta al modelo de sustitución de importaciones implementado en México en la segunda posguerra, lo cual rompe con la errónea idea de que el problema Inicia con la puesta en práctica del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), aunque este proceso de integración vino a agudizar el problema, dadas las políticas de subsidio a la producción agrícola en Estados Unidos. El trabajo se centra en la región sur-sureste de México y constituye un diagnóstico preciso y puntual de la situación que prevalece en el agro de los ocho estados que conforman la región (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán).
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Actualmente la exclusión es un proceso que trasciende la carencia de ingresos, planteando un serio problema a la vigencia y el mantenimiento del pacto social que, teórica e históricamente, ha sustentado a los Estados nacionales. La obra elementos para comprender la exclusión social en México y latinoamérica reúne una serie de reflexiones teóricas y propuestas analíticas de un grupo de investigadores sobre el problema de la exclusión, tanto en América Latina, como en México. Lo anterior es expuesto y analizado de forma multidisciplinaria, con el fin de entender la exclusión y los desafíos que esta supone para el Estado y la sociedad. Así, el presente trabajo busca establecer una serie de alternativas que permitan pasar de un preocupante escenario de exclusión, que significa un riesgo potencial para la democracia en la región, a un escenario de inclusión que posibilite, no solo superar problemas históricos como la pobreza y la marginación, sino también afianzar las instituciones democráticas, fortalecer el tejido, la cohesión social y la construcción de una ciudadanía activa.
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Por mucho tiempo se pensó que frente a lo mucho que hace lo global, lo local puede poco. Sin embargo la realidad no siempre actúa así. De múltiples maneras lo local ha servido de energía social para impulsar un motor político que, con el fin de renovar sus antiguos procedimientos, está reforzando los sistemas de controles centrales. Esta lógica busca compensar los resultados de los viejos e ineficientes mecanismos de operación partidaria. Por cuestionable que parezca, a final de cuentas, el fenómeno está encontrado en la descentralización de las funciones administrativas, la posibilidad de reconstruir la centralidad de las decisiones políticas. Con el propósito de profundizar acerca de la globalidad, el federalismo y la vida local, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y las Academias de Ciencia Política y de Estudios Internacionales del Colegio de Veracruz convocaron a historiadores, antropólogos, economistas, sociólogos, especialistas en derecho y asuntos financieros, internacionalistas y politólogos. Desde múltiples enfoques se discutieron sus contradicciones y, sin pretender ser concluyentes, en este texto se pone a disposición de los juicios críticos sus resultados.
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Hay quienes esperan de la democracia sólo libertades individuales, o quienes ponen énfasis en su función como garante de la soberanía popular y la seguridad del Estado; unos más la conciben como la pura igualdad de condiciones de ejercicio y participación política. A través de la historia, el concepto mismo ha evolucionado de un proceso que pasa de la participación directa de cada individuo en el ejercicio del poder, a la delegación de su voluntad soberana en terceros que configuran el dominio institucional. En el contexto global de nuestros días, Independencia y soberanía son la esencia de la seguridad nacional. Los estados contemporáneos deben mantener la capacidad de preservar el modo de vida y la autodeterminación de la comunidad nacional, impidiendo el sometimiento material y espiritual de su pueblo, asegurando la independencia política y económica. Todo esto, a su vez, debe estar sustentado sobre las propias bases internas del ejercicio del poder. Estos elementos claves son abordados y analizados aquí con un enfoque dinámico, acorde con las complejas condiciones que representa la convivencia de las naciones y el equilibrio internacional en el desafiante siglo XXI.
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Internet en los últimos años se ha extendido vertiginosamente entre los campos de la economía, la educación, el servicio público y las relaciones personales convirtiéndose en un recurso imprescindible en la vida cotidiana. Sin embargo, la red no ha quedado ajena a la competencia de los monopolios de las telecomunicaciones, al desconocimiento técnico de las burocracias y de los legisladores, ni tampoco ha permanecido alejada de las prácticas antisociales. Estado y regulación de la red en México es un estudio inteligente y crítico acerca de las dificultades para crear normas jurídicas, procedimientos técnicos e instituciones dedicadas a establecer intercambios de información sin riesgos. Esta investigación hace el recuento histórico de la comunicación digital y lo confronta con los principales retos que enfrenta la operación de una red segura. A la vez, su lectura es una tarea obligada para discutir los derechos de los usuarios frente a la capacidad reguladora del estado.
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Esta obra, es el resultado de un esfuerzo por compartir el pensamiento jurídico de profesionales del derecho, con criterios modernos, alejados de dogmas de antaño, con propuestas para entender mejor los puntos finos del derecho de familia, para lo cual ofrece un análisis sobre los menores y la familia desde distintos enfoques. El aporte de los que aquí colaboran, permite a los lectores reflexionar y ampliar su criterio sobre los menores y la familia. Siendo un tema importante para la sociedad y su integración, se deben atender todas las propuestas que ayuden a garantizar la buena convivencia de una sociedad. El trabajo destinado al tema de los menores y la familia puede beneficiar al buen funcionamiento de una sociedad. Una sociedad ordenada puede lograr mejorar la calidad de vida de sus integrantes. El texto se divide en dos partes: la primera denominada los menores en el paradigma constitucional; y la segunda, estado y familia. Ambas desarrollan un contexto enfocado en la familia y por supuesto en los miembros más vulnerables. Tratándose temas tan importantes como la adopción homoparental, la Ley General para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, el concepto de desarrollo humano en el sistema alimentario etc.
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Esta obra incluye la convocatoria al Congreso Constituyente, el discurso de exposición de motivos de la Reforma constitucional, leída por Don Venustiano Carranza y el texto original de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Y tiene por objeto revalorar el texto de la Constitución que transformó el país y, mostrar a los jóvenes, a las futuras generaciones, la genial obra de las mujeres y hombres que no solo supieron empuñar las armas, sino que tuvieron el valor y la inteligencia de construir, con la Constitución, un formidable país, que a pesar de la terrible corrupción que ha vivido, se mantiene firme, mirando hacia el futuro. A cien años de haberse promulgado la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, el mejor homenaje será cumplirla.
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En este texto se abordan temas en relación a diversas problemáticas relacionadas con los trabajadores como lo son, la escasa creación de empleo formal, cuando no de destrucción del mismo. La llegada de los jóvenes al mundo del trabajo donde se presenten condiciones de vulnerabilidad temporal o permanente más que como inicio de una carrera laboral. Visto Así, el empleo se puede percibir como un mal necesario y no como una experiencia de autoafirmación y construcción de la identidad personal Asimismo se aborda el trabajo precarizado que permea todos los ámbitos, basta con observar la situación de los trabajadores agrícolas, sobre todo de los migrantes, que enfrentan situaciones difíciles en el tránsito migratorio y en sus condiciones de vida y si son indígenas la situación se acrecienta generando una exclusión social que los convierta en un grupo social vulnerable. Los trabajadores domésticos son otro sector donde la prestación del trabajo no se realiza en las condiciones idóneas de acuerdo a la organización Internacional del Trabajo, sigue siendo infravalorado e invisible y lo realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y trabajo. De igual forma, en este mundo globalizado, las problemáticas laborales las encontramos en relación con el uso de la tecnología. Las redes sociales llegaron para quedarse y poco a poco van modificando el mundo laboral; la forma de trabajar de muchos empleados y la manera de comunicarse con los consumidores. El futuro del trabajo no se presenta fácil, se debe mejorar la calidad del empleo y junto a ello promover el diálogo social tripartito como elementos claves para la inclusión, así como la reducción de la desigualdad y la gobernabilidad democrática; el papel de las empresas sostenibles y el respeto pleno a los principios y derechos fundamentales en el trabajo serán indispensables para alcanzar el objeto del trabajo decente.
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La presente obra se integra con tres apartados relativos a los derechos humanos y su protección en el ámbito local; los poderes locales y el municipio; y, los órganos constitucionales autónomos del Estado de Veracruz. En el primer apartado se abordan algunas implicaciones en el orden local de las reformas constitucionales de julio de 2011 en materia de juicio de amparo y Derechos Humanos, así como la de la resolución de la Suprema Corte De Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010 relativo al caso Rosendo radilla Pacheco, esto es, la nueva configuración, exigibilidad y justiciabilidad de algunos derechos humanos. En el segundo apartado denominado, los poderes locales y el municipio, se plantean los aspectos de integración, funciones, problemáticas y retos de los poderes tradiciones de la entidad veracruzana, así como de la figura municipal. En el tercer apartado denominado Los Organismos Constitucionales Autónomos del Estado se da cuenta de la constitución, atribuciones y problemáticas de algunos de los denominados organismos constitucionales autónomos de la entidad tales como el Instituto Electoral Veracruzano; el Instituto veracruzano de Acceso a la Información, y el Órgano de Fiscalización Superior, para con ello concluir con la presentación de la configuración del poder público en el ámbito local.
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Esta obra se enfoca principalmente al estudio del diseño, desarrollo e implementación de planes y programas políticas públicas efectuados por las autoridades. La intención es saber dónde se ha originado las fallas y redefinirlas antes de establecer el presupuesto que se destinará sin una garantía sobre el resultado deseado. El reconocimiento de un aparato institucional para llevar a cabo las tareas de desarrollo social en todo su contexto, es la pauta para empezar a analizar desde ahí, las tareas que se llevan a cabo para lograr el bienestar social. Este trabajo guarda la intención de proponer mejores procesos de creación de políticas públicas, ya que un buen inicio puede asegurar, en mayor posibilidad, un buen resultado, todo ello en respuesta a las demandas sociales y el respeto a los derechos humanos.
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El hilo conductor de los tres capítulos que conforman este texto es la construcción de una educación democrática desde un nuevo paradigma filosófico, es decir, desde una nueva forma de hacer filosofía. Además, estos tres capítulos contienen importantes tópicos de derecho desde la nueva concepción de la ciencia jurídica, que entre otras cosas intenta superar el tradicional y ya anacrónico positivismo jurídico. El primer capítulo tiene como objetivo principal entender y explicar la importancia de una educación para la democracia basada en el progreso de los sentimientos y la aplicación del juicio reflexivo. El derecho y la filosofía de la ciencia, es la temática del segundo capítulo. Aquí nuevamente se presenta una concepción de la filosofía que parte de superar concepciones tradicionalistas- esencialistas. El tercer capítulo titulado multiculturalismo pluralista y la propuesta educativa de Dewey, contiene también reflexiones filosóficas sobre el campo de la educación. Resulta importante destacar que en los tres capítulos se le da preferencia al campo de la ética y la filosofía política, por ello se espera que el texto no solo sea de gran utilidad para los estudiantes de derecho y filosofía sino también para los estudiosos de la ciencia política y la educación.
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Esta obra brinda lector una herramienta accesible sobre reflexiones de avanzada con un claro compromiso con el fortalecimiento de la Democracia, especialmente en los rubros de teoría y praxis democrática, participación ciudadana y cultura cívica, equidad de género en las elecciones, candidaturas independientes, gestión electoral y la visión del sector privado. Los ensayos abordan los propios fundamentos de un Estado Democrático efectivo, incluyendo la amplia participación ciudadana y el acceso al proceso político, la equidad de género, partidos honestos e inclusivos, y dándole soporte a todo, agentes del Estado profesionales, altamente capacitados y bien remunerados que han interiorizado los valores del servicio público y los expresan en cada uno de sus actos.
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La presente obra aborda en términos estadísticos la participación de las mujeres en las elecciones de los ayuntamientos del Estado de Veracruz, con la finalidad de evidenciar el impacto material de la regulación de las cuotas de género. Ello en razón de que el reconocimiento de igualdad jurídica formal entre mujeres y hombres a nivel mundial acontece hasta 1975, y México juega un papel importante en este proceso, ya que es precisamente sede de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas. Dicha conferencia representó, dentro del contexto del resurgimiento feminista de los años 70, una llamada de atención internacional sobre la situación generalizada de subordinación y discriminación de las mujeres. La mayoría de los países qué suscribió la declaración de esa conferencia promulgó leyes, o hizo reformas a sus constituciones, para garantizar la igualdad de derechos y obligaciones entre mujeres y hombres. Es así que Durante los años 80s, aquellos países revisaron la eficacia de las leyes de igualdad entre los sexos promulgada 10 años atrás, y tuvieron que reconocer que una sociedad desigual tiende a replicar la desigualdad en todas sus instituciones, por más que la igualdad esté consagrada constitucional y legalmente. Entonces, el constatar el poco alcance de las políticas para disminuir la discriminación de la mujer, la mayoría de las naciones admitió que dicha situación era más compleja de lo pensado, y que las medidas adoptadas para lograr la igualdad social y laboral no significaban nada en sí mismas, si al mismo tiempo no se reformaba la vida familiar y se establecían condiciones de ventaja para las mujeres. Así se concluyó que no basta con declarar la igualdad de trato de carácter formal cuando en la realidad no existe la igualdad sustancial o material.
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El trabajo se enmarca en un ambiente autobiográfico, el deseo es mostrar al lector la diversidad de los temas en las distintas disciplinas jurídicas que inciden o repercuten en la formación del autor. En la última década, se propone obtener el doctorado en derecho, con este motivo se inscribe y cursa el doctorado bajo el programa, políticas jurídicas para el siglo XXI, impartido por la Universidad de Almería, España de igual manera, se inscribe y cursa el doctorado en derecho que el mismo denomina, nuestro doctorado y da razón de los mismos en su introducción. Esta es la fuente de donde brotan los 20 ensayos, de los cuales se respeta el texto en que fueron presentados y se engloban bajo la denominación ensayos de una aprendiente, la intención, mostrar el camino de su peregrinar en el tiempo. Las reformas constitucionales iniciadas en nuestro país en 2008 y las más recientes realizadas en 2015, prolongan la vigencia de varios de los ensayos del presente trabajo. El estado del arte, el giro copernicano de nuestro sistema jurídico, viene a poner las cosas en su justa dimensión, el Estado y el Derecho están al Servicio del hombre, el hombre es una individualidad dotada de libertad persona, los derechos fundamentales de la persona, derivan de su dignidad y son reconocidos por el Estado y el Derecho: el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado.
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Las recientes reformas constitucionales en nuestro país, nos obligan a construir una nueva concepción de la persona, el concepto formal de la persona, no resulta suficiente para enfrentar los retos del nuevo régimen. En cuanto al análisis, interpretación y aplicación de las leyes debemos aceptar: lo primero es proteger y tutelar los derechos fundamentales de la persona. En el aspecto académico propone formar a los alumnos con nuevos planes y programas de estudio, en cuanto a la investigación, diseñar nuevas líneas de investigación que permitan el estudio material o metafísico de los órdenes de los seres. Quienes aplican la ley, tendrán que cambiar sus criterios, la eficacia de la ley se mide a partir de hoy en adelante por el respeto de los derechos de las personas sino por la ciega aplicación de la regla, dicho en otro giro, antes de llenar las lagunas de la ley, debemos llenar nuestras propias lagunas o carencias. Solo a partir del concepto material de persona, que a lo largo de este estudio reiteradamente proponemos, se podrá soportar el concepto formal de persona, con esta cimentación podremos edificar nuestra nueva casa, en lo que debe privar la tolerancia y respeto por la individualidad la individualidad irrepetible de la persona, que de manera primordial debe ser atendida por nuestro sistema político, social y económico
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En México, la aplicación de la legislación relacionada con el manejo de organismos genéticamente modificados, ha llevado a cuestionar de manera paulatina las autorizaciones y permisos otorgados por las autoridades competentes a empresas transnacionales para el cultivo de miles de hectáreas en territorio nacional y comercialización de productos transgénicos como el maíz y la soya, lo que ha generado impactos ambientales considerados graves, además de una merma en la población que habitan dichos territorios. Si a ello le sumamos la deficiente protección del medio ambiente en general, tanto en sede administrativa como penal, podremos comprender con mayor facilidad que temas relacionados con los organismos genéticamente modificados, la prevención del riesgo y la salud, la reparación del daño y la responsabilidad ambiental derivados de su utilización y manejo, entre otros aspectos, necesitan revisarse urgentemente. En ese tenor se inscribe la preocupación de la doctora Daniels Rodríguez con está importante contribución editorial, al plantear con claridad y agudeza crítica la necesidad de revisar el marco constitucional y legal mexicano a efecto de garantizar desde el propio ordenamiento un adecuado equilibrio entre los avances derivados de la manipulación de organismos genéticamente modificados, y la protección efectiva de los Derechos Humanos a la alimentación, a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado y a la libre determinación, tratándose de minorías étnicas y pueblos indígenas, tan solo por citar algunos ejemplos. La estructura del libro y los temas abordados aportan elementos innovadores y de utilidad para lograr tales propósitos, razón por la cual se torna obligada su lectura no solamente a profesionales del Derecho sino a todas aquellas personas que ejercen actividades relacionadas con las ciencias ambientales, tanto en el sector público como privado, incluso la ciudadanía para que conozca y defienda adecuadamente sus derechos frente a estas nuevas realidades derivadas del uso y aplicación de la biotecnología.
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Los jóvenes son vulnerables por su falta de experiencia y madurez frente a ciertos vicios o actividades ilícitas, todos fuimos jóvenes alguna vez, y eso nos da noción de la experiencia que vivirán las nuevas generaciones. Lo preocupante es que los tiempos no son los mismos. Por ello esta obra Inicia con un acercamiento sobre la evolución de la juventud y sus características, entrar a la edad de la juventud implica experimentar de manera autónoma su inserción a la sociedad. El desarrollo de su carácter es parte de la personalidad que van generando. No obstante, la juventud implica una etapa de rebeldía frente a situaciones incluso familiares. La intención de esta obra no es subrayar sus aspectos negativos para ponerlos en tela de juicio, sino entender su estado emocional y garantizarles un buen futuro. La comprensión de la edad adolescente permite tomar decisiones que puedan encontrar un equilibrio en su persona. Un joven respaldado tiene más posibilidades de elevar su autoestima y formarse sin problemas en la edad adulta. Los adultos, por su parte, han restado tiempo de convivencia con sus hijos, y eso expone a los jóvenes a tomar malas decisiones. La mercadotecnia los mantiene envueltos con innumerables opciones de entretenimiento, los medios de comunicación han aportado también lo suyo y han contribuido a la desintegración familiar. Entendiendo la juventud como etapa en la que se definen conductas positivas o negativas, el Estado debe considerar las circunstancias y atenderlas mediante programas de integración social y familiar. La vulnerabilidad de los jóvenes en esta etapa de desequilibrio emocional y psicológico, los pone en la mira de los delincuentes para utilizarlos en la consumación de actividades ilícitas. La falta de programas que ayuden a los jóvenes a no optar por malas decisiones, debe ser atendida mediante estrategias precisas y evitar así que aumente la delincuencia en nuestro país. La profesionalización de los jóvenes que llegan al nivel superior es indispensable para mejorar las funciones del gobierno ya que la capacidad profesional puede proponer soluciones prontas y efectivas. El joven es visto como el elemento social de mayor impacto y productividad.
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Este texto aborda el tema de las candidaturas independientes considerándolas como un elemento de relevancia para el avance y calidad de la Democracia mexicana. Analizando situaciones como la de el examen de la legislación que los incorpora que parece que obstaculiza su funcionamiento al establecer un régimen de registro demasiado burocratizado con tiempos y requisitos no sencillos de salvar. Su primera aplicación en el Proceso Electoral Federal y Estatal 2014-2015 no proporciona resultados alentadores: muchos aspirantes, muy pocos candidatos; solo un triunfo a la diputación federal y uno a la gubernatura. La votación exigida para el registro comparada con la votación recibida por los actores debe ser objeto de estudio y reflexión El texto se integra de tres partes: la primera parte aborda el tema de las candidaturas independientes para diputados de mayoría relativa; la segunda sintetiza la de los candidatos independientes a la gubernatura de los estados que ahí se indican. Ambas partes, además, muestran los resultados de las elecciones 2014 - 2015, en esa modalidad. La tercera parte se centra en el estado de Veracruz de Ignacio de la llave, describiendo las etapas de elaboración de la nueva legislación electoral, haciendo énfasis en las candidaturas independientes en el proceso electoral 2015 - 2016 para diputados locales y gobernador.
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La Agenda de Derechos Humanos su exigibilidad en México pretende contribuir con el mejoramiento del goce de los Derechos Humanos en México. La colaboración de quienes participan fortalece la responsabilidad social del investigador al plantear los cimientos teórico legales que permiten exigir la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano; estos estudios servirán de referencia para las autoridades y órganos responsables, sobre todo a la hora de mejorar los instrumentos y mecanismos de exigibilidad en México. En nuestro país como en muchas partes del mundo, se han visto reflejados los beneficios y la importancia de los derechos del hombre en la vida tanto personal como colectiva. En México, Como en toda latinoamericana, se pueden apreciar muchas necesidades que solventar, pero más aún, el cuestionamiento central es acerca de cuál es la forma más segura para impedir la violación de los derechos y garantizar su goce. La sociedad misma es el primer observador y única figura afectada, por lo que resulta recomendable que seamos nosotros mismos los encargados de vigilar que estos derechos se garanticen; en caso contrario, contamos con el derecho de exigir y denunciar las carencias que aún persisten en México. Es de precisar que esta obra es una recopilación de múltiples observaciones en beneficio de los derechos del hombre y su desarrollo social. Cada autor colabora en un llamado de atención a las autoridades para que remedien las carencias sociales en sus diversos elementos de organización. Esto permitirá a las autoridades no caer en la omisión y actuar sin necesidad de una recomendación por parte de la CNDH. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha sido una vértebra en nuestro país para que la sociedad pueda exigir el respeto a sus derechos humanos, existen aún necesidades en cuanto a las oportunidades para que una persona común puede exigir justicia, lo que indica que la comisión en comento, debe seguir generando herramientas y procedimientos de exigibilidad cada vez más eficientes y prácticos en beneficios de la sociedad por lo que esta obra pretende exponer algunos casos en los que hace falta poner más atención y mejorar; dicho de otra manera, se ofrecen críticas argumentadas y con una propuesta de solución viable para los derechos humanos en nuestro país. La lucha por mejorar y garantizar cada vez más estos derechos, radica en el fortalecimiento de los mecanismos de defensa en México y sus instituciones en materia de Derechos Humanos, y con miras a proteger y dar una verdadera libertad de decisión a las personas.
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La reflexión sobre el desarrollo como derecho humano fundamental es un tema tan novedoso como necesario, sobre todo en el contexto nacional mexicano de hoy. Este texto define, describe, analiza y reflexiona sobre el derecho al desarrollo que exige, en el contexto internacional, un tratamiento especial como derecho humano. Es un dicho común en los abogados el mencionar, “Lo que no está en el expediente no existe”. Frase que se repite cotidianamente entre los actores del sistema jurídico nacional, muchas veces con una carga de ironía, presunción hacia la contraparte o inclusive resignación por parte del emisor. Una frase que no es más que un efecto de años de formación implícita o explícitamente permeada por un recalcitrante y mal extendido positivismo según el cual, solo es Derecho lo que está en las normas y no existen derechos como tales, inclusive no existen derechos humanos, si no existe un documento legal que los respalde. “Lo que no está en el expediente no existe” es una frase que refleja también una actitud o más exactamente una falta de actitud para ver más allá de la norma, para entender el derecho más allá de la ley, en su configuración integral como hecho, valor y norma; en ese sentido, es una frase que refleja también un profundo y triste desconocimiento de la verdad esencial tridimensional del derecho. No obstante, es también una frase característica de nuestro Sistema. Por lo que esta obra retrata la importancia de positivar, es decir de incorporar explícitamente al ordenamiento jurídico mexicano, una norma fundamental que explícitamente reconozca el Derecho Humano al Desarrollo, porque tal parece que, como ocurre en la práctica jurisdiccional, si este derecho no se encuentra en la ley, no existe.
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Esta es una obra editorial que tiene como uno de sus propósitos dar a conocer la relevancia de las sentencias y su importancia en la creación jurisprudencial, ya que estás, como precedentes, han permitido la transformación del país, generando estabilidad, respeto, garantía y fortaleza a los derechos humanos en materia político-electoral, así como a las instituciones electorales y, por supuesto, a la democracia en México. Este libro se acompaña de opiniones de grandes juristas conocedores de la materia electoral, quienes reflexionan respecto de su idoneidad; cuáles son las ventajas y sus desafíos, desde una visión de beneficios social, y, posiblemente, si se pueden establecer nuevos órdenes de derecho, y proponer impulsar nuevas reformas, de ahí la gran responsabilidad de los órganos jurisdiccionales, pues sus decisiones reflejan un criterio obligatorio que puede transformar el derecho que, como toda creación del Estado, es fundamental para continuar con la consolidación de la Democracia nacional.
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La presente obra es un esfuerzo colectivo por otorgar al justiciable una herramienta que le permita comprender la complejidad del sistema de medios de impugnación en materia electoral, brindándole información detallada acerca de su devenir histórico, las reglas, los principios, los criterios y las particularidades procesales. En esa virtud, más allá de una revisión o actualización, se ofrecen estudios que ayudarán a los profesionales del derecho y al público interesado a adquirir tanto los conocimientos legales, constitucionales y convencionales como los elementos doctrinales, jurisprudenciales y de precedentes judiciales necesarios para acudir a la justicia federal electoral. Así, esta obra de derecho procesal será fundamental para la puesta en práctica del sistema de medios de impugnación en materia electoral y, con ello, la garantía de los derechos políticos y la justicia constitucional en el ámbito comicial.
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Los cinco textos seleccionados en esta compilación de la colección comentarios a las sentencias del tribunal electoral. Vertiente salas regionales resultan relevantes por ser casos emblemáticos de los límites establecidos a la representación política; de la protección de los Derechos político-electorales del ciudadano; del pleno derecho a la participación política de las mujeres indígenas; de la suplencia de la queja en los medios de impugnación en materia electoral como un medio para conocer el alcance real de los derechos políticos, y de los límites a la libertad de expresión durante el período electoral.